En la antigua Atenas los ciudadanos más ricos debían financiar ciertas cargas públicas: construir y mantener barcos de guerra o solventar el coro o el teatro. Se llamaban liturgias -”obra para el pueblo”— y correspondían a una obligación cívica atada a la fortuna, justificada en la convicción de que la riqueza personal tenía una deuda con la comunidad. Podía ser voluntaria o impuesta, y estaba asociada también a prestigio y buena imagen. Por supuesto, existía un antídoto (antídosis): el liturgo podía designar a otro -supuestamente- más rico, quien tenía dos opciones: asumir la carga o, en su defecto, ofrecer un intercambio de patrimonios con su acusador. Un sistema bastante eficaz para asegurar la distribución de cargas públicas.

Esta idea viene a la memoria a propósito de la megarreforma. Aunque hay trámites y discusiones pendientes, ha sido aprobada en sus ideas fundamentales. Más allá de su mérito técnico o ideológico, hay un hecho cierto: es una reforma que baja la recaudación. Según el informe financiero del propio gobierno, su costo neto ronda el 0,71% del PIB —unos US$3.200 millones al cuarto año— sobre la promesa de que el mayor crecimiento cerrará la brecha en una década. No deja de ser paradojal que el proyecto se denomine “de Reconstrucción Nacional”, y se apruebe justamente cuando se necesita financiamiento adicional para la reconstrucción de las ciudades afectadas por el último temporal.

Buena parte del debate se ha centrado en las intenciones detrás de la reforma -si se busca o no beneficiar a los ricos-. Más constructivo sería, con el corazón del proyecto ya aprobado, discutir sobre la idea de reciprocidad entre beneficios y cargas en una comunidad. Como país hemos acordado conceder, a un costo cierto e inmediato, un beneficio empresarial sobre la expectativa -más o menos cierta- de desarrollo económico futuro. Entonces, es razonable esperar, correlativamente, un refuerzo del compromiso del gremio empresarial de contribuir con desafíos y obras pendientes. No es filantropía, sino un deber de proponer y tomar responsabilidad sobre ciertas cargas concretas: colaborar con estándares adecuados en la reconstrucción; desarrollar una propuesta de capacitación seria que fomente empleabilidad y productividad de los trabajadores; y fortalecer mecanismos de regulación gremial que disciplinen conductas ilegales o ilegítimas de sus miembros. Básicamente, comprometerse con principios de sostenibilidad. Reciprocidad, no caridad.

No deja de ser llamativo que sea este gobierno quien, para cumplir con su mandato, pueda terminar necesitando una liturgia. Esto no es nuevo, y los atenienses ya lo sabían: en la ciudad, la riqueza es oportunidad para la acción, no motivo de jactancia. En ese contexto, la reforma no ofrece al mundo empresarial un antídoto, sino una oportunidad de participar de la liturgia.

Por Diego Navarrete, abogado