El incremento de la delincuencia juvenil, incluyendo a menores inimputables bajo 14 años, genera una reacción comprensible. Pero la justa indignación no puede llevarnos a legislar con la emoción del instante, adoptando el camino popular del aumento de penas o del trato de adolescentes como si fueran adultos.

No miremos para el cielo: mientras la sociedad entera, liderada por el Estado, no asuma esta realidad y gatille una respuesta integral, no habrá más que parches que adormecerán conciencias hasta que nuevas oleadas criminales nos despierten.

En Chile, la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, vigente desde 2007, fue acompañada de una disminución sostenida de la delincuencia juvenil durante más de una década. Los recientes brotes -preocupantes por su violencia e intensidad- obligan a revisar la norma, pero no solo desde la perspectiva punitiva. Así, por ejemplo, debemos hacernos cargo de los infractores menores de 14, pues en la actualidad no hay programas que traten su delicada situación, dejándolos en el limbo desde el cual salieron a delinquir. De igual modo, en el tramo de 16/17 años es posible revisar su responsabilidad en ciertos delitos gravísimos, pero con el fin de asegurar espacios de tiempo mínimos de custodia que permitan alcanzar procesos de recuperación e integración efectivos.

Sin embargo, sancionar a un joven en plena formación física, psicológica y cultural (cuando se gesta el auto-control), con largos períodos de encierro, o trasladarlo a una cárcel de adultos al cumplir los 18 años (que son la mayoría), no lo rescatará de la vorágine criminal, más bien puede consolidar su identidad delictual y fabricar el delincuente adulto de mañana.

La evidencia internacional ilustra. La Oficina de Justicia Juvenil de Estados Unidos documentó que los estados que aplicaron el juzgamiento de adolescentes como adultos no redujeron la reincidencia, sino que la aumentaron: los jóvenes procesados en el sistema adulto reinciden entre un 30% y un 50% más que los que permanecen en el sistema juvenil. Países como Noruega y, en general, los escandinavos, tratan exitosamente a los infractores jóvenes cual personas en desarrollo y evitan su contaminación carcelaria. El simplismo punitivo, en cambio, solo produce hacinamiento, no reduce la delincuencia ni mejora la seguridad. Ocurre aquí.

La respuesta debe ser completa, con prevención desde la base social (no todo radica en el gobierno) y detección temprana, sin perjuicio de fortalecer la resocialización: el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, en plena implementación, va en la dirección correcta, pero requiere mejorías en escolarización, rehabilitación de drogas, acompañamiento y evaluación de resultados.

Hablemos con propiedad: no de reinserción, sino de inserción. Muchos de estos jóvenes nunca han sido parte de la sociedad. Ofrecerles una primera oportunidad no es ingenuidad, es una política de seguridad pública comprobada. Descansar únicamente en la promesa de más cárceles y penas más largas, tranquiliza por un momento, pero produce más delincuencia en el futuro.

Por Hernán Larraín F., abogado y profesor universitario