Mediante indicaciones a un proyecto de ley que busca fijar un nuevo estatuto para los trabajadores del sector turismo, el gobierno busca reformular algunos aspectos en la aplicación de la jornada de trabajo; en lo fundamental, lo que se propone es que para el régimen general se permita que la jornada laboral de 40 horas se pueda promediar en 16 semanas, versus el ciclo de cuatro semanas que hoy establece la legislación. El ministro del Trabajo ha sido enfático en que la jornada de 40 horas no se alterará, sino que únicamente se busca ampliar el ciclo de cálculo, lo cual en todo caso deberá contar con acuerdo entre las partes. Con ello se busca dar adaptabilidad a las empresas, especialmente en rubros estacionales como el turismo, práctica que va en línea con lo que observa en distintos países de la OCDE.

La propuesta ha sido duramente criticada desde la oposición, ofensiva que ha sido encabezada por las exministras Camila Vallejo y Jeannette Jara, quienes difundieron una pieza audiovisual en la que denuncian que las 40 horas “están en peligro”, incluso alertando que “ahora quieren cambiar la forma de distribuir la jornada para que existan muchas semanas de hasta 52 horas semanales, es decir, vamos a pasar de semanas de 40 horas a semanas de 52”.

Desde luego, sorprende el tenor de la denuncia, considerando que la ley actualmente vigente ya establece un techo máximo de 52 horas considerando horas extraordinarias, lo que cuando menos constituye una desinformación que en nada aporta para efectos de un debate que permita abordar con seriedad los indispensables cambios que se requieren para modernizar nuestro mercado laboral.

Los cambios anunciados por el gobierno no hacen más que seguir las recomendaciones emanadas del informe elaborado por la Mesa de Reactivación Laboral -constituida por un grupo transversal de expertos que fueron convocados por el Ministerio-, quienes concluyen que el período para calcular el promedio fijado en cuatro semanas, sin posibilidad de extensión, ubica a Chile como el más restrictivo entre los 20 países de la OCDE que cuentan con mecanismos de distribución horaria. Según indican, el promedio de referencia en estos países es de 15 semanas, y el 75% de estos permite extensiones de hasta 52 semanas mediante negociación colectiva , tal como ocurre en Alemania, Países Bajos o Suecia. Menciona que para una actividad con 12 semanas “peak” al año, ampliar el período de referencia a 52 semanas reduciría el costo laboral anual en un 9,4%, con el esperable aumento de la demanda por trabajo asociado.

Es lamentable que ninguno de estos antecedentes haya sido siquiera mencionado en la campaña que ha levantado la oposición, desentendiéndose de que en el contexto actual en que se encuentra el país, con tasas de desocupación que se aproximan al 10% -con particular intensidad en mujeres y trabajadores más jóvenes- el objetivo central al que cabe abocarse es estimular la creación de empleo formal, para lo cual resulta central buscar formas de flexibilidad que recojan lo mejor de la experiencia internacional, sin que ello implique un detrimento para los trabajadores.

No parece haber un mejor momento que este para abordar un debate de esta naturaleza, pero ello exigirá de las autoridades un buen diseño comunicacional, que permita explicar bien las ventajas de las propuestas y hacer frente a la desinformación.