La denuncia de violencia sexual colectiva contra un estudiante del Liceo Naval Almirante Guise ha estremecido al Perú, y expuesto una pregunta incómoda: ¿quién protege a los alumnos cuando la escuela deja de ser un lugar seguro?

El gobierno de Keiko Fujimori responde con una propuesta para recuperar la disciplina escolar. El proyecto, presentado junto al ministro José Antonio Chang, restablece la nota de conducta y contempla suspensiones y expulsiones por faltas muy graves, con alternativas para asegurar la continuidad educativa.

El propósito merece respaldo. Los profesores necesitan autoridad efectiva, y los estudiantes reglas claras. Una escuela que tolera agresiones abandona su misión. Tampoco es aceptable que la víctima cambie de colegio y los agresores permanecen sin consecuencias.

Pero la firmeza exige distinguir. La violencia sexual requiere protección inmediata, investigación y actuación de la justicia. Una tardanza o una infracción al uniforme pertenecen a otra escala. Confundir esto puede debilitar la legitimidad de la sanción.

También es discutible asociar la recuperación del orden con el cabello corto o las uñas sin pintar. Concentrar el debate en la apariencia puede distraernos de las fallas que permiten que la violencia se repita y se multiplique.

El desafío es convertir el anuncio del gobierno en capacidad institucional: docentes respaldados y capacitados, denuncias atendidas, apoyo psicológico, familias comprometidas y responsabilidades para los adultos que omiten actuar.

Las “faltas graves” requieren ser claramente tipificadas. Prohibido dejar de actuar, seguir permitiendo la barbarie en las escuelas, y no poner límites y sanciones.

Para Chile y América Latina, el debate peruano plantea una cuestión compartida: cómo ejercer autoridad con justicia. La disciplina es necesaria para aprender y convivir. Su éxito deberá medirse por la seguridad de los estudiantes y la respuesta ante los abusos.

Por Luis Benavente, analista peruano y director de Vox Populi Consultoría.