SEÑOR DIRECTOR:

El reciente anuncio de Ciudad Barrancas, proyecto habitacional en las 110,5 hectáreas expropiadas del cerro Centinela, en San Antonio, reabre el debate sobre la respuesta estatal a las tomas de terrenos. El Ministerio de Vivienda señaló que las familias deberán postular organizadas en comités bajo la premisa de que “nadie se salta la fila”, mientras se adelanta el desalojo del sector para las próximas semanas.

Esta lógica organiza la espera, pero no resuelve su duración. De acuerdo con el último catastro de TECHO-Chile, más de 120 mil familias viven en campamentos, la cifra más alta en tres décadas. Una fila que no avanza no es un procedimiento, es una condición.

Una investigación en curso del Núcleo Milenio sobre los Desafíos de la Vivienda (NUVIV) examinó la cobertura de prensa dedicada a este caso. La toma fue marginal en los medios hasta la primera orden judicial de desalojo en 2023. Desde entonces, los hitos del conflicto los han fijado los tribunales y la fuerza pública, sin que la entrega efectiva de viviendas logre marcar la agenda.

Ciudad Barrancas puede romper esa inercia si fija desde su inicio compromisos verificables. Por ejemplo, cantidad de soluciones, plazos de ejecución y presupuesto asignado. De lo contrario, la espera mantendrá la disciplina, pero no el movimiento. Si existe capacidad estatal para calendarizar los desalojos, debe haberla también para calendarizar la entrega de los hogares.

Jorge Valdebenito

Sociólogo, CICLOS-UDP y Núcleo Milenio NUVIV

Christian Berríos

Sociólogo, Universidad de Santiago de Chile