La central hidroeléctrica Los Lagos, ubicada en la comuna de Río Bueno, se ha convertido en uno de los ejemplos más claros de cómo la permisología ha dilatado un proyecto que lleva más de 15 años en tramitación y se encuentra prácticamente terminado, pero a la espera de autorizaciones para comenzar sus operaciones. Durante todo el proceso, la participación en diversas formas de comunidades indígenas y la aparente intervención de intereses extranjeros dan razones legítimas para destacar elementos adicionales en el debate de la permisología: las ONGs y la soberanía nacional.

Sumando al extendido proceso en que se ha visto implicada la construcción, y una consulta indígena concluida, la comunidad mapuche “Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü”, auspiciada por la fundación mexicana ProDESC, interpuso el 19 de agosto una denuncia ante el Consejo Noruego del Consumidor que solicita una investigación por incumplimiento de las obligaciones de debida diligencia en materia de derechos humanos, a la empresa Statkraft, empresa estatal noruega responsable del proyecto.

Por su parte, ProDESC, que se describe a sí misma como “organización feminista con alcance transnacional”, lidera esta y otras causas de similar índole mediante su proyecto “Iniciativa para la Justicia Transnacional”. En este contexto, la Central se vería expuesta a mayores demoras e incluso sanciones del órgano regulatorio, consistentes en órdenes de cumplimiento obligatorias, multas diarias de cese de operaciones y multas punitivas de hasta el 4% de la facturación global de la empresa.

Esta situación, junto con otros casos similares conocidos los últimos meses, permite advertir una realidad propia de un mundo globalizado: las agendas políticas traspasan fronteras y recurren a diversos mecanismos para avanzar con su ideario. Lo anterior no es algo necesariamente reprochable, pero demuestra un verdadero modo de operar e insta a evaluar si Chile y su legislación están preparados para evitar la instrumentalización de sus mecanismos internos como móvil de intereses ajenos.

La experiencia reciente demuestra que, como muchas veces pasa en nuestro país, somos ingenuos y llegamos tarde. Estos ejemplos son solo algunos de los muchos que muestran cómo nuestra legislación no logra ajustarse a los desafíos de un mundo dinámico y complejo, donde actores externos buscan las más diversas formas para promover su agenda particular, ya sea esta política o incluso económica.

Los cuestionamientos a la central hidroeléctrica, así como otros cientos de proyectos como puentes, carreteras, hospitales, industriales o comerciales, muestran que la discusión sobre la permisología ya no puede limitarse a la cantidad de trámites, la duración de los procedimientos o la coordinación entre organismos públicos. Ante la aparición de nuevos actores, redes transnacionales y mecanismos de presión para intereses particulares, es necesario incorporar también una dimensión de soberanía nacional.

Hablar de soberanía no significa desconocer los derechos de los pueblos indígenas ni las obligaciones internacionales que Chile ha asumido. Significa algo más básico: que el Estado debe conservar la capacidad efectiva de decidir sobre su territorio y sus prioridades de desarrollo; que esas decisiones deben adoptarse conforme a la ley; y que ningún grupo, organización o actor externo puede utilizar los mecanismos institucionales y obtener una verdadera capacidad de veto sobre decisiones estratégicas para el desarrollo nacional, que no le corresponde y va en contra de la buena fe y el espíritu de la legislación.

Para volver a crecer, Chile necesita normas claras e incentivos económicos sólidos, pero también un proyecto común de inversión y país, que durante mucho tiempo existió y nos otorgó tantos frutos. En el contexto de grandes reformas y, como muchos lo deseamos, sea un punto de inflexión en la suerte de nuestro país, la búsqueda de este consenso sigue siendo un tremendo desafío, pero es también una gran oportunidad.

*El autor de la columna es investigador del Instituto Res Publica