SEÑOR DIRECTOR:

Hay algo paradójico en la discusión sobre postergar la Ley de Protección de Datos Personales. El Estado concedió casi dos años para que empresas y organismos adecuaran contratos, procesos y sistemas; pero llegado el momento, es el propio Estado el que no alcanzó a instalar la institucionalidad que debía conducir el proceso.

El problema no es menor. Proteger datos no consiste en publicar una política de privacidad o añadir un consentimiento en una página web. Supone saber qué información se posee, dónde está, quién accede a ella, con quién se comparte y qué ocurre cuando se pierde. Es decir, gobernar tecnológicamente una organización.

Una prórroga puede ser sensata. Lo que no sería sensato es confundirla con una solución. Mientras discutimos si la Ley comienza en 2026 o 2027, la inteligencia artificial, la biometría y el intercambio masivo de información avanzan sin esperar al legislador.

Quizá el episodio revele algo más incómodo: Chile entendió antes la importancia de regular los datos que la dificultad de gobernarlos.

Luciano Ahumada

Decano (i) Fac. de Ingeniería y Ciencias UDP