El resguardo de la convivencia educativa es una de las responsabilidades centrales de los equipos directivos en los establecimientos. No se trata de una tarea abstracta, sino de una labor concreta que se ejerce mediante instrumentos de gestión claramente definidos: el reglamento interno, sus protocolos asociados y otros mecanismos que permiten ordenar la vida escolar, prevenir conflictos y actuar cuando estos ocurren. En ese marco, la escuela cumple su rol esencial: ser un espacio formativo donde se garantizan condiciones adecuadas para el aprendizaje.

Sin embargo, la realidad actual plantea desafíos cada vez más complejos. Uno de ellos es la tensión que surge cuando decisiones tomadas dentro de los establecimientos -en conformidad con procesos formales, claros y ajustados a la normativa vigente- son posteriormente revertidas por instancias externas, como las Cortes de Apelaciones. En particular, en casos donde estudiantes han sido expulsados por faltas graves, y luego son reintegrados a la misma comunidad educativa por orden judicial.

Aquí emerge una pregunta que no puede eludirse: ¿cómo garantizamos el derecho a la educación de aquellos estudiantes que sí desean aprender en un ambiente seguro y adecuado, cuando las condiciones de convivencia se ven nuevamente alteradas por decisiones que escapan al ámbito escolar?

Es fundamental señalar que el derecho a la educación es universal. Todo estudiante debe tener la oportunidad de reinsertarse y continuar su trayectoria educativa. Este principio no está en discusión y constituye un pilar básico de cualquier sistema educativo que aspire a la equidad y la inclusión. No obstante, esa reinserción debe ser abordada con responsabilidad y con una mirada integral, que considere no solo al individuo, sino también a la comunidad en su conjunto.

Porque la escuela no es un espacio neutro. Es un entorno donde conviven estudiantes, docentes, asistentes de la educación y familias, todos con el legítimo derecho a desarrollarse en un ambiente que resguarde su integridad y permita el aprendizaje. Cuando ese entorno se ve tensionado o afectado, no solo se compromete la experiencia educativa de uno, sino de muchos.

En este contexto, el riesgo es claro: si las herramientas de gestión escolar -como los reglamentos internos y sus procedimientos- pierden legitimidad o eficacia, se debilita la capacidad de los establecimientos para garantizar una convivencia adecuada. Y sin convivencia, no hay aprendizaje posible.

Esto no implica desconocer el rol del sistema judicial ni la necesidad de resguardar derechos individuales. Pero sí exige avanzar hacia una mejor articulación entre las distintas instituciones. Las decisiones que afectan a una comunidad educativa deben considerar la complejidad de ese espacio y la responsabilidad que recae sobre quienes lo conducen.

El desafío, en definitiva, es encontrar un equilibrio realista y justo. Uno que permita sostener el derecho a la educación de todos, sin sacrificar el bienestar colectivo ni desdibujar el rol de la escuela. Porque educar no es solo garantizar acceso, sino también asegurar condiciones para que ese proceso sea efectivo, seguro y significativo.

Paulina Retamales

Directora ejecutiva SLEP Santiago Centro