Estados Unidos conmemora sus 250 años en un estado de melancolía, cuestionando su rol en el escenario global. Internacionalmente, se ve desafiado tanto por grandes potencias como por poderes medios que dejan en evidencia los límites de la hegemonía estadounidense. Domésticamente, el país se encuentra fracturado por el extremismo, el aislacionismo, el wokismo, el antisemitismo y el populismo; en suma, una nación polarizada. Atrás quedó el optimismo idealista de Ronald Reagan, quien en uno de sus últimos discursos como presidente describió a EE.UU. como “la nación más grande y libre del mundo... la última y mejor esperanza del hombre en la Tierra”.

La Revolución Americana suele presentarse como una gesta épica contra la tiranía. Sin embargo, hacia fines del siglo XVIII, Gran Bretaña no era precisamente una monarquía absoluta. Tras la Revolución Gloriosa de 1688, el poder del monarca se encontraba severamente acotado por el Parlamento. Existían elecciones periódicas, tribunales relativamente independientes y amplias garantías para la propiedad privada. En comparación con la Francia borbónica o la Rusia de los zares, Gran Bretaña constituía, probablemente, una de las sociedades más libres de Europa.

No obstante, la Revolución Americana fue articulada como una lucha por la libertad, al igual que casi todos los conflictos sucesivos en ese país. Para los ciudadanos de la Unión en la Guerra Civil, el conflicto representó un esfuerzo por extender la promesa de libertad a la población esclavizada, mientras que para los Estados Confederados significó una lucha por la libertad de preservar su orden social, aun cuando este se fundara en la subyugación de otros seres humanos. Asimismo, tanto la Segunda Guerra Mundial como la Guerra Fría se justificaron bajo la premisa de defender al “mundo libre”. El concepto emerge de manera recurrente en los discursos presidenciales, los monumentos nacionales, los textos escolares e incluso (sin ironía) en el lenguaje cotidiano.

Toda comunidad política requiere un relato fundacional sobre sí misma. Los británicos lo hallan en la continuidad de sus instituciones, los franceses en la igualdad republicana, los alemanes en la eficiencia, los canadienses en la paz y el orden, y los chilenos, en un completo tomate palta. Pero ¿es EE.UU. realmente el país más libre del mundo? Esta ha sido siempre una afirmación que parece sobredimensionada.

De hecho, al examinar los índices elaborados por organizaciones como Freedom House o The Economist Intelligence Unit, se observa que Estados Unidos rara vez ocupa el primer lugar. Naciones como Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Suiza, Nueva Zelanda o Canadá registran niveles iguales o superiores en materias como derechos civiles, funcionamiento institucional, confianza pública, independencia judicial o calidad democrática. Y resulta que casi todos estos países son monarquías constitucionales.

¿A qué responde, entonces, esta necesidad tan imperiosa de definirse a través de la libertad?

La historia de la Revolución Americana es singular, puesto que no comenzó como un movimiento independentista. Se originó, más bien, como una protesta tributaria por parte de sujetos de la Corona británica que reclamaban contra el alza de los impuestos. Fue únicamente cuando el gobierno de Jorge III intentó imponer su autoridad por la fuerza militar que los colonos comenzaron a considerar que la Corona vulneraba sus derechos naturales y que, en palabras de Thomas Paine, “nada puede resolver nuestros asuntos tan rápidamente como una declaración abierta y decidida de independencia”. Sin embargo, tanto Paine como Jefferson y, muy especialmente, Madison, Hamilton y Jay – autores de El Federalista – no se basaron en ideas estrictamente americanas, sino en la filosofía de pensadores europeos como Locke, Rousseau y Montesquieu. Incluso el modelo político que diseñaron con tres poderes del Estado, un Congreso bicameral y una figura ejecutiva de corte cuasi monárquico, constituye una adaptación del sistema del cual se estaban emancipando.

A diferencia de la mayoría de las naciones europeas, cuya existencia se remontaba a siglos anteriores, la nueva república requería una narrativa fundacional. Es evidente que el rechazo a un impuesto sobre el té carecía de un atractivo inspirador. EE.UU. no se constituyó en torno a una lengua común, una monarquía ancestral o una identidad étnica compartida; lo que necesitaba era una idea. En una carta dirigida a Thomas Jefferson, John Adams, segundo presidente de la nación, juzgó años más tarde, con justa razón, que la revolución norteamericana no había sido el resultado de una guerra de independencia. La guerra, escribió Adams, “fue solo un efecto y consecuencia de la revolución. La revolución estaba en la mente del pueblo”. En el principio fue la palabra o, al menos, la idea. La cuestión era qué hacer con ella.

La Constitución y la Declaración de Independencia tradujeron dicha idea en norma legal. Son documentos de carácter aspiracional. Sus firmantes, muchos de los cuales eran propietarios de esclavos, debieron de ser conscientes de la ironía. Ciertamente, más de alguno comprendía que el establecimiento de una república constituía un gran experimento (Benjamin Franklin advirtió que era “una república, si pueden conservarla”). Un conjunto de colonias litorales aludía a un Congreso “Continental”; un grupo de latifundistas esclavistas prometía libertad; y un territorio poblado por fundamentalistas religiosos se transformaba en una república que consagraba la separación entre la Iglesia y el Estado.

A pesar de dicha separación – Jefferson acuñó el término “muro de separación” – o quizás precisamente a causa de ella, la política republicana pasó de ser un conjunto de instituciones para convertirse en una misión moral. La diversidad étnica, geográfica, económica y política de EE.UU. exigió la construcción de una narrativa mítica que se arraigó de tal forma en la conciencia nacional que terminó transformándose cuasi en una religión. A fines de la década de 1960, el sociólogo Robert Bellah describió este fenómeno como una “religión civil”, advirtiendo que los ideales de la revolución (como la libertad) se habían transformado en el dogma de este nuevo credo. En este sentido, si bien todas las democracias liberales comparten la defensa de la libertad, e incluso la garantizan con mayor eficacia, como constatan los rankings, ninguna la articula con tal grado de fervor casi religioso.

A este escenario debe añadirse la permanente expansión hacia el oeste y la edificación de otro mito: un arquetipo – para algunos el cowboy, para otros el pionero, para otros el victimario de los pueblos indígenas – que por necesidad debió ser autosuficiente, cuyo éxito dependía del esfuerzo individual y que luego se convirtió en metáfora política. La geografía continental trajo consigo la promesa de la libertad.

Nada de esto demerita la trascendencia de la independencia estadounidense. Hasta 1776, ninguna comunidad política había llevado a cabo una empresa de tal naturaleza. Fue un gran experimento histórico y lo sigue siendo. El riesgo radica en transformar una experiencia histórica extraordinaria en una categoría moral excluyente o dogmática. Cuando esto ocurre, la autoevaluación deja de ser un ejercicio intelectual y se convierte en un obstáculo para el desarrollo social. (John Rawls, de hecho, dedicó décadas a argumentar que la libertad también presupone la existencia de condiciones básicas de bienestar social).

La grandeza de Estados Unidos no reside en haber inventado la libertad, ni en haberla perfeccionado, ni en poseer su monopolio. Su verdadera contribución consistió en consagrarla como el lenguaje universal de la política moderna, adoptada igualmente por mujeres en las calles de Teherán, jóvenes en la Plaza de Tiananmen, movimientos anticoloniales en Asia, luchadoras por la igualdad de género en Moscú, y manifestantes de derechos civiles en Birmingham.

Por Robert Funk, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile.