Confieso que no esperaba encontrarme pensando en derecho internacional mientras leía Magnifica Humanitas, la primera encíclica del Papa León XIV. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió.

La reflexión que me quedó dando vueltas fue la siguiente: frente a una tecnología como la inteligencia artificial, que está transformando la economía, la política y nuestro quehacer cotidiano, ¿cuál debe ser el papel del derecho internacional? ¿Debe limitarse a promover un uso más transparente y seguro, o también preguntarse hacia dónde queremos que nos lleve?

Partí revisando algunos instrumentos que ya existen. La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución sobre inteligencia artificial; el Consejo de Europa abrió a la firma un convenio marco; y la Unión Europea adoptó el AI Act. La conclusión a la que llegué fue, lamentablemente, poco sorprendente: el camino recorrido hasta ahora reproduce una tendencia conocida del derecho internacional. Cuando los Estados no logran ponerse de acuerdo sobre las cuestiones de fondo, terminan refugiándose en discusiones procedimentales.

Es cierto que la transparencia, la evaluación de riesgos y la rendición de cuentas son herramientas indispensables. Pero también revelan la dificultad de abordar las preguntas verdaderamente importantes. La inteligencia artificial está redefiniendo las relaciones de poder entre Estados, empresas e individuos. No basta con preguntarse si un sistema es seguro o explicable, sino quién controlará las capacidades que genera, con qué propósito y en beneficio de quién.

La guerra ofrece un buen ejemplo. Gran parte del debate sobre armas autónomas se concentra en determinar si su empleo respeta el derecho internacional humanitario, si existe un control humano suficiente o si es posible atribuir responsabilidades. Son preguntas necesarias, pero no suficientes. La inteligencia artificial también obliga a enfrentar, desde el derecho, cuestiones éticas: si reduce los costos políticos o humanos del uso de la fuerza, ¿no termina haciendo la guerra más fácil de elegir?

Es aquí donde la referencia de Magnifica Humanitas al bien común resulta especialmente sugerente. Más allá de su origen en la Doctrina Social de la Iglesia, se trata también de una idea familiar para el derecho internacional. Aplicada a la inteligencia artificial, obliga a preguntarse cómo se distribuyen sus beneficios, quién accede a sus capacidades y si su desarrollo fortalece o debilita los valores sobre los que se sustenta nuestra sociedad.

El derecho internacional siempre ha debido adaptarse a los grandes cambios tecnológicos. La inteligencia artificial no será la excepción. Pero esta vez el desafío no consiste únicamente en diseñar mejores procedimientos para su uso. Consiste, sobre todo, en volver a discutir los fines. Porque ninguna auditoría, por sofisticada que sea, puede responder la pregunta que realmente importa: hacia dónde queremos que nos lleve esta tecnología.

Por Benjamín Salas, abogado, colaborador asociado de Horizontal