“Ministro, tenemos un problema”.

Era cerca del mediodía del miércoles 22 de julio y el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, había recién ingresado a la oficina del ministro de esa cartera, Claudio Alvarado.

En sus manos llevaba un papel impreso. Y su rostro daba cuenta de que no había buenas noticias.

Esa mañana había recibido un correo electrónico de Corthorn Health, laboratorio toxicológico que en mayo pasado se adjudicó en tiempo récord -18 días- una licitación con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), para detectar el consumo de drogas o sustancias psicotrópicas ilegales entre las máximas autoridades del país. Ministros y subsecretarios se habían realizado una toma de muestra de pelo en junio, y en su bandeja de entrada estaban los resultados.

Pavez se dio cuenta rápidamente de que había un problema. Entre los exámenes había uno positivo: el del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, brazo derecho del ministro de esa cartera, Jorge Quiroz.

En medio de días claves para la tramitación de la megarreforma -que el martes fue despachada por el Congreso y en la cual Rodríguez había jugado un rol importante-, la noticia cayó como un balde de agua fría. Estaban frente a una crisis.

Eso fue lo que ambos -Pavez y Alvarado- conversaron rápidamente, conscientes de que se trataba de una de las situaciones más complejas que enfrentaba la administración de José Antonio Kast en sus casi cinco meses de gobierno. Los dos sabían que el hecho implicaría una fuerte reacción por parte de Rodríguez, el afectado. Pero no contaban con el efecto búmeran que tuvo el caso, abriendo una nueva grieta entre la directiva republicana y La Moneda, que aún está lejos de cerrarse.

Horas de tensión

El mismo 22, La Moneda no solo tomó nota del protocolo administrativo para hacer frente a la situación. También zanjó en pocas horas el criterio político que terminó con Rodríguez fuera de Hacienda y con un lío político en ciernes.

Tras conocer la noticia por parte de Pavez, Alvarado se dirigió a la oficina del Presidente Kast. Esa tarde, el propio mandatario, junto con el biministro del Interior y Segegob, el jefe de los asesores del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval, y el director de Comunicaciones y Contenidos, Cristián Valenzuela, analizaron los distintos escenarios.

Quienes estuvieron cerca de esas conversaciones revelan que para el presidente no se trataba solo de aplicar un estándar administrativo. El problema era político.

Una fuente relata que en la mesa de análisis estuvo el fantasma de los errores cometidos por el gobierno de Gabriel Boric en octubre de 2024, con el caso del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, del que fueron muy críticos. No solo por la demora en comunicar la información a la ciudadanía -La Moneda tomó conocimiento de la denuncia de violación y abuso sexual el martes 15 de ese mes y solo la ratificó el jueves 17, presionada por la difusión de la noticia por el diario La Segunda-; también por no haberlo apartado de sus funciones.

“Era impensable que ese caso, aunque por situaciones totalmente distintas, no lo tuviéramos a la vista”, admite una fuente de Palacio.

En la evaluación pesaron, además, otros factores.

A la vista tuvieron el instructivo del 28 de abril pasado -dictado por la Contraloría- que establece que si el resultado del examen es positivo, el afectado lo puede aceptar o rechazar, lo que abre dos caminos. “En el primer caso, deberá someterse a los exámenes médicos destinados a determinar la existencia de dependencia, la cual deberá constar en una certificación médica. En el evento de rechazo del resultado, el interesado deberá manifestar formalmente su disconformidad y solicitar el análisis de la contramuestra, la que, de resultar nuevamente positiva, obligará a practicarse los referidos exámenes de dependencia”, precisa el órgano fiscalizador.

Pese a ello, políticamente no estaban en condiciones de mantener a Rodríguez en el cargo y esperar la contramuestra.

Motivos tuvieron varios: el temor a una filtración; a que se les acusara de encubrimiento; a que una fila de dirigentes de oposición empezara a exigir su salida y hasta correr el riesgo de una acusación constitucional. Tampoco podían poner en duda los resultados del laboratorio, porque ello implicaba que todos los negativos también eran erróneos.

Por otro lado, el jefe de Estado no podía arriesgarse a que le enrostraran que no estaba cumpliendo con sus exigencias de campaña sobre la realización de exámenes de drogas a nivel de autoridades y la salida de estas si resultaban con test positivos. En la de 2021 fue tan insistente con Boric, que este -en uno de los debates y para cerrar la discusión- llevó los resultados de un examen que se realizó en UC Christus, que demostraban que no era consumidor de sustancias ilícitas.

No solo eso. Antes de asumir este año, Kast exigió a sus ministros hacerse un test de pelo. Y él mismo se lo hizo, en forma voluntaria, el 8 de abril, en la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).

No había márgenes para otra medida, sentencia uno de los participantes en las conversaciones.

A las 16 horas de ese miércoles 22, Pavez llamó a Rodríguez para pedirle que cruzara desde Teatinos 120 -edificio en el que se ubica Hacienda- a La Moneda, porque tenían que decirle algo.

