En educación, la libertad empieza cuando se limita el azar. Por eso, el proyecto de ley que modifica el Sistema de Admisión Escolar merece ser valorado: no lo desmantela ni elimina sus reglas generales, pero corrige su mayor debilidad, cuando varias familias quieren acceder a un mismo proyecto educativo y no hay cupos para todas.

Ese es el centro del debate. No se trata de volver a la selección arbitraria, sino de preguntarse si el desempate debe resolverse siempre por una lógica impersonal o si, en ciertos casos, cabe reconocer un espacio legítimo para la identidad de cada comunidad escolar. Cuando un establecimiento tiene sobredemanda, lo que está en juego no es solo una vacante, sino la relación entre una familia que elige y un proyecto educativo con derecho a preservar su carácter.

El proyecto propone un esquema mixto. Mantiene la regla general, pero faculta a los establecimientos con sobredemanda a implementar, voluntariamente, un mecanismo de elección mutua ajeno al algoritmo de asignación diferida. Ningún colegio queda obligado a apartarse del SAE, pero aquellos con un proyecto demandado podrán definir criterios propios de desempate.

Esta precisión importa, porque buena parte de la discusión ha caricaturizado cualquier ajuste al SAE como un retroceso. Pero no todo reconocimiento de autonomía es discriminación, ni todo criterio propio equivale a exclusión. Es también respeto a la diversidad educativa, a la libertad de enseñanza y al derecho preferente de los padres a escoger la educación de sus hijos.

El algoritmo cumple una función útil cuando ordena preferencias y distribuye vacantes, pero tiene un límite evidente: no entiende de comunidades, trayectorias ni identidad pedagógica. En contextos de sobredemanda, el azar puede ser cómodo, pero educativamente pobre: reduce una decisión vital para las familias a una operación neutral, como si elegir colegio fuera asignar un número en una fila.

Ahí radica el valor del proyecto. Al permitir mecanismos de elección mutua, reconoce que la educación no es un servicio homogéneo, sino un espacio de formación donde importan la confianza, la pertenencia y la coherencia entre familia y establecimiento. La escuela no es solo infraestructura y puntaje; es también una comunidad con ideario, hábitos, exigencias y expectativas compartidas.

Por eso, el proyecto abre dos esferas de libertad: la de cada colegio para mantener el SAE como método de desempate si lo estima conveniente, y la de diseñar un mecanismo complementario conforme a su proyecto educativo y a los límites legales vigentes. No es una patente de arbitrariedad, sino una facultad regulada para que la diversidad escolar no sea una declaración retórica.

Chile necesita discutir este tema sin complejos. Si creemos en la libertad de enseñanza, debemos aceptar que los proyectos educativos no son meras unidades administrativas, sino comunidades vivas que requieren coherencia interna para florecer. Y si creemos en el derecho de las familias a elegir, no podemos reducir esa elección a una preferencia entregada al azar.

La educación no se defiende uniformando todos los caminos, sino permitiendo comunidades distintas, con identidades reconocibles y reglas compatibles con su misión. Por eso, ante el desempate, la respuesta no debiera ser más azar, sino más libertad.

Por Juan José Llorente, Director Área Legislativa, Fundación Jaime Guzmán, Integrante Mesa Técnica SAE 2025