“Presidente, ¿qué está pasando con el tema de los indultos? Esto me tiene preocupado, porque fue un compromiso de campaña y hasta ahora no ha pasado nada”.

La noche del martes 7 de julio fue el senador por la Región del Maule Ignacio Urrutia quien hizo una de las preguntas más esperadas durante la cena en Cerro Castillo que ofreció el jefe del Estado a 29 de los 31 diputados -faltaron dos-, cinco senadores y directivos del Partido Republicano.

Sin pausa, Urrutia le hizo ver que junto a los funcionarios afectados por el estallido había una serie de uniformados, adultos mayores, que se estaban muriendo en las cárceles y que ni siquiera a ellos se les había indultado.

“Me preocupa que esto no avance con la rapidez que se necesita”, remachó.

La tienda venía saliendo de una semana de rudas recriminaciones con sus socios de Chile Vamos, tras el fracaso de la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau, rechazada con votos de la propia derecha. El presidente -tras reunirse el viernes 3 con cuatro timoneles del oficialismo- había definido tomar el control para intentar ordenar a las huestes y pedirles a los suyos que evitaran conflictos con Chile Vamos.

Pero en el encuentro -que duró cerca de cuatro horas y en el que comieron ceviche, peras al vino y croissants- los republicanos también plantearon las temáticas que, a cuatro meses de iniciado el gobierno, les siguen inquietando. Una de ellas es el tiempo que La Moneda se ha tomado para otorgar indultos a funcionarios militares y policiales condenados por hechos ocurridos durante el estallido social, un asunto al que se comprometió Kast durante la campaña y que refrendó tras asumir como presidente.

La pregunta fue directa. Pero Kast no aludió a plazos ni a casos específicos. Tampoco se refirió al proyecto de indulto general que presentaron los nacional libertarios en el Senado, que cuenta -además- con la firma del timonel republicano, Arturo Squella, lo que ha atizado aún más la discusión.

Pero sí fijó posturas.

Según comentan varios presentes en la cena, les dijo que el indulto es una atribución del presidente; que él va a ejercer esa facultad y que lo hará caso a caso, pero con la información objetiva que le entregue el Ministerio de Justicia. Y sin establecer plazos les advirtió que se va a pronunciar cuando corresponda.

En Palacio se asegura que el tema no está en la agenda de este momento (todos los esfuerzos están concentrados en la megarreforma) y que los casos están radicados exclusivamente en el ministro Fernando Rabat. Una tarea que tiene bajo su responsabilidad desde que aceptó integrar el gabinete.

Una fuente que formó parte de la entonces Oficina del Presidente Electo (OPE) recuerda que Kast fue claro en el mandato que en ese tiempo le otorgó al abogado: “En este tema, usted es el que manda. Usted es quien lo va a analizar, usted va a tener este proceso y usted lo va a sacar adelante”.

La decisión apunta a prevenir errores.

El propio presidente y su entorno han revisado una y otra vez la crisis que se desató a fines de diciembre de 2022 durante la administración del expresidente Gabriel Boric, cuando este concedió 13 indultos -algunos transversalmente cuestionados-, los que terminaron con la intempestiva renuncia de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y del jefe de gabinete de Boric, Matías Meza-Lopehandía, uno de los hombres de mayor confianza del exmandatario.

Aunque en este caso se busca indultar a uniformados -lo que entre los republicanos es leído como un espaldarazo directo a las policías y FF.AA., un tema clave para la derecha-, no han sido pocos los dirigentes que le han planteado a Kast que hacerlo es siempre problemático y que los niveles de respaldo en torno al 38%, unidos a una situación económica compleja y a una agenda ambiciosa, no le permiten realizar acciones de alto riesgo.

Para los republicanos -sin embargo- este es un tema que está en el alma del partido y que debe resolverse a más tardar este año.

Tres son los casos que tienen en los primeros lugares de la lista: el del excapitán de Carabineros Patricio Maturana, condenado a 12 años de cárcel por apremios ilegítimos y lesiones graves gravísimas tras disparar la bomba lacrimógena que dejó sin visión a la senadora Fabiola Campillai en noviembre de 2019. Pidió el indulto el 12 de marzo, un día después de la asunción de Kast, y hoy se encuentra bajo el beneficio de salida los sábados y domingos. Un hecho que ha cuestionado la senadora.

Luego viene el caso del exconscripto de La Serena Carlos Robledo -quien solicitó el indulto el 19 de marzo-, condenado a 10 años de cárcel por el delito de violencia innecesaria con resultado de muerte de Romario Veloz. Su caso lo mencionó Kast a fines de junio como argumento para rechazar las peticiones de alcaldes de sacar a militares a las calles para enfrentar la delincuencia. “¿Qué pasó con ese joven, de 18 o 19 años, que estaba haciendo el servicio militar? Sigue preso”, enfatizó.

