Cerca del 80% de las exportaciones de Chile se explican por cuatro industrias: minería, forestal, acuicultura y fruticultura. En los últimos 15 años, la demanda global ha aumentado significativamente más que lo que Chile ha sido capaz de expandir su producción, perdiendo en todas ellas una importante participación de mercado. Si comparamos los volúmenes de producción de la minería del cobre o del salmón atlántico en Chile y el mundo; o analizamos el crecimiento en exportaciones de frutas desde nuestro país y a nivel global durante esta década y media, la conclusión es desoladora: nuestras industrias han registrado crecimientos muy inferiores a los promedios globales en todas ellas. En el caso del sector forestal, la superficie plantada ha decrecido en cerca de un 10%, evidenciando el debilitamiento de esta industria.

Cuando uno proyecta las mega-tendencias para la demanda de estos bienes, es evidente que nuestra matriz de exportaciones sigue siendo atractiva para el mundo y los requerimientos por estos productos seguirán creciendo, lo que descarta la tesis de que nuestro modelo de crecimiento está agotado. No pretendo sostener aquí que no es necesario y útil diversificar nuestra matriz de productos y mercados, sino simplemente confirmar que nuestras industrias tradicionales, tan denostadas por algunos en la última década, tienen el potencial de seguir siendo un importante motor de desarrollo y bienestar para el país y sus habitantes. En esta línea son particularmente interesantes los datos en exportación de servicios: en 2025, por primera vez, Chile superó los US$3.000 millones en ventas de servicios al exterior. Y el primer trimestre de este año, estos aumentaron un 18% en comparación a igual periodo de 2025, situándose por sobre los US$1.020 millones.

Nuestra economía posee ventajas competitivas asociadas principalmente a sus recursos naturales y un creciente atractivo por servicios tecnológicos. Lamentablemente, en la última década de muy bajo crecimiento económico este potencial no se ha desplegado, nuestras industrias han perdido fuerza, cediendo terreno a otros competidores, mientras que, en servicios, si bien crecen, su aporte aún es muy acotado y su profundización no ha sido protagonista del debate.

El diagnóstico en torno a esta situación abarca múltiples factores que incluyen estabilidad política e institucional; seguridad para las personas y para las empresas; desarrollo, captación y retención de capital humano en todos los niveles; eficiencia y eficacia en el sistema de otorgamiento de permisos; competitividad tributaria; entre otros. Frente a ello, quiero compartir dos reflexiones en algunas de estas condiciones habilitantes que pueden contribuir a que esos sectores productivos recuperen su musculatura y capacidad productiva.

En primer lugar, es urgente reformar completamente la ley de bases ambientales para generar un marco normativo acorde a los desafíos actuales. Nuestra actual legislación está obsoleta y no basta con introducirle adecuaciones específicas. Es necesario que instauremos un nuevo marco que establezca exigencias claras, previsibles y estandarizadas para los proyectos. Eliminando la arbitrariedad actual de las diferentes autoridades que participan en la evaluación; que se ordene e institucionalice la participación ciudadana, garantizando que la voz de las comunidades que se encuentran dentro del área de influencia de un proyecto sea escuchada en tiempo y forma, junto con contener la intervención interesada de terceros no directamente afectados por los proyectos. Finalmente resulta imprescindible otorgar certeza jurídica a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de los proyectos de cara al inversionista, evitando la peregrinación por instancias judiciales que finalmente y después de largos y costosos juicios pueden terminar fallando la invalidación de los permisos otorgados.

En segundo lugar, para atraer inversión se requiere contar con un régimen tributario que sea moderno, competitivo, sostenible y que simplifique el cálculo y pago de los impuestos. No se trata sólo de discutir sobre la tasa del impuesto corporativo, del IVA o de las exenciones que se mantienen y las que se eliminan. Debemos mirar nuestro sistema de forma integral y diseñarlo para que sea un facilitador de la inversión y no una carga imposible para los contribuyentes.

Un dato para la reflexión: si entre 2011 y 2024, las cuatro industrias que mencionaba al inicio hubieran crecido a la tasa mundial de cada una, en 2025 habrían aportado entre US$20.000 y US$30.000 millones en exportaciones al país y entre US$4.000 y US$6.000 millones de mayores recursos fiscales, más de lo que han recaudado todas las reformas tributarias juntas.

*El autor de la columna es director de empresas