Este lunes se inició la octava jornada de formalización en el caso Sartor, sesión en la que la defensa de Michael Clark, uno de los once imputados expuso durante cuatro horas.

En la primera parte de su presentación, el abogado Bernardo Rosenberg intentó separar a Clark del grupo financiero: el abogado afirmó que Clark no es socio de Sartor, no tuvo poderes, ni teléfono ni correo corporativo.

Argumentó también que el origen del caso radica en 2016 y 2017, “periodo crítico que desaparecen $30 mil millones. Los socios y el núcleo de Sartor participaron activamente en el destino de los fondos”, un “círculo de confianza” del cual su cliente no participaba. Con ello, Rosenberg aludía a las pérdidas generadas por la participación de Sartor en Emprender Capital.

A su juicio, el Ministerio Público concluyó que todos los directores de Sartor “habían ejercido abusivamente facultades para disponer de los bienes de los fondos, obligarlos y ejecutar actos contrarios al interés de los aportantes, con pleno conocimiento del perjuicio”, no obstante, retrucó, “la participación penal no se presume por el cargo. El dolo no se construye por pertenencia orgánica”.

En esa línea, explicó que las facultades que permitían suscribir contratos, comprometer activos, firmar pagarés, prórrogas de créditos, cursar operaciones y ejecutar transferencias, “estaban radicadas en los apoderados clase A, no en mi representado”.

Así, se detalló que para 2021, 2022 y 2023 los apoderados clase A de Asesorías e Inversiones Sartor eran Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Alfredo Harz, Oscar Ebel, Rodrigo Bustamante y Miguel León.

Por su parte, la abogada Karen Clark, hermana del imputado y que también integra su defensa, sostuvo que entre 2020 y 2021 las operaciones cursadas en Sartor eran mayoritariamente “nuevas, con un 62%”, mientras que en 2023 y 2024 la mayoría de las operaciones “tienen que ver con prórrogas, en un 60% y 67%, respectivamente. Este es un punto importante, las operaciones del 2023 suman 90. ¿Quiénes participaron en estas aprobaciones? De las 90, tenemos 88 aprobaciones de Pedro Pablo Larraín, 87 aprobaciones de Alfredo Harz, 52 operaciones Oscar Ebel, y 62 operaciones de Miguel León. Tenemos el mismo ejercicio, señoría, respecto de las 164 operaciones que se pulsaron en el año 2024″.

“En ninguna de esas operaciones participó Michael Clark”, enfatizó.

Azul Azul

Respecto de la situación del FIP Tactical Sport y la toma de control de Azul Azul, el Ministerio Público acusa a Clark de fraude a la omisión de OPA, lavado de activos y contrato simulado.

Según Rosenberg, la Ley de OPA busca proteger a los accionistas minoritarios ante un eventual premio para un accionista mayoritario por la venta de un paquete que entregue control sobre una sociedad, pero en el caso de la compra de cuotas del FIP Tactical Sport en 2024, que dejó a Clark como el mayor aportante con un 90%, “no se transó ninguna acción, sino que cuotas de un FIP, por lo que no se generó un premio por control y menos se afectó su liquidez”.

“El artículo 93 de la propia Ley Única de Fondos establece que queda prohibido realizar oferta pública de cuotas de los fondos de inversión privados. Esta prohibición tiene una consecuencia lógica: si la ley impide realizar una OPA respecto a este instrumento, es jurídicamente imposible construir un tipo penal sobre la omisión de ese acto. No se puede sancionar a nadie por no haber ejecutado lo que la ley le prohíbe ejecutar”, enfatizó.

Junto con ello, indicó que el Ministerio Público formaliza a Clark por una conducta que no se ha realizado, que es el que “fraudulentamente adquiere acciones. Llegaríamos al absurdo de que se hubiese lanzado una OPC (oferta pública de cuotas), eventualmente el Ministerio Público también lo hubiese formalizado”.

Rosenberg argumentó que el Ministerio Público sustenta parte de su imputación en la posición administrativa de la CMF, “pero la interpretación de un órgano regulador no es fuente del derecho penal”.

Respecto del delito de lavado de activos, el abogado apuntó que sólo se le imputa a Clark, “y no respecto de quienes son socios o tuvieron poderes de administración, de representación, que sostuvieron innumerables documentos”.

Rosenbeg sostuvo que la formalización sostiene que los fondos utilizados para financiar la adquisición de Azul Azul en el 2021 tienen su origen en actos de administración desleal, que afectaron a los fondos Táctico y Leasing, pero que “el problema del Ministerio Público es que mi representado no controla ningún eslabón de esa cadena”.

Así, el lavado de activos “exige que mi representado haya actuado a sabiendas de ese origen ilícito al momento de los actos de ocultación o disimulación. El dolo de lavado requiere conocer que el delito base se está cometiendo, y simultáneamente ejecutar actos de ocultamiento, los que deben ser coetáneos en el tiempo, y en este doble conocimiento simultáneo el tipo penal no se satisface”.

Sobre el punto, finalizó sosteniendo que Clark se reunió cuatro veces con el liquidador inicialmente designado por la CMF, Ricardo Budinich, para “buscar una solución a las deudas que mantenían los fondos públicos de Sartor. A tal punto que dichas conversaciones avanzaron, existieron borradores. Lamentablemente, por un cambio de liquidador a última hora, éstas no pudieron prosperar. Mi representado le ofreció incluso al liquidador de la época pagar la deuda con los fondos ¿Y el liquidador qué hizo? Se negó, ya que lo anterior hubiera implicado en un recupero real y cierto a los aportantes por un monto cercano a los $7 mil millones".

Este martes expondrán las defensas de Sergio Yáñez y Rodrigo Bustamante, para el miércoles iniciar las réplicas de la Fiscalía y los querellantes.