La tríada la completa el capitán de Carabineros Pablo Andrés Carvajal Díaz, condenado a siete años de cárcel, en calidad de autor del delito consumado de apremios ilegítimos calificados en contra de un joven que perdió un ojo durante el estallido social. El 25 de junio llegó a entregarse, hasta el Centro de Justicia, vestido con el uniforme institucional y acompañado por el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser; por el diputado republicano Sebastián Zamora y el exuniformado Claudio Crespo.

Kaiser ha sido especialmente duro en este tema. No solo afirmó que “me cuesta contener la ira”, al cuestionar a su par de la UDI, Guillermo Ramírez, por rechazar la idea del indulto general, sino que no ha dudado en criticar directamente a Kast. “No ha hecho nada”, ha dicho.

Sobre el jefe del Estado pesa -dicen- su postura durante la campaña.

“Si van a votar por mí, tengan claro que a los carabineros que hoy están siendo perseguidos o condenados por temas del estallido, yo los voy a indultar. ¿Y eso va a generar polémica?, sí”, sostuvo en marzo del año pasado, en una de las tantas entrevistas que concedió en medio de la contienda electoral.

Ese mismo mes visitó a Maturana en la Cárcel de Molina, donde grabó un video -que subió a las redes el 30 de ese mes- en el que sostuvo que el exfuncionario fue condenado por “cumplir con su deber en medio del caos” y se comprometió “a estudiar todos los antecedentes y, si corresponde, impulsaré un indulto particular, porque el presidente de la República tiene el deber de corregir cuando la justicia ha sido reemplazada por el sesgo y la ideología”. Un cuestionamiento al Poder Judicial que ahora no formula y que se atribuye al soporte jurídico que le ha dado Rabat a la discusión.

Pero ese cambio irrita al ala más dura de la derecha, que ve en esa postura una reedición de lo que tanto le criticaron al expresidente Sebastián Piñera en esta materia.

Para republicanos el tema no solo impacta a su electorado, sino que también a parlamentarios de sus propias filas. Entre ellos, al diputado Sebastián Zamora, excabo de Carabineros que fue acusado de provocar la caída de un adolescente de 16 años desde el Puente Pío Nono hacia el río Mapocho, durante un operativo policial realizado el 2 de octubre de 2020, por el que fue absuelto. A la diputada Valentina Becerra, esposa de un carabinero que fue atropellado durante un control policial. Y a Enrique Bassaletti, quien se desempeñaba como jefe de la Zona Este de Carabineros para el estallido y que en medio de esta discusión se ha alineado con La Moneda. “Más que una ley de indulto general, soy partidario de hacerlo caso a caso y no correr riesgos”, dijo a principios de este mes a La Tercera.

La mano de Rabat

Muchos en el gobierno atribuyen que Kast dejara de criticar a los tribunales a la injerencia del ministro Rabat. Antes de entrar al gabinete, el abogado no conocía personalmente a Kast -el primer contacto que tuvieron fue la llamada telefónica que le hizo para invitarlo a integrarlo-, pero han sintonizado y se juntan en forma permanente. Con frecuencia el ministro atraviesa -en las primeras horas de la mañana- hacia el despacho presidencial a tomar un café o lo acompaña en los trayectos hacia algunas actividades.

Su trayectoria -en todo caso- no era desconocida. El abogado de la Universidad de los Andes, de 53 años y sin militancia política, era socio de la firma Rodríguez, Vergara y Cía., a la que ingresó en 1993 como procurador. En esa condición formó parte del equipo que se encargó de la defensa del exgeneral Augusto Pinochet en causas como la Operación Colombo y el caso Riggs, procesos por los que su nominación generó el rechazo de las organizaciones de derechos humanos.

Rabat es descrito como un hombre serio, apegado estrictamente al Derecho y celoso de sus funciones.

Entre las primeras recomendaciones que le hizo al jefe de Estado fue que el análisis fuera caso a caso, es decir, de acuerdo al mérito de los antecedentes; que no se cuestionaran las sentencias judiciales y que no se concedieran indultos a cuentagotas.

En la primera o segunda reunión del equipo de Justicia que tuvieron en marzo, después de la asunción, Rabat entregó a su entorno dos instrucciones de prohibición absoluta. La primera fue que no debían involucrarse en temas de nombramientos, en vista de la crisis que ha golpeado al Poder Judicial por el caso Audios y otros; que esa tarea quedaba radicada exclusivamente en el jefe de la División Judicial, Patricio Cuevas, y que si alguien proponía un nombre, esa persona quedaría inmediatamente vetada.