“Nos llegó esto”, le dijo Pavez, pasándole un sobre, en una reunión a puertas cerradas a la que se integró el ministro Alvarado. La situación no era fácil, especialmente para el jefe del gabinete, porque ambos habían estrechado relaciones durante la tramitación de la megarreforma.

“Es imposible, imposible”, fue la frase que repitió una y otra vez Rodríguez, al insistir que él no consume drogas; que se trataba de un error; que el examen que se había hecho en abril así lo demostraba y que estaba dispuesto a comprobarlo, a defenderse y a reivindicar su honra.

Alvarado y Pavez le expresaron que estaba en todo su derecho y que -según el instructivo de Contraloría- le correspondía pedir a Corthorn Health que analizara la contramuestra, cosa que fue resistida por Rodríguez, por falta de confianza.

Le insistieron, además, en que si bien creían en su versión, no podían hacer nada frente a ese documento y que lo que correspondía era que presentara su renuncia.

Rodríguez les respondió que quería hablar con el presidente. Esa misma tarde presentó su dimisión en una carta, al tiempo que fue recibido por el jefe del Estado en su despacho.

Al día siguiente, mientras el ahora exsubsecretario se realizaba el primer examen en la Clínica Indisa, proceso que siguió el 25 de julio en Fastest y el 27 de julio en UC Christus -todos terminaron con resultados negativos-, en La Moneda se afinaban los detalles sobre cómo se iba a dar a conocer la información.

Tenían que comunicarlo primero a los timoneles de los partidos, que esa noche se reunían con el Presidente Kast. Ese -dice una fuente- resultó, por una coincidencia, ser el mejor momento, ya que la cita estaba programada con antelación.

Uno de los más afectados era el ministro Quiroz, con quien el exsubsecretario cultivó una estrecha relación en estos meses y con quien ha seguido en contacto.

El abogado de 36 años, si bien es independiente -en 2021 compitió sin éxito por el distrito 7 de Valparaíso y Viña del Mar como convencional constituyente y luego como candidato a diputado en cupo UDI-, desde ese año es cercano a republicanos, aunque mantiene una buena relación con Chile Vamos. A ello obedece el respaldo que ha recibido desde ese bloque.

La noche del jueves 23 -comentan en Palacio- no fue fácil para Kast. Él mismo comunicó la decisión que había tomado a los presidentes de los partidos, mientras a las 21 horas con 59 minutos se difundía el comunicado oficial y Alvarado salía a leer ante la prensa una cuidada declaración para no dejar ningún punto fuera. “El gobierno ha establecido un compromiso claro de actuar con total transparencia. Y si bien este resultado no es definitivo, esta notificación legal nos obliga a actuar en consecuencia. El gobierno agradece la labor desempeñada por el exsubsecretario de Hacienda”, sostuvo ese día, al insistir en que el examen de abril había salido negativo.

La escalada

El asunto parecía haberse cerrado bien. Pero lo cierto es que -tras bambalinas- el hecho volvió a tensionar las cosas con el Partido Republicano, en cuyas bases -afirman dirigentes- cunde la incomodidad con el rumbo del gobierno.

El presidente de la tienda, Arturo Squella, eligió plantear la molestia por las decisiones del gobierno sobre Rodríguez la mañana del sábado 1 de agosto, en un chat privado que reúne a unos 200 exintegrantes de la Fundación Jaime Guzmán.

“Por la irresponsabilidad de unos pocos dejan a todo el gobierno mal, impávido frente al daño que sufre un colaborador”, escribió el senador en el mensaje filtrado por Ex-Ante. “Sería bueno que @maxpavez pidiera perdón a Juan Pablo por el desdén frente al caso, por los trascendidos maliciosos que circulan contra JP y por la irresponsabilidad frente a todo el proceso delicado por definición”, estampó, recibiendo el apoyo de otros integrantes, como Marcela Cubillos y Gonzalo Cordero.

Fuentes republicanas comentan que el senador estaba molesto por la supuesta negativa de Pavez a solicitar al laboratorio los datos específicos del examen en la trazabilidad y en la concentración de las sustancias ilícitas detectadas que le había solicitado el exsubsecretario. De hecho, el propio Rodríguez había comentado en su entorno que el gobierno, el laboratorio y Senda lo habían dejado prácticamente a ciegas en términos de información.

El emplazamiento sorprendió a Pavez, quien le respondió en privado a Squella, con quien mantiene una amistad desde que estudiaban Derecho en la UC. De hecho, ambos estuvieron en sus respectivos matrimonios.

Lo anterior, porque el propio subsecretario del Interior reveló que sí hizo una gestión. “Yo escribí un correo electrónico pidiendo más detalles (al laboratorio). Toda la información que me llegó yo se la reenvié al subsecretario de Hacienda. Si la información que a mí me llegó del laboratorio (...) satisface o no la pretensión de información, no es algo que me compete a juzgar”, afirmó el miércoles en radio Infinita, al insistir en que su accionar se ha ajustado a las bases del contrato de licitación con Corthorn Health y a los dictámenes de la Contraloría.

