La agresión a la ministra Lincolao no puede quedar en palabras de condena, que son importantes, pero insuficientes por sí mismas. Es hora de asumir que nuestra democracia tiene un problema estructural, una verdadera falla geológica: la mayoría de la izquierda chilena, o al menos la que actualmente la lidera, niega la legitimidad de cualquier proyecto de derecha -recalco, de cualquier proyecto de derecha- para gobernar el país y, más aún, para implementar un programa de reformas de acuerdo a su visión de lo que es mejor para nuestra sociedad.

Da lo mismo la votación con la que haya ganado o el número de parlamentarios que hubiere elegido para integrar el Congreso. A todos los trata como un grupo de presión que “defiende los intereses de los ricos” y a los que se les debe impedir gobernar de cualquier forma, violencia incluida. La funa, el insulto, los golpes, la marcha violenta y la bomba molotov están en el menú, solo es cuestión que se presente la oportunidad.

En los períodos electorales se ha vuelto normal escuchar frases del tipo: “no, ese candidato no puede ganar, no lo van a dejar gobernar”. O aquella que se volvió un verdadero clásico: “lo mejor es que gobierne la izquierda, pero la derecha tenga votos en el Congreso para parar las locuras, así no nos queman el país y tampoco pueden destruir lo importante”.

Si al Presidente Kast le impidieran gobernar con normalidad, estaríamos frente a la profecía autocumplida y nuestra democracia se volvería una mascarada, una representación artificial carente de contenido en que cada elección no sería más que la negociación de un secuestro cuyo rehén es la paz social. El problema no es que la elección la haya ganado un republicano, ni que hayan subido los combustibles o que se termine la gratuidad para los mayores de treinta años que, hacia adelante, ingresen a la universidad.

La agresión a la ministra Lincolao debe tener consecuencias concretas y severas, con respaldo de un amplio arco del espectro político o la señal será un llamado a más y más violencia. Aquí las responsabilidades son evidentes: los agresores infringieron la legislación penal y se les debe identificar, perseguir y condenar, acreditada que sea su participación a través de los medios de prueba legal. El rector de la Universidad perdió toda legitimidad para gobernar una institución de educación superior, pues si las autoridades de las universidades son tratados como espectadores de los delitos que sus estudiantes cometen en el contexto de las actividades que ellos organizan en sus campus, entonces serían irresponsables jurídicos a los que no se les puede confiar un bien público tan importante como es la formación de profesionales.

La reacción a esta agresión será el punto de quiebre, en que se planta cara a la violencia asignándole un costo real o será un paso más, probablemente el que abra la puerta en el gobierno del Presidente Kast, hacia el camino de la violencia sistemática con el que grupos radicales ponen en jaque la alternancia democrática.

Por Gonzalo Cordero, abogado