Por Constanza PalmaGestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy
En medio de la discusión legislativa que busca prohibir la gestación subrogada en Chile, el debate volvió a instalarse en la agenda pública. Mientras sus detractores sostienen que la práctica puede abrir la puerta a la explotación reproductiva de mujeres, quienes impulsan su regulación aseguran que prohibirla no elimina el problema.

La gestación subrogada volvió al centro del debate en Chile luego de que la Comisión de Familia de la Cámara de Diputadas y Diputados retomara la tramitación de un proyecto de ley que busca prohibir esta práctica y sancionar a quienes participen en ella. La iniciativa reabrió una discusión que involucra aspectos médicos, jurídicos, éticos y sociales, además de poner sobre la mesa nuevas formas de entender la maternidad, la paternidad y la conformación de las familias.
En ese contexto, durante el conversatorio “Nuevas familias, nuevos desafíos”, organizado por la Universidad Alberto Hurtado, especialistas en bioética y derecho analizaron el escenario actual.
¿Qué es la gestación subrogada?
La gestación subrogada es una técnica de reproducción asistida mediante la cual una persona gesta un embarazo para que, tras el nacimiento, el hijo o hija sea criado por quienes iniciaron el proyecto parental.
Desde una perspectiva médica, la académica del Centro de Bioética de la Universidad del Desarrollo, Sofía Salas, explicó que existen indicaciones clínicas muy específicas para recurrir a esta técnica. Entre ellas se encuentran mujeres que nacieron sin útero, presentan malformaciones uterinas severas o padecen enfermedades que hacen que un embarazo represente un riesgo vital. “La mujer que no tiene útero, que tiene una malformación severa o una contraindicación médica absoluta para gestar son algunas de las indicaciones clínicas”, señaló.
Sin embargo, la gestación subrogada también es una alternativa para otras personas o familias que no pueden gestar, como parejas conformadas por dos hombres o personas solteras que desean tener hijos.
Aunque popularmente se conoce como “vientre de alquiler”, Salas fue enfática en señalar que ese concepto resulta inadecuado y estigmatizante. “Es discriminatorio, casi ofensivo, cosifica el cuerpo de la mujer”, afirmó. “Tampoco hay un alquiler o un arriendo, porque no todas las gestaciones por subrogación son mediante un pago”, añadió.
La especialista también explicó por qué considera incorrecto hablar de “maternidad subrogada”. “De alguna manera hace pensar que el concepto de madre tiene que ver más con quien gesta que con quien cuida y acoge. Entonces, la idea es siempre usar un lenguaje que sea lo más respetuoso posible dado lo delicada que es la situación para todos los intervinientes”.
¿Qué regulación existe hoy en Chile?
Actualmente Chile no cuenta con una legislación específica sobre gestación subrogada. Si bien el artículo 182 del Código Civil regula la filiación de hijos concebidos mediante técnicas de reproducción asistida, no contempla esta práctica en particular.
En ese escenario, la Comisión de Familia de la Cámara de Diputadas y Diputados retomó la tramitación de un proyecto de ley que busca prohibir la gestación subrogada en Chile. La iniciativa establece la nulidad de cualquier acuerdo mediante el cual una mujer geste un hijo para entregarlo a un tercero, exista o no una compensación económica. Además, propone sanciones penales para quienes intermedien, promuevan, organicen o comercialicen estos procesos, incluyendo penas de cárcel y multas.
El proyecto también contempla castigos para profesionales de la salud que intervengan en procedimientos de gestación subrogada con ese propósito y endurece las penas cuando exista abuso de una situación de vulnerabilidad de la mujer.
¿Prohibir o regular?
Para Jorge Candia, abogado y juez de la República, la prohibición no resuelve el problema. “La prohibición no resuelve nada. En el fondo, la prohibición es una venda en los ojos que evita abordar el problema”. A su juicio, cuando los países prohíben la gestación subrogada, lo que ocurre es un desplazamiento hacia otros lugares donde sí está permitida. “El deseo de formar familia lleva a que las personas busquen otros países u otros ordenamientos donde ese proyecto pueda realizarse”.
Desde la bioética, Sofía Salas sostuvo que una eventual regulación debería abordar materias como el consentimiento libre e informado, el acceso equitativo a los tratamientos, la existencia de registros nacionales de donantes, el derecho de los hijos a conocer sus orígenes y los criterios bajo los cuales el Estado financiaría o no determinadas técnicas de reproducción asistida.
Los principales dilemas éticos
La dimensión ética fue uno de los ejes centrales del encuentro. Uno de los aspectos abordados fue el interés superior del niño. Según explicó Salas, las recomendaciones internacionales apuntan a que la persona gestante no aporte también el óvulo, evitando así que exista un vínculo genético directo con el bebé. Además, sostuvo que estos procedimientos debieran realizarse siempre mediante consentimiento libre e informado y con pleno reconocimiento de la dignidad de todas las personas involucradas.
Otro de los principales cuestionamientos tiene relación con la posibilidad de explotación de mujeres en contextos de vulnerabilidad. Salas reconoció que esa preocupación existe y recordó experiencias internacionales donde mujeres fueron utilizadas como gestantes bajo condiciones abusivas. “Hay una genuina preocupación por situaciones de abuso que ha habido de mujeres”, comentó durante el panel de preguntas.
Sin embargo, tanto ella como Jorge Candia coincidieron en que la existencia de abusos no convierte toda gestación subrogada en una práctica explotadora. “Ningún derecho reproductivo justifica la explotación de otro ser humano”, afirmó Candia. “El punto es cómo aseguramos que no va a haber explotación. Para algunos la respuesta es la prohibición; para otros, la regulación”.
Mientras el Congreso continúa discutiendo el futuro de la gestación subrogada en Chile, el debate sigue abierto. Más allá de la técnica médica, la discusión involucra cómo compatibilizar los derechos reproductivos, la protección frente a posibles abusos y el reconocimiento de nuevas formas de conformar una familia en un escenario que, hasta ahora, continúa sin una regulación específica.
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