El Senado aprobó la Ley de Reconstrucción quedando fuera del texto las modificaciones a la regulación del pago a 30 días. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció que la ley actual “no está funcionando ordenadamente” y que habrá que mirar el tema a fondo.

Las pymes representan el 98% del tejido empresarial y el 64% del empleo formal del país, y su participación en las ventas cayó de 25% a 12,5% en menos de tres décadas. Detrás de esas cifras hay miles de pequeñas empresas que, mientras no exista una regla clara de pago oportuno, siguen financiando con su propio capital de trabajo los plazos de otros. Hablar de pago a 30 días no debiera ser una aspiración: debiera ser una obligación. Por eso, tal como señaló el propio Ejecutivo, el foco debiera estar ahora en el nuevo proyecto de ley Estatuto Pyme 2.0.

Desde Grande Pyme queremos aportar algunas ideas que podrían enriquecer esa discusión. Primero, avanzar hacia el pago oportuno como regla general, con plazos claros, causales de excepción acotadas y verificables, y mecanismos de fiscalización que generen confianza, un ámbito en el que el propio Estado, como comprador, debiese dar el ejemplo. Segundo, explorar una clasificación de MiPymes en categorías más consistentes con su diversidad, considerando distintas miradas -número de trabajadores, volumen de ventas, activos y balance total- que ayuden a distinguir mejor realidades productivas muy distintas entre sí. En ese sentido, sería apropiado extender la clasificación de una pyme a rangos de ventas similares a los de la OCDE, esto es, en torno a los 50 millones de euros.

Tercero, dar mayor certeza tributaria, estableciendo el 12,5% como piso permanente para la pyme, con un aumento escalonado de la tasa a medida que la empresa crece, estableciendo una salida gradual de los beneficios pyme, para que ese crecimiento se viva como un logro y no como un costo. Cuarto, revisar los instrumentos de fomento existentes, para que respondan mejor a la diversidad de capacidades y necesidades que hoy conviven bajo una misma categoría.

Ahora, la ley no tiene por qué ser la única vía. Mientras se tramita la actualización del Estatuto Pyme promulgado el 2010, las grandes empresas y gremios deben avanzar en un frente propio, que además resulta estratégico, al menos en tres líneas. Por un lado, asumir el pago a 30 días como una buena práctica interna, lo que favorece la solidez financiera de sus proveedores, reduce el riesgo de su propia cadena de abastecimiento y construye relaciones comerciales más estables y de largo plazo. Por otro, abrir espacios de formación técnica dual dentro de su propia operación. Chile tiene uno de los desempleos juveniles más altos de la OCDE: la tasa bordea el 24,9% este 2026, y llega a 28% entre las mujeres jóvenes. Como son las pymes las que concentran buena parte de las oportunidades de primer empleo, acercar la formación de talento a las necesidades reales de cada industria fortalece esa red de pequeñas empresas y asegura la disponibilidad de mano de obra calificada para todo el ecosistema productivo.

Junto con ello, deberían participar en el fomento al encadenamiento productivo -integrando y desarrollando a sus proveedores pyme dentro de su propia cadena de valor-, lo que fortalece la competitividad de la cadena, no solo la de sus proveedores. Son acciones que no reemplazan a la ley, pero que confirman que invertir en el desarrollo de las pymes es, ante todo, una buena estrategia de negocio.

Las pymes son el motor productivo de Chile: cuando ellas crecen, dinamizan la economía nacional. Ponerlas en el centro de esta discusión es la forma más directa de asegurar que el país vuelva a crecer. Según McKinsey (2025), cerrar la brecha de productividad entre grandes empresas y pymes liberaría hasta 6 puntos adicionales de PIB.

*La autora de la columna es directora ejecutiva de Grande Pyme