El Ministerio de Salud ha informado que el Plan de Alerta Oncológica que lanzó a fines de marzo ha logrado uno de sus objetivos centrales antes de lo previsto, pues de las más de 29 mil atenciones oncológicas que estaban pendientes al 31 de enero, se logró contactar al 99,9% de los pacientes, quienes pudieron acceder a las prestaciones que tenían retrasadas, lo que ha permitido dar continuidad al tratamiento. Aun cuando este logro no implica que sus casos estén necesariamente resueltos, ciertamente es significativo que se haya logrado reanudar el contacto, pues cuando se trata de cáncer el diagnóstico temprano y el acceso oportuno a un tratamiento pueden marcar una diferencia fundamental en cuanto a la recuperación de los pacientes.

Esta patología ya representa la segunda causa de muerte en el país, con alrededor de 28 mil personas fallecidas por año, y el hecho de que en los últimos años determinados tipo de cáncer se hayan hecho más recurrentes -como el de pulmón, próstata y mama, entre otros- ha generado una importante presión sobre el sistema de salud, especialmente en el sector público, lo que para el caso de 2025 se tradujo en que había más de 18 mil garantías oncológicas GES retrasadas, y miles de registros en listas de espera correspondientes a consultas de nueva especialidad médica oncológica No GES, lo que desde luego representa una grave falla del sistema, tanto porque en el caso del GES se están incumpliendo garantías de acceso y tratamiento garantizadas por ley, como porque representa una clara inequidad respecto de pacientes que logran atenderse en la salud privada.

La ministra de Salud, a muy poco de asumir su cargo, decidió abordar estas falencias promoviendo la dictación del decreto en que se declara la alerta sanitaria por el retraso en las listas de espera oncológicas, cuya vigencia es hasta fines de septiembre. Con ello ha sido posible movilizar importantes capacidades, ratificando que con buena gestión y empeño es posible lograr significativos resultados. Sería valioso, en todo caso, poder contar con reportes más acabados que den luces acerca del número de tratamientos que se han completado, si acaso ha habido abandono por parte de algunos pacientes y con qué certeza se cuenta de que quienes ahora enfrentan un problema oncológico lograrán entrar al plan, o si una vez terminada la alerta se logrará mantener la agilidad vista hasta ahora.

Cumplida esta importante fase, cabe preguntarse por los siguientes pasos que dará la autoridad, donde resulta clave que el Ministerio fije una ruta de trabajo que vaya más allá de esta alerta sanitaria. Es un hecho que los problemas que enfrenta la salud pública son múltiples, lo que se refleja en que a fines de marzo había un total de 2.088.245 personas esperando una consulta nueva de especialidad -ello equivale a más de 2,5 millones de registros de prestaciones-, y casi 400 mil personas esperando por una cirugía. En ese orden de cosas, es pertinente saber, por ejemplo, cómo la autoridad pretende abordar el resto de las enfermedades, y si es que habrá cambios estructurales que permitan aumentar la productividad de la red hospitalaria. Para efectos de esta carta de navegación ya se cuenta con una serie de diagnósticos emanados de comisiones expertas -como por ejemplo las que convocó el Senado en 2023 y 2024-, que constituyen un buen punto de partida para iniciar los cambios estructurales que se requieren.