Toda política pública es perfectible. Pero lo que resulta difícil de comprender es que se proponga una reforma que ignore la evidencia nacional e internacional. El proyecto de ley enviado al Congreso que modifica el SAE hace precisamente eso.

Su primer problema es que termina con uno de los principales atributos del sistema actual: la existencia de un mecanismo único, transparente y objetivo de admisión. El proyecto crea dos sistemas paralelos: uno que mantiene el SAE para los establecimientos sin sobredemanda, y otro para los establecimientos con más postulantes que cupos. Esto, lejos de ampliar las opciones de elección para las familias, hace más complejo y menos eficiente el sistema.

La evidencia internacional es consistente. Los sistemas centralizados de asignación, basados en algoritmos de aceptación diferida y criterios objetivos de priorización como el SAE, constituyen uno de los mecanismos que mejor compatibilizan la libertad de elección de las familias con reglas justas y transparentes. Estos sistemas maximizan la probabilidad de que cada estudiante sea asignado al establecimiento de su preferencia (Roth, 2008). Aquí aparece entonces un segundo problema: pese a que el proyecto se presenta con el objetivo de devolver a las familias la libertad de elegir colegio, el proyecto termina con el mecanismo que mejor protege esa libertad.

En tercer lugar, al reinstalar las entrevistas como mecanismo de selección, vuelve a implementar procesos que la evidencia ha demostrado que generan decisiones arbitrarias y discriminatorias, incluso cuando están regulados por ley (Carrasco et al., 2017; Ramos et al., 2022). Por tanto, la selección deja de descansar en reglas objetivas y pasa nuevamente a depender del interés del establecimiento. La última palabra ya no la tienen las preferencias de las familias o los criterios de prioridad, sino la voluntad del sostenedor. Esto no es ampliar la libertad de elección, ¡es reducirla!

Por otra parte, contrario a lo que se señala en los fundamentos del proyecto de ley, el SAE sí ha contribuido, junto a otras políticas, al mejoramiento de la equidad y a la reducción de la segregación escolar de manera estadísticamente significativa, alcanzando sus niveles más bajos en décadas (Valenzuela et al., 2025 y 2026). Este es un logro que muy pocos sistemas educativos en el mundo han alcanzado.

La condición para que el SAE funcione es simple: todos deben jugar bajo las mismas reglas. Los criterios de priorización pueden ser diversos - hermanos, vulnerabilidad, necesidades educativas especiales e, incluso, rendimiento académico en educación media. Este es un debate legítimo. De hecho, son fácilmente incorporables nuevos criterios de priorización en el SAE. Pero deben cumplir una condición esencial: ser objetivos, públicos, verificables y aplicarse por igual a todos. La disyuntiva entonces no es entre mérito y azar, sino entre reglas objetivas y discrecionales. Y el problema es que el proyecto rompe con ese principio.

Por último, el proyecto se aparta significativamente de las recomendaciones de la Mesa Técnica, la cual, lejos de proponer un sistema dual o reinstalar mecanismos como las entrevistas, recomendó perfeccionar el sistema existente y sus criterios de priorización.

El SAE puede y debe perfeccionarse. Pero hacerlo sin considerar la evidencia y alejándose de las recomendaciones de los expertos es un retroceso evidente. Hoy el proyecto está en manos del Congreso. Los parlamentarios tienen la oportunidad de corregir el rumbo.

Por Xavier Vanni, investigador CIAE U. de Chile