Hay discriminaciones tan evidentes que nadie se atreve a defenderlas públicamente y, sin embargo, no se resuelven. La sala cuna universal -de la que tanto se ha escrito- y la sociedad conyugal son ejemplos claros. No es falta de acuerdo. En ambos casos existe consenso discursivo: sabemos que hay un problema y nadie justifica el statu quo. Aun así, seguimos exactamente donde mismo.

Esto deja de ser extraño para volverse consistente. En estos temas parece operar un patrón. Primero, se reconoce el problema. Luego, se multiplican las objeciones técnicas -financiamiento, oportunidad, diseño-. Y, finalmente, la tramitación se extiende indefinidamente. No hay rechazo frontal, pero tampoco voluntad de cerrar. Si se quiere mantener todo igual, es más eficiente dilatar que confrontar.

Porque estos cambios no son abstractos. No son neutros. No son solo técnicos. Tocan la organización más íntima de la vida cotidiana, los roles dentro de los hogares y las relaciones que los sostienen. La inacción no cambia la vida de los hombres; ajusta -y limita- las expectativas de las mujeres. Y eso los vuelve más difíciles de empujar, incluso cuando nadie los cuestiona abiertamente.

El caso de la sociedad conyugal es ilustrativo. El régimen existe desde 1855, el Estado se comprometió a eliminar esa discriminación tras la presentación de Sonia Arce Esparza ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y hay un proyecto de ley desde 2008 -dieciséis años- sin avances recientes. Judith Marín será la sexta ministra de la Mujer y la Equidad de Género que deberá tramitarlo.

Es cierto que su uso ha disminuido y que ha aumentado la separación de bienes. Pero sigue siendo el régimen por defecto. Su caída no elimina la discriminación contenida en el Código Civil: solo la saca del debate visible. La inercia institucional sigue operando sobre todas las mujeres que se casan.

Además, la migración hacia la separación de bienes no resuelve todos los problemas: los desplaza. Si las mujeres siguen siendo quienes ajustan sus trayectorias laborales por la maternidad y los cuidados, ese régimen por sí solo no garantiza protección frente a una eventual separación.

El costo de esta inacción es alto: para las mujeres, que siguen enfrentando reglas que las dejan en desventaja; pero también para la credibilidad del discurso de equidad. Cuando los casos más evidentes no avanzan, ese discurso empieza a vaciarse. Se instala la idea de que ya no hay nada más que hacer. Y no es así.

Tal vez el problema no es la falta de acuerdo, sino que el sistema político ha aprendido a convivir con él sin traducirlo en cambios. A administrarlo sin resolverlo.

Y cabe preguntarse si eso no es, en sí mismo, una forma de resistencia. Porque si algo muestran estos años de tramitación es que, a veces, no se necesita oponerse para que nada cambie. Basta con esperar.

Por Cristina Vio, directora ejecutiva de ComunidadMujer