Las medidas de seguridad han sido tales que se instaló un huellero en la zona de acceso a esa división, para impedir el ingreso de personas no autorizadas.

Y la segunda restricción fue justamente el tema de los indultos. “No quiero que nadie pregunte por los indultos ni se inmiscuya en ese tema”, les dijo al informarles que la única persona encargada era Fabiana Castro, jefa de la División de Reinserción Social. “Nadie más”, recalcó.

De hecho, comentan que este tema lo analiza en su oficina a puertas cerradas. No permite que nadie ajeno esté presente.

El hermetismo es absoluto. El único antecedente que se transparentó sobre los casos lo entregó el 14 de abril el propio ministro ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que preside la senadora Campillai. En esa oportunidad sostuvo que hay 28 solicitudes de indulto pendientes; 20 de ellas anteriores al 11 de marzo de este año y ocho posteriores. Y que de los ocho, hay cinco casos que tienen que ver con el estallido social y tres que no están vinculados a esas materias.

Ante una consulta de La Tercera al ministerio sobre si ha habido cambios en las cifras, la respuesta fue que todo está bajo reserva.

Esta semana, sin embargo, Informe Especial, de TVN, reveló el primer caso de indulto rechazado por el gobierno de Kast, a un condenado de 71 años -de iniciales J.H.C.B.- por abuso sexual en contra de una menor de 14 años.

“En atención a que la petición del beneficio se funda en razones de salud, la autoridad que suscribe estima que en la especie no se configura un caso calificado en los términos del artículo 6° de la Ley N°18.050, de 1981, que Fija las Normas para Conceder Indultos Particulares (...). No ha lugar”, precisa el documento -obtenido por Ley de Transparencia-, firmado el 28 de abril por el ministro Rabat y el subsecretario de Justicia, Luis Silva.

En La Moneda se sostiene que el foco principal está puesto -en todo caso- en los funcionarios afectados por el estallido, no en los casos de violación a los derechos humanos cometidos a partir del 11 de septiembre de 1973.

Distancia con el indulto general

El mismo martes 30, día en que republicanos y Chile Vamos se enfrentaron por la fallida acusación constitucional en contra de Grau, ingresó por el Senado el proyecto de indulto general para liberar a todos los uniformados condenados por distintas causas durante el estallido social de 2019, lo que abrió un nuevo flanco entre ambos bloques. Lo anterior, por el impacto que eso podría tener en la tramitación de la megarreforma y porque siguen viendo a los republicanos a la saga de los nacional libertarios -impulsores del texto- para no perder el voto duro.

Fuentes de Palacio sostienen que la estrategia de La Moneda permanece inalterable.

“Hasta ahora, la única ley vigente es la que faculta al presidente para el otorgamiento de indultos particulares. No hay otra vía”, dice un integrante del gobierno. Y que el derrotero que sigan otras iniciativas en el Congreso va por otras cuerdas.

Admiten -sin embargo- que el asunto genera ruido. Y que no son cómodos los constantes emplazamientos que se hacen desde el Partido Nacional Libertario para que Kast cumpla su promesa de campaña.

“En esto no estamos dispuestos a ceder: aquí hubo promesas claras de indulto durante el reciente proceso electoral y llegó el tiempo de las definiciones”, afirma a La Tercera la senadora Vanessa Kaiser (PNL), la principal impulsora del proyecto.

Pese a que La Moneda ha mantenido distancia frente al texto, en el gabinete hay quienes ven con buenos ojos apartar este tema de la actual administración. De hecho, un ministro confidencia que si llegado el momento la vía legislativa prospera, el problema lo resuelve el Congreso. Mientras desde RN plantean una opción alternativa: la modificación de la norma contra apremios ilegítimos en el Código Penal, lo que beneficiaría -según el diputado RN Diego Schalper- a una serie de condenados.

La tramitación del indulto general no se ve fácil. El gobierno no está dispuesto a ponerle urgencia y su ingreso por el Senado le da bajas expectativas para un avance.

“Viabilidad política y parlamentaria es muy difícil. Al ser un proyecto de ingreso obligatorio por el Senado, donde no tenemos mayorías, las posibilidades de aprobación son muy bajas”, advierte el diputado RN Francisco Orrego.

En la administración Kast se admite que el escenario no está exento de complejidades. De hecho, algunos parlamentarios de Chile Vamos le han advertido al presidente que la batalla comunicacional será cuesta arriba; que los indultos terminan empañando la gestión y que se tiene que sopesar muy bien el momento político. A lo anterior se suma que en el Congreso hay muchos que no están dispuestos a asumir la carga de aprobar una ley de indulto general por la sensibilidad del tema.