El debate sobre la necesidad de promover una batalla cultural en el entorno del actual gobierno, despierta el interés de algunos y la abierta renuencia en otros. Por definirse como “gobierno de emergencia”, sus conductores han evitado esa discusión. Pero eludirla no ha impedido progresar en otro frente: la batalla de las ideas.

El ámbito donde este impulso es más nítido es el económico. La “megarreforma” -rebaja de impuestos corporativos, invariabilidad tributaria, repatriación de capitales, exención de IVA a viviendas nuevas, fomento al empleo formal, simplificación regulatoria contra la “permisología” y normas de reconstrucción- no es solo un paquete técnico para reactivar la economía. Expresa una tesis: quien debe liderar el crecimiento no es el Estado, vía mayor gasto, tributación y regulación, sino el emprendimiento privado.

El diagnóstico detrás de esa tesis se apoya en la experiencia reciente: el estancamiento coincidió con la expansión del gasto público, alzas tributarias y la proliferación de permisos, sin que ese mayor Estado se tradujera en más crecimiento ni en mejor recaudación. La correlación no prueba por sí sola la causalidad, pero sí desmonta el supuesto de que más Estado garantiza mejores resultados. De ahí la inversión de la lógica: no “más impuestos para crecer”, sino “a mayor crecimiento, mayor recaudación”. Los impuestos siguen al crecimiento, no lo preceden ni lo generan.

Este es un primer giro en el ideario, pero no el único.

El alza de la delincuencia y el crimen organizado han instalado la inseguridad, junto al desempleo y la pobreza, como fuente de angustia cotidiana. Aquí se ha producido un desplazamiento significativo: la sociedad dejó de aceptar que la crisis de seguridad se origina en las policías, según reminiscencias del pasado propias del imaginario socialista, y revalorizó el orden como condición previa -no sustituta- de la justicia social. Sin autoridad efectiva, control fronterizo y freno a la impunidad, no hay marco donde la igualdad de oportunidades pueda siquiera plantearse.

El prejuicio contra el orden -asociarlo con autoritarismo- ignora que no hay desarrollo ni inversión sostenibles sin un Estado de Derecho capaz de fijar reglas en forma democrática y hacerlas cumplir. El orden no es enemigo de la libertad ni de la equidad: es su precondición. Por eso la izquierda, tardíamente, ha ido cediendo su resistencia a medidas enérgicas y consistentes, empujada más por la evidencia que por la convicción.

Ese fue, de hecho, uno de los factores decisivos en la elección del actual gobierno, lo que vuelve más notoria una deuda pendiente: se echa de menos una suerte de “megarreforma” en seguridad, equivalente en ambición a la económica. Las condiciones políticas para impulsarla existen (y pobre del que se oponga), solo falta la decisión de usarlas.

Con todo, algo relevante ha ocurrido en este combate de ideas: la convicción de que el Estado debe reducir su presencia donde estorba, la economía, y concentrarse donde es insustituible: la seguridad. Ese ordenamiento de roles, esboza un cambio de paradigma que avanza.

Por Hernán Larraín F., abogado y profesor universitario