Días después del cambio de mando y en relación con los anuncios sobre los recortes presupuestarios anunciados por el gobierno y el alza inminente en el precio del combustible, la conductora de un programa matinal de televisión reflexionaba en pantalla sobre el significado de las decisiones anunciadas por las nuevas autoridades. La periodista comparó el escenario político con el de una familia cuyos hijos han estado durante un tiempo viviendo a su antojo, despilfarrando recursos en una fiesta permanente hasta que un día llega el padre y la fiesta se termina, porque él viene a poner orden y hacer ajustes incómodos para pagar tanta celebración. Entonces no quedaba más que resignarse.

Me pareció interesante la reflexión de la conductora, porque asumía, como sentido común, un cúmulo de generalizaciones erróneas, falaces y contradictorias que, como es usual en esos espacios, nadie contradijo. La primera, y más evidente, es que los chilenos hemos vivido en jauja durante los últimos años, gozando de una farra que llegó el momento de saldar. La segunda, comparar relaciones familiares con un orden político: una familia no es una democracia, ni tiene por qué serlo; la autoridad de un presidente sobre la ciudadanía no es equivalente a la de un padre o una madre sobre sus hijos; la naturaleza de las relaciones y vínculos dentro de un espacio privado de parentesco es diferente a la de los ciudadanos con sus instituciones políticas. El tercer elemento es inhibir por defecto la capacidad crítica frente a una decisión simplemente porque la autoridad así lo decidió. Con el correr de las semanas he concluido que la conductora del matinal elaboró en vivo y en directo un razonamiento que, con todos estos reparos, quizás debe ser compartido dentro del mismo gobierno, canalizó de modo espontáneo una manera de mirar el mundo que ahora es la que está en el poder, que arranca con el simbolismo de la pareja matrimonial que llega a residir en el Palacio de Gobierno, fundiendo lo público con lo doméstico. Los adultos responsables llegando a poner orden. El problema de esta suerte de cuadro vivo es que hasta el momento lo que se ha anunciado han sido solo lecciones, castigos y penitencias para la población: recortes de fondos, despidos y una alharaca sobre una supuesta quiebra del Estado que debió ser aclarada al punto de que el gobierno apareció corrigiéndose a sí mismo. Los mensajes contradictorios se multiplican. El mismo simbolismo de la pretendida modestia y sencillez que significaría -según el actual oficialismo- la mudanza del presidente y la primera dama a La Moneda, que volvieron a usar el Palacio de Gobierno como residencia, es difícil de leer como tal si consideramos que para la inmensa mayoría de los chilenos vivir cerca de su trabajo no es algo sobre lo que puedan decidir. Tampoco contratar los servicios de una diseñadora de interiores. Quienes deben viajar diariamente durante horas en transporte público para cumplir con su jornada no lo hacen porque eligieron vivir en la periferia. Para ellos esa mudanza, más que un gesto de austeridad, es uno que demuestra el privilegio de quien cuenta con más de una residencia disponible. Naturalmente el presidente estaba en todo su derecho de hacerlo, pero el problema es pretender enviar un mensaje sin pensar en el punto de vista de quienes lo reciben: apuntar al norte mirando al sudeste, una actitud que cobra la dimensión hiperbólica acostumbrada del programa Sin Filtros -la cantera de liderazgo de la nueva derecha en el poder-, con la promesa de orden repetida durante la campaña y las muestras de desorden exhibidas hasta el minuto.

La imagen de la vocera Mara Sedini escapando de los periodistas por las escaleras de La Moneda en una secuencia absurda ilustra el principal rasgo de las primeras semanas de instalación del gobierno del Presidente Kast: anuncios con forma de garrotazos en medio de un gran desorden de fondo y ninguna señal sobre cuál es el plan para seguir. El gran relato de un país en emergencia se reveló como una escenografía sin profundidad, que solo contemplaba la enumeración de latigazos en forma de decretos, eliminación de fondos y despidos, pero una inexistente capacidad de ofrecer un horizonte más allá de la certeza de que en el futuro inmediato todos seremos más pobres.

Lo más sorprendente de este período es el desbarajuste provocado tras la remoción de Consuelo Peña, la jefa de Inteligencia de la PDI. La decisión la habría tomado Trinidad Steinert, ministra de Seguridad, pero las razones permanecen en una duda que lejos de aclararse crecen de manera bochornosa. Esta crisis no sólo resquebrajó la confianza en el trabajo policial sobre el crimen organizado, sino que avanzó hasta dejar en una situación incómoda al propio director de la policía. El desaguisado institucional en curso amenaza con debilitar a la PDI, justamente lo contrario a lo que se esperaría de un gobierno elegido para reforzar su labor. Ni siquiera el anuncio de que el gobierno se retractó de recortar recursos a Carabineros compensa el desbarajuste.

Durante los últimos años el sector político que representa el Presidente Kast había insistido en considerar como propio el ámbito policial, dando a entender que existía un plan de seguridad pública de escrupulosa confección tan listo para echar a andar en cuanto asumiera el poder, como se suponía lo estaba la estrategia para sacar del país a los migrantes indocumentados. Nada de eso ha ocurrido. Quizás en algún momento, cuando la vocera en el cargo o las vocerías de reemplazo tengan más claro cómo van a cumplir lo prometido, decidan compartir con claridad con la opinión pública cuál es el horizonte que proponen, para lograr así entender qué nos brindará el gobierno, además de lecciones sobre la resignación en tiempos de vacas flacas o las bondades de encoger el Estado desde dentro cobrando sueldos de excepción.