En su primera Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast adelantó modificaciones al Sistema de Admisión Escolar (SAE). Estos anuncios se suman a las palabras de la ministra de Educación y confirman la intención del gobierno de realizar cambios a este sistema que, hasta ahora, ha demostrado tener más problemas que bondades.

Durante el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet se aprobó la “Ley de Inclusión”. Con ella, se puso fin al financiamiento compartido, se prohibió el lucro y se reemplazó el sistema de admisión escolar vigente -radicado en los colegios-, por un mecanismo centralizado de asignación de vacantes -dependiente del Estado-. Se argumentó que la reforma era necesaria para reducir la segregación y mejorar el acceso a una educación de calidad. Una década después, los datos nos muestran que esto no ocurrió.

Tanto es así, que durante el 2025 se conformó una mesa técnica para estudiar y sugerir modificaciones al sistema de admisión escolar -propuesta por el gobierno del mismo sector que lo promovió-. En su informe, señala que “la evidencia generada hasta ahora indica que el SAE no ha tenido un impacto significativo en la reducción de la segregación socioeconómica del sistema escolar”. Por otra parte, un estudio de Acción Educar sobre los resultados del proceso de admisión escolar 2026 revela que sólo la mitad de los postulantes quedó en su primera preferencia (51,3%) y un 7% no quedó en ninguna de sus opciones.

La verdad sea dicha, reemplazar la elección de los colegios y las familias por un sistema centralizado y aleatorio nunca fue una buena idea. La ambición ideológica pesó más que las necesidades reales del sistema. Lamentablemente, el costo de estas decisiones no lo pagan quienes legislan, sino los estudiantes y sus familias.

La eliminación del mérito académico como un criterio de selección sólo perjudica a quienes, con esfuerzo y dedicación, hacen de él una oportunidad de progreso. Además, al ser excesivamente centralizado y rígido, el SAE no considera la posibilidad de atender situaciones excepcionales. Tampoco existen mecanismos que aseguren una adhesión efectiva al proyecto educativo. Así las cosas, el sistema ha debido enfrentar reformas que ha resistido con resiliencia, sin embargo, esto no es infinito.

Modificar el sistema de admisión escolar es una oportunidad para corregir el rumbo. Para ello, cualquier propuesta debiese -al menos-, ser al margen del SAE y voluntaria para que aquellos colegios que lo deseen puedan realizar otro proceso de admisión. También tendría que considerar la selección por mérito académico y resguardar la diversidad de proyectos educativos al permitirles que este factor sea considerado realmente dentro del proceso de admisión. Por otra parte, introducir modificaciones al SAE propiamente tal es fundamental. Los colegios que decidan usarlo también debiesen poder ponderar el mérito como un criterio de selección y el territorio en que se encuentra el estudiante.

Cuidar y promover una educación de calidad requiere proteger la diversidad de proyectos educativos, devolver la autonomía perdida a los establecimientos educacionales y permitir que las familias puedan ejercer con libertad el derecho a elegir la educación de sus hijos.

Por Constanza Lara, Directora Legal de Acción Educar