Es indiscutible que el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional se ha convertido en la gran prioridad del llamado “gobierno de emergencia”, encabezado por José Antonio Kast. Incluso ha desplazado del centro del debate público a la agenda de seguridad, que durante la campaña presidencial fue presentada como el principal sello de la nueva administración. Con todo, cabe preguntarse si estas son realmente las únicas emergencias que hoy enfrenta el país.

Aunque es indispensable que Chile recupere el crecimiento económico y enfrente con decisión la delincuencia, existe otra reforma que, pese a su importancia, permanece casi ausente del debate público, así como de las prioridades de las fuerzas políticas, tanto de gobierno como de oposición. Se trata de la reforma al sistema político: una reforma destinada no solo a corregir problemas de diseño institucional, sino también a fortalecer los incentivos para una política más seria y responsable.

Ambas dimensiones son inseparables. La experiencia comparada muestra que las crisis institucionales suelen surgir tanto de reglas que incentivan la fragmentación y el conflicto como de una cultura política que deja de reconocer al adversario como un competidor legítimo para comenzar a tratarlo como un enemigo. Por eso, una verdadera reforma del sistema político debe hacerse cargo de ambos problemas: mejorar las instituciones y, al mismo tiempo, desincentivar aquellas prácticas que han contribuido al deterioro de nuestra convivencia democrática.

En el marco del proceso constitucional de 2023, tanto las principales fuerzas políticas como numerosos especialistas coincidieron en que la principal debilidad del sistema político chileno no radica en el régimen presidencial, sino en el sistema electoral y de partidos. Dicho de otro modo, la prioridad debería consistir en fortalecer los incentivos para la gobernabilidad. Ello supone elevar las exigencias para la constitución y permanencia de los partidos políticos, establecer umbrales electorales más exigentes y desincentivar la indisciplina parlamentaria. Ninguna democracia consolidada puede aspirar a una gobernabilidad razonable con alrededor de veinte partidos representados en el Congreso y con parlamentarios que, una vez elegidos, actúan al margen de los compromisos políticos con los que fueron electos.

Pero ninguna reforma institucional será suficiente si no va acompañada de un cambio en la cultura política. En los últimos años, la deliberación ha cedido espacio a una política cada vez más performativa, donde las redes sociales y la búsqueda de visibilidad inmediata tienden a imponerse sobre la construcción de acuerdos de largo plazo. No se trata de alcanzar consensos en todas las materias —¡viva la diferencia!—, sino al menos respecto de las reglas fundamentales del juego democrático. Al final del día, ningún país puede recuperar el crecimiento económico ni enfrentar con éxito la delincuencia si carece de gobernabilidad. Y la eficacia del Estado —el llamado delivery— difícilmente puede existir sin ese atributo.

Por Valentina Verbal, Horizontal