El domingo, el senador volvió a la carga en el chat, después de la entrevista que Rodríguez concedió a Mesa Central, donde cuestionó -sin identificar- la idoneidad de algunos personeros de gobierno. “Ahora resulta que están molestos porque alguien defienda su honor. Si no sale esa gente inmoral del gobierno, nunca se podrá despegar”, sostuvo.

Semana al rojo

El lunes 3, Squella se ausentó del comité político, pero su enfrentamiento con el gobierno sólo se atizó.

La gota que rebasó el vaso -revelan en el oficialismo- fue el rápido anuncio por parte de La Moneda de que ingresarían una reforma constitucional para normar futuros casos positivos en test de drogas de funcionarios de gobierno, lo que implicaría el cese en sus cargos. Así, mientras en los partidos defendían que Rodríguez pudiera reintegrarse al gobierno, Palacio parecía dar una señal contraria. Y -alegan en las colectividades- sin haberles consultado antes y con una premura que obligó a La Moneda a incluir después en la lista al Presidente de la República, a los jueces y a otras autoridades que no habían sido consideradas para esos exámenes.

Mientras en republicanos le asignaron la medida al Segundo Piso, equipo con el que el propio Squella ya había tenido un duro round en abril, en La Moneda tienen claro que el senador vio en la reforma una iniciativa contra Rodríguez, pero que lo que buscaban -como Ejecutivo- era fortalecer los principios de transparencia y probidad en la función pública.

Una fuente de gobierno sostiene que “nos habíamos comprometido a regular esto, porque el procedimiento tiene que tener un respaldo legal (muestra y contramuestra) y porque queríamos radicar esto en el Congreso, con una discusión acelerada”.

La escalada llevó a Squella a enfrentarse también con Alvarado, luego de que este último dijera que el senador “tiene que aprender a separar los sentimientos de las decisiones”. Punto que fue retrucado por el aludido diciendo que “desde el momento que alguien actúa tomando decisiones al margen de lo que cree correcto, es mejor que se busque otra actividad”.

En La Moneda no se oculta que el estilo Squella -quien fuera uno de los hombres de mayor confianza del presidente- ha provocado incomodidad.

Las tensiones no han sido pocas. Entre ellas, el choque protagonizado con el jefe de asesores del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval, por los errores de coordinación; el apoyo del partido a la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau, sin previa coordinación con Chile Vamos; el respaldo al indulto de exuniformados en el contexto del 18 de octubre de 2019; el apoyo al proyecto de los nacional libertarios “Escucha su corazón”; la eliminación del INDH y la privatización de Codelco, aunque luego matizó sus dichos.

En La Moneda, y en Chile Vamos, no comprenden cómo el presidente del principal partido de gobierno sea quien genere polémicas que impactan la agenda del Ejecutivo.

La conclusión es que Squella -quien se va a repostular en diciembre para la presidencia del partido- está presionado, porque sus bases no están conformes con el rumbo que ha tomado la administración Kast.

Una fuente revela que esta semana el propio presidente Kast tomó cartas en el asunto y que trató el tema -en varias ocasiones- con el senador, en las que lo llamó a evitar los enfrentamientos públicos y a tener una mejor coordinación a nivel de oficialismo, tal como se lo había manifestado después del choque frontal que tuvo con Irarrázaval. Un asunto que resquebrajó las relaciones entre él y el jefe del Estado y que se limó -tiempo después- un fin de semana en Cerro Castillo.

En el partido son enfáticos en respaldar el accionar de su timonel, pues sostienen que el gobierno más parece un “Piñera3″ -administración de la que fueron detractores- y que la actitud de Squella ha permitido mantener en esas filas a unas bases que exigen cambios más drásticos.

La postura del senador es clara. Según ha confidenciado a sus cercanos, una cosa es La Moneda y otra es el partido; que la primera tiene una fecha de término de cuatro años y que la proyección del segundo es más extensa; que esa tienda no puede perder identidad, y que tienen el deber de impulsar aquellas iniciativas que consideran relevantes y colocarse, también, detrás del gobierno cuando este zanja. Y que en todos los casos, incluido el del exsubsecretario Rodríguez, él ha actuado por principios, en defensa de lo que cree correcto, independientemente de si eso le acarrea costos políticos.

Como sea, el episodio terminó cerrándose esta semana, cuando Alvarado encaró el tema directamente con Squella, quien terminó alineándose con La Moneda. “Yo doy por cerrado el tema, nos ponemos detrás de la decisión del presidente y del gobierno”, sostuvo el timonel republicano. Y para que no quedaran dudas, ambos graficaron el término de las controversias sentándose uno al lado del otro el martes 4, día de la aprobación del último artículo de la megarreforma.

Lo mismo hizo la tarde del jueves con Pavez.

El punto es que el episodio demuestra -para algunos- lo difícil que sido para la administración Kast alinear a los propios. Y que no es claro si con esto, el partido del presidente terminó de limar asperezas con La Moneda.