Es natural que en Chile el debate sobre los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos se haya concentrado en sus efectos sobre nuestras exportaciones. Esa discusión es indispensable y el gobierno ya se encuentra desplegando esfuerzos diplomáticos y comerciales para resguardar los intereses del país. Pero detrás de esa coyuntura hay una pregunta de alcance mayor: ¿qué está ocurriendo con el sistema de comercio internacional que ha sustentado la economía mundial durante las últimas ocho décadas?

Tras la Segunda Guerra Mundial, los Estados aceptaron, mediante tratados, limitar el ejercicio de su soberanía para imponer barreras comerciales unilaterales. A cambio, construyeron un sistema basado en reglas comunes y en el principio del libre intercambio de bienes y servicios. Ambas dimensiones son hoy esenciales. Desde el punto de vista económico, la apertura comercial favorece el crecimiento, la innovación y la prosperidad. Desde el punto de vista jurídico, las reglas comunes ofrecen un marco estable y previsible para el comercio internacional, reduciendo el espacio para decisiones unilaterales.

Ese sistema, sin embargo, acumuló problemas reales. Subsidios industriales, competencia desleal, profundas asimetrías en las condiciones de competencia, vulnerabilidades en las cadenas de suministro y crecientes preocupaciones de seguridad económica fueron debilitando su legitimidad. Quienes sostienen que el orden comercial internacional necesita cambios tienen razón. La verdadera pregunta nunca ha sido si el sistema debía reformarse, sino cómo hacerlo.

Ahí reside el verdadero debate. Una cosa es corregir las deficiencias del sistema fortaleciendo sus reglas. Otra muy distinta es reemplazarlas por medidas unilaterales. La política comercial de la administración Trump responde, en parte, a problemas reales. Pero, en lugar de liderar una reforma junto a sus principales socios comerciales, ha optado por utilizar los aranceles como instrumento de presión. El riesgo es que el comercio internacional deje de regirse por reglas compartidas y vuelva a depender de las decisiones de cada Estado y, en definitiva, de la capacidad de las grandes potencias para imponer sus condiciones.

Eso importa especialmente para países como Chile. Nuestra inserción internacional nunca ha dependido del tamaño de nuestro mercado ni de nuestra influencia política, sino de la existencia de un marco jurídico que limita el ejercicio del poder y permite que economías grandes y pequeñas participen en el comercio internacional bajo las mismas reglas. Si ese sistema se debilita, los países medianos pierden precisamente aquello que más los protege.

Defender hoy el libre comercio no significa defender el statu quo. Es reconocer que el sistema necesita reformas, pero insistir en que estas deben construirse mediante nuevas reglas comunes y no mediante decisiones unilaterales. El verdadero riesgo no es que el sistema cambie, sino que deje de estar gobernado por reglas aceptadas por todos y vuelva a depender, como tantas veces en la historia, de la capacidad de los Estados más poderosos para imponer sus condiciones. Para Chile, esa diferencia no es una cuestión académica. Es un interés nacional.

Por Benjamín Salas, abogado y colaborador asociado de Horizontal