En su cuarto intento Keiko Fujimori logró finalmente convertirse en la Presidenta electa de Perú y deberá asumir el próximo 28 de julio, 26 años después de que concluyera en medio de polémicas y cuestionamientos el gobierno de su padre, Alberto Fujimori. Fue precisamente ese antifujimorismo anclado en lo sucedido entonces lo que bloqueó durante años la opción de que la actual líder de Fuerza Popular se alzara con el triunfo en unas elecciones presidenciales. Esta vez lo logró, pero por un margen mínimo: apenas un 0,27% de votos separaron finalmente a Fujimori de su rival, el izquierdista Roberto Sánchez, lo que equivale a poco más de 49 mil sufragios. Así, la elección dejó a un país profundamente dividido tanto por líneas geográficas -la costa versus la sierra- como también ideológicas.

El primer desafío de la futura Presidenta de Perú será, por tanto, hacerse cargo de esa división, de la que dependerá en parte la gobernabilidad del país. Las primeras señales dadas por su rival no son promisorias. El derrotado candidato de Juntos por el Perú ha declarado que no reconocerá los resultados mientras no se revisen los votos en el exterior, que favorecieron a Fujimori y que según él son fruto de irregularidades. Denuncia que, sin embargo, no ha sustentado en evidencias concretas y que ya fue desestimada por el Jurado de Elecciones. Además, observadores internacionales de los comicios, como la OEA, han descartado cualquier tipo de irregularidades. Asimismo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), más allá de la lentitud en el conteo, es un organismo que goza de prestigio y confiabilidad.

Lo anterior da cuenta del tenso clima político al que deberá enfrentarse Fujimori en su gestión, más aún con un Congreso donde si bien su partido es la primera fuerza relativa, carece de mayorías y deberá buscar acuerdos para poder aprobar su agenda legislativa. En ese escenario, el Partido del Buen Gobierno de Jorge Nieto -quien se ubicó en el cuarto lugar en las pasadas elecciones presidenciales- podría convertirse en un factor clave con sus 18 legisladores, toda vez que pasará a ser la tercera fuerza del parlamento.

En sus primeras declaraciones la Presidenta electa se ha mostrado dispuesta al diálogo. Habrá que ver si los hechos refrendan esa postura que no ha prevalecido en su estilo de hacer política, en especial en la última década, durante la cual el país tuvo ocho presidentes.

Pero más allá del complejo escenario político en el que deberá moverse, la futura mandataria tendrá que hacerse cargo además de un país con una economía que ha perdido el dinamismo y que enfrenta una creciente amenaza de la criminalidad organizada. En el plano económico su llegada asegura la mantención del modelo que favoreció un sostenido crecimiento en las últimas décadas, pero la clave estará en devolverles la confianza a los inversionistas tras años de inestabilidad política. En el caso de la seguridad pública el reto es aún más acuciante. El alza de la criminalidad es hoy la mayor preocupación de los peruanos y la futura mandataria ha prometido que esa será su prioridad. Por ello, de los resultados que logre en ese ámbito en el corto y mediano plazo dependerá, en gran parte, el respaldo de la ciudadanía a su gestión.