La reforma que reemplaza la administración municipal de la educación pública por nuevos Servicios Locales de Educación (SLEP) es tan necesaria como urgente: necesaria porque la municipalización hizo aguas masivamente a lo largo de Chile, debilitando y empequeñeciendo la educación pública; urgente, porque la crisis se agudiza cada año que pasa. Le tomó mucho tiempo al país llegar a esta convicción, y luego un enorme trabajo de diseño técnico y amplios acuerdos dieron luz a este significativo cambio, implementado ya por tres gobiernos de diferente signo político. A la fecha, 58 de 70 SLEP han sido creados, y 36 de ellos están administrando la educación.

A diferencia de los municipios, los SLEP son una institución profesional dedicada exclusivamente a la administración educacional, trabajan en red con sus colegios y definen planes educativos con la participación de múltiples actores locales. Como toda reforma de esta magnitud, ha tenido aciertos y mostrado falencias. Los aciertos son esperanzadores y han sido bien documentados: pese al difícil contexto en que se implementaron, los estudios muestran que los primeros SLEP han superado en promedio a los municipios en logros de aprendizaje, asistencia y retención escolar, reapertura de las escuelas durante la pandemia, y apoyo técnico-pedagógico a sus establecimientos.

Las dificultades también son conocidas: no es necesario hacer ninguna “pausa para evaluar”: ¡los SLEP son quizás la política más monitoreada que haya implementado Chile en educación! Desde que comenzó la reforma, un Consejo Evaluador independiente y plural ha emitido 7 informes anuales y uno de evaluación intermedia en 2021; recientemente, en 2024 –a petición del Congreso Nacional- se encargó a la Universidad de Chile un completo estudio externo y luego en 2025 se encargó a Unesco y PNUD un estudio internacional; todo esto sin contar las numerosas investigaciones adicionales hechas por múltiples equipos académicos y de consultoría. Los problemas están claros, hay que ponerse a trabajar para resolverlos.

Más aun, “la pausa” ya se hizo en 2021, al final del gobierno del Presidente Piñera, como establecía la ley. A partir de ella, se ajustó el calendario de implementación, dando más años a la reforma total y más tiempo a cada SLEP para prepararse. Además, fruto de los estudios recientes y también como parte de los acuerdos con el Parlamento, se establecieron estándares de gestión para evaluar a cada SLEP antes de que se le traspase la administración de los colegios, y si no está listo, se posterga su partida, como ocurrió en dos casos el 2025. No existen sistemas a prueba de fallas, pero este procedimiento -ya en uso- busca prevenir casos como la crisis de Atacama de 2023.

Por último, se dice que algunos municipios “lo hacen bien” y podrían seguir administrando la educación. La propia ley contempló, desde un comienzo, la posibilidad de que un municipio postule para postergar su aplicación y mantener la gestión educacional. Eso sí, debe demostrar que sus escuelas cumplen ciertos estándares de logro académico y matrícula, y que el municipio no tiene problemas financieros en educación, como cotizaciones impagas de docentes o funcionarios, o una elevada deuda educacional.

La educación pública esperó por muchos años su turno, incontables discursos se han hecho sobre la necesidad imperiosa de fortalecerla. Es el momento de respaldar esas palabras con hechos, introducir mejoras, asegurar su financiamiento y consolidar un cambio ya en plena marcha.

Por Cristián Bellei, CIAE, U. de Chile