Los últimos días han estado plagados de catástrofes ligadas al clima: incendios gigantes en Europa y Canadá, inundaciones en China y, más cerca, los estragos causados por lluvias torrenciales, primero en el Norte Chico y, al momento de escribir esto, en el Sur. Todos responden a eventos que coinciden con predicciones de modelos sobre clima que apuntan a que serán fenómenos habituales en las próximas décadas. Otro factor común es la falta de preparación para prevenir sus efectos.

La dramática experiencia de Venezuela con los terremotos de junio, y el contraste con los efectos de terremotos similares o mayores en Chile, muestra que la clave para enfrentar estos eventos no está en tener buenos equipos de rescate o de control de incendios (que sin duda son indispensables) sino que, en construir instituciones y normas, así como realizar inversiones que permitan prevenir y amortiguar sus consecuencias.

Hace unos días Cristóbal Hunneus nos recordaba que en años pasados hemos tenido lluvias tanto más grandes o mayores que las recientes. Sin embargo, esta vez sus impactos han sido distintos. Por ejemplo, Santiago sufrió menos cortes de energía, interrupciones del suministro de agua, desbordes de canales y ríos, e inundaciones de pasos bajo nivel que en las grandes lluvias de los años 80. En buena medida ello se explica por inversiones en colectores de aguas lluvias, construcción de tranques de almacenamiento de agua y limpiezas preventivas de cauces.

No pasó lo mismo en otras partes: construcciones en zonas de alto riesgo, ya sea aledañas a cauces de agua históricamente secos, cerca de playas o en zonas de riesgo de avalanchas. Muchas de esas tragedias se podrían haber evitado con acciones preventivas, ya sea mediante inversiones o por la aplicación de normas sobre uso del suelo adecuadas a la realidad del Siglo XXI.

Las tragedias del Norte muestran, una vez más, que a diferencia de lo que ocurre con los terremotos, estamos en pañales en prevención de los efectos de eventos climáticos extremos. En los 90 fue el turno de Antofagasta, a comienzos de este siglo le tocó a Copiapó y Chañaral y ahora fue Coquimbo y La Serena. En todos estos casos hubo precipitaciones fuertes que provocaron avalanchas e inundaciones, con graves consecuencias para la población. Estas son zonas desérticas de pocas precipitaciones y las infraestructuras no estaban preparadas para enfrentarlas. El problema, como señaló hace algunas semanas Hernán de Solminihac, es que el diseño de las obras de infraestructura no considera adecuadamente los impactos de los riesgos naturales en el análisis de costos y beneficios.

Lo mismo puede decirse de las normas que regulan los permisos de edificación: típicamente las zonas bajas en torno a las ciudades son humedales, justamente porque tienden a recibir aguas de las zonas aledañas. Con precipitaciones intensas como las de estos días, tienden a inundarse. Si no se controla adecuadamente las construcciones en esas zonas, inevitablemente resultarán dañadas, con graves perjuicios y riesgos para sus moradores.

Todo esto ocurre cuando hay consenso científico en que el cambio climático se va a traducir en una mayor frecuencia e intensidad de eventos extremos como olas de calor, lluvias torrenciales y marejadas. Es más, para Chile se proyectan todos estos fenómenos, en un contexto de menores precipitaciones en promedio, excepto para la zona norte del país.

Urge que el Estado lidere un esfuerzo, tanto a nivel nacional como regional, para identificar las zonas y actividades vulnerables a fenómenos climáticos extremos, priorizar inversiones y diseñar normas y materializar su cumplimiento. Esto no es algo sencillo y obligará a reasignar recursos en medio de la escasez, pero si no se inicia pronto, seguiremos viendo la repetición de estos desastres, con el agravante es que casi con seguridad van a ser peores y más frecuentes.

Todavía estamos a tiempo para adoptar programas de largo plazo e ir mitigando estos riesgos. Un primer paso sería impulsar un programa preventivo para identificar y priorizar proyectos de inversión, así como de ajustes normativos. usando fondos de desarrollo regional y del gobierno central, en una labor que incluye diversos servicios y ministerios. Mientras esto no ocurra, seguiremos viendo, cada vez más seguido, la repetición de crisis como las vividas en estos días.

Por Joaquín Vial R-T,

Profesor adjunto Instituto de Economía UC,

Investigador principal CLAPES UC.