En política pública se suele sostener que debemos evitar las “big bang reforms” (o grandes cambios que se pretenden gestionar de golpe).

Por más que las buenas ideas funcionen en el papel -diseño- o en la experiencia comparada -buenas prácticas o “evidencia”-, existe una infinidad de factores que terminan incidiendo en lo que finalmente se implementa, afectando las estrategias, resultados e impactos buscados.

En Chile, lamentablemente, sabemos bastante de esta situación. En distintas ocasiones nos hemos topado con planes perfectamente pensados en varios escritorios, pero que, al ser implementados, terminan colapsando el sistema, afectando tremendamente a la ciudadanía y, al final, generando pérdidas más que millonarias para el Fisco.

Cuando se estudian estos grandes rediseños, suelen existir muchas lecciones posibles, pero una ineludible tiene que ver con la necesaria gradualidad y una responsable experimentación. La idea puede ser extraordinaria, puede haber funcionado en Europa e incluso en otros países latinoamericanos, pero todas esas realidades son distintas, con Estados que operan de forma variada y con capacidades y competencias generadas en esos aparatos burocráticos que, pudiendo ser mejores o peores, son disímiles.

El buen y gran diseño puede incluso ser deseable, pero si solo se piensa en un todo exclusivo, aparecen riesgos innegables. No solo porque la legitimación de esa gran política pueda variar—ya lo sabe el expresidente Boric con el rechazo a la primera propuesta constitucional—, sino porque también implica depender de programas perfectamente ejecutados, lo que, de momento, no ha sido visto en democracias contemporáneas.

Si lo vemos desde este prisma, el gobierno del Presidente Kast se encuentra en un momento definitorio. El último informe Imacec muestra una caída de casi un punto porcentual, lo que ha aumentado el estrés en un sistema que ya estaba al límite. Por lo mismo, cada vez son más los actores que piden medidas inmediatas —de “urgencia”— para enfrentar la difícil situación, aludiendo incluso al riesgo de recesión técnica si no se hace algo pronto. En ese mar de tensiones —las cuales, por cierto, no se agotan en el último informe económico—, la postura de La Moneda no ha sido para nada pasiva. A diferencia de lo que sugiere la oposición, las autoridades no evaden culpando a gobiernos anteriores, sino que ofrecen un proyecto real a través de la ley miscelánea. Se muestra que se ha trabajado (y mucho), pero eso no invisibiliza el desafío y los riesgos latentes.

Y es que, en base a lo que ya hemos señalado, la presión por resultados inmediatos no solo se explica por ansiedad, sino que precisamente porque ayuda a promover una experimentación responsable que termine acompañando a la Ley de Reconstrucción. De acuerdo con uno que otro experto, son esas pequeñas batallas ganadas las que generan más capacidades y competencia en el Estado, lo que a su vez se traduce en mayores probabilidades de éxito de las venideras medidas.

Nuestra historia previa nos ha mostrado que las grandes ideas —incluso aquellas “basadas en evidencia”— no han sido suficientes a la hora de solucionar problemas públicos. Eso no significa que no sean necesarias, sino que, entre otras cosas, deben ir acompañadas de medidas menos ambiciosas, de experimentación, de parcelación de problemas y de adaptación. Obviar esta discusión cuesta caro.

Por Pedro Fierro. Investigador P!ensa y director CIL UAI