Hay una duda bastante razonable que se está instalando en aquello llamado “sentido común”, una abstracción a la que se suele recurrir para justificar ideas conservadoras. La duda es si realmente el gobierno del Presidente José Antonio Kast sabe cómo hacer crecer la economía, una de las principales promesas de campaña, si respecto de la seguridad el gobierno no tiene un plan concreto para mejorarla, como ha quedado demostrado. En seguridad el panorama se ha balanceado entre la confusión y el esperpento, con el debut a tropezones de la ministra Trinidad Steinert, que provocó una crisis institucional en la PDI. Lo que siguió a esa primera crisis no ha sido para mejor. Esta semana se hizo público que un socio de la ministra Steinert -su exmarido- sostuvo la defensa de un narcotraficante, y que Ana Victoria Quintana, la subsecretaria de Prevención del Delito, había representado como abogada a una banda criminal dedicada a los portonazos y las encerronas. La ministra explicó que la sociedad con su exmarido no “tiene movimiento” desde hace años, en tanto la subsecretaria Quintana dijo que ella solo concurrió a un trámite específico por el caso referido como un favor a un amigo abogado que estaba a cargo del asunto y no podía acudir por enfermedad. El problema es que la vara fijada por el propio gobierno en ejercicio cuando tuvo el rol de oposición era muchísimo más exigente con sus adversarios: ni siquiera los logros estadísticos en criminalidad eran considerados como avances.

Hasta ahora el gobierno no tiene nada que exhibir en seguridad, solo sequía legislativa sobre el tema y declaraciones desafortunadas a la prensa, entre otras, la de la subsecretaria Quintana, quien en una entrevista en TVN sostuvo que su rol era dar información sobre los homicidios cometidos para que “la ciudadanía pueda tomar las medidas que dentro de su libertad estime convenientes, porque yo no sé por qué se trata de establecer como si el Estado tuviera que dirigir la vida de las personas”. Nunca aclaró qué decisión puede tomar un ciudadano común -rico, pobre, de derecha, de centro o de izquierda- para evitar un homicidio, o peor que eso, impedir que lo mate un delincuente. Bajo ese razonamiento el rol del Estado y de las policías debería restringirse al mínimo, dejando el peso de la responsabilidad en enfrentar la delincuencia sobre los hombros de los ciudadanos: “No nos interesa infantilizar a la gente”, puntualizó la subsecretaria.

El desempeño económico tampoco da señales de un plan claro para esa gran mayoría que votó por el Presidente Kast. De momento, el respaldo a cada anuncio -uno más amargo que el anterior- no lo ha encontrado entre ese ciudadano común al que apelaba en campaña, sino en determinados sectores, minúsculos, pero poderosos. Este es el camino adecuado, señalan economistas cercanos al gobierno, mientras la inflación va en alza y la única promesa de alivio para la mayoría es un eventual chorreo que llegará en un momento indeterminado. Lo más nítido a corto plazo es el empeño por cumplir con el recorte fiscal de seis mil millones: una columna vertebral que se revela en la forma de una hernia que duele y paraliza, dos efectos totalmente contrarios a la idea de esperanza de un lema como el “Todo va a estar bien” con el que se instaló el actual gobierno. Aun más, tras la filtración del Oficio 16 con los recortes planificados por el Ministerio de Hacienda, la única señal posible de deducir es que todo estará peor, comenzando por la cantidad de programas sociales que eventualmente serían eliminados o cuyos fondos serían disminuidos. Tampoco contribuye a la calma la desorientación exhibida por las autoridades a cargo que intentan explicar, matizar o negar lo evidente. Que la explicación del gobierno para el Oficio 16 consistiera en que Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, comparase la filtración a la prensa de documentos de interés público con violación de correspondencia amorosa privada, y luego reflexionara sobre el significado real de las palabras “descontinuar” -ocupada en los documentos- y “reformular” solo alimenta la desconfianza. Tanta desprolijidad semántica resulta curiosa viniendo de un gobierno que ha sido extremadamente quisquilloso con que se le nombre de “ultraderecha”, pese a la cercanía que mantiene con líderes como el húngaro Víktor Orban, el español Santiago Abascal y el brasileño Jair Bolsonaro. Las autoridades podrían haberse conducido con los mismos escrúpulos de lenguaje a la hora de sostener que recibían un país “quebrado”, o en el momento de firmar oficios en donde 142 programas estatales destinados a solucionar problemas sociales aparecen afectados. Los planes sociales podrán desaparecer, las promesas de campaña no, tampoco los problemas que justificaban su existencia. Las personas beneficiadas por los planes que serán “reformulados” seguirán ahí, solo que ahora en peores condiciones. Pasar del eslogan “Te amo PGU” a proponer su recorte es posible que sea tomado como una burla cruel por millones de chilenos.

Faltar a las promesas tiene consecuencias. De momento, la más contundente es el desplome de la popularidad del gobierno y de los ministros a cargo de las áreas más sensibles: Seguridad y Hacienda. Según la última encuesta Cadem, solo un 8% de los encuestados cree que el Estado pasa por una situación fiscal crítica, el principal argumento del gobierno para justificar sus recortes. Es decir, la mayoría no solo dejó de apoyar al presidente, sino que no cree en la razón esgrimida para tomar las medidas en curso. El panorama indica que el desorden comunicacional del oficialismo no es más que un síntoma de un vacío que no se remedia con mensajes sin contenido, ni con hipérboles catastróficas que culpan de todo al adversario, ni con la peregrina idea de que gobernar un país es similar a gerentear una empresa privada, aunque el sentido común indique lo contrario.