El debate en torno a una posible privatización de Codelco no cesa, Ahora un grupo de economistas de la Red de Centros Progresistas rechazó “enérgicamente cualquier fórmula de incorporación de capital privado a la propiedad” de la cuprífera estatal.

En una declaración de 10 puntos, este grupo de expertos sostiene que los problemas que enfrenta la estatal son “retos de gestión y gobernanza, no argumentos para su privatización, parcial o total, o la venta de sus activos”.

La Red de Centros Progresistas está conformada por trece centros de estudio y fundaciones: Rumbo Colectivo, Instituto Igualdad, Chile 21, Nodo XXI, ICAL, Centro Democracia y Comunidad, Horizonte Ciudadano, Fábrica Chile, OPES, Fundación por la Democracia, Fundación Socialdemócrata, Fundación Moebius y La Casa Común.

Cabe señalar que la semana pasada el presidente del partido Republicano, Arturo Squella, planteó la idea de privatizar Codelco y/o abrir parte de su propiedad a privados. En el contexto de la compleja situación financiera de la estatal, el gobierno a través del ministro Jorge Quiroz se abrió a la idea de incorporar capitales privados, pero siempre manteniendo el control, y también vender algunos activos.

Cuánto pesan las empresas del Estado

El grupo de economistas cifra en 33 las empresas públicas creadas por ley y las sociedades en que el Estado tiene una participación de 50% o más del capital. Su patrimonio total en 2024 ascendía a $ 21.778 mil millones, equivalentes a US$23.080 millones, según datos de la Comisión para el Mercado Financiero citados en el documento.

En conjunto generan cerca de 46.800 empleos directos y operan en minería, defensa, transporte, industria y servicios, incluido el agua potable y saneamiento.

Sobre Codelco, la declaración consigna que a lo largo de su existencia ha aportado al Estado alrededor de US$ 164.000 millones, más de US$ 3.000 millones anuales, y que las proyecciones de la Dirección de Presupuestos apuntan a que este año los aportes volverán a totalizar US$ 3.000 millones.

El cálculo fiscal

El punto central del argumento de los economistas es más bien tributario. Las empresas públicas, según se desprende del documento, pagan entre 40% y 67% de sus utilidades en impuestos, además de los dividendos que entregan al Estado.

Si esos activos se venden para pagar deuda pública, plantean, los ingresos fiscales quedarían reducidos al impuesto corporativo, que con la nueva ley será de 23% de las utilidades.

“Vender las empresas del Estado o sus activos es pan para hoy y hambre para mañana”, afirma el documento, que concluye que resulta “más razonable fortalecer la gestión de las empresas públicas, en los casos que sea necesario, que venderlas”.

Dónde sí admiten a los privados

La declaración distingue entre la propiedad de Codelco y su operación. Los economistas señalan que “la participación privada, la explotación conjunta de yacimientos y la diversificación, hasta ahora hacia el litio, son parte de la solución”, tal como ocurre en las grandes mineras del mundo con las que la estatal se ha asociado.

El mejor ejemplo de esas asociaciones es la que firmó con SQM para explotar el litio en el Salar de Atacama, la cual derivó en la creación de NovaAndino litio.

El texto advierte que Codelco “no puede quedar reducida a explotar los antiguos yacimientos que tienen más de 100 años de extracción industrial” y que, de limitarse a eso, “desaparecerá porque los yacimientos se van extinguiendo y es necesario reponerlos con nuevas minas”.

Reinversión y relación con el fisco

El grupo pide abrir una discusión pública sobre la política de extracción de excedentes que aplica el Estado. Desde los inicios de la empresa, plantean, casi la totalidad de los excedentes generados ha sido destinada a financiar parte del gasto público, y corresponde evaluar la conveniencia de ese esquema para la compañía, el fisco y el país.

Entre los desafíos que reconocen enumeran los retrasos en la ejecución de proyectos estructurales, los aumentos de costos, el elevado endeudamiento y la necesidad de mejorar los estándares de eficiencia, transparencia y control. La agenda que proponen pasa por fortalecer los gobiernos corporativos, elevar la productividad, asegurar una política de reinversión y promover la innovación.

El cierre del documento sitúa la discusión en el escenario internacional. Los economistas sostienen que el Estado, como dueño de Codelco y de parte de los yacimientos de litio, tiene una posición estratégica que otorga al país “autonomía y fortaleza en un contexto internacional convulsionado”, y que Chile posee además otros minerales críticos que aportan seguridad frente a los conflictos geopolíticos en curso.