El problema del Sistema de Admisión Escolar (SAE) es la mala calidad de la oferta escolar y, en consecuencia, se vuelve un problema de justicia distributiva. El 55% de las primeras preferencias de las familias se concentran en pocos colegios. Esta alta concentración hace imposible satisfacer a todos. Este año, el 53% quedó asignado en su primera preferencia, lo que genera frustración en el 47% restante. Los criterios para asignar las vacantes con sobredemanda son limitados, siendo el azar el criterio principal de distribución. ¿Qué concepto de justicia supone el azar? Lo que resguarda el azar como criterio de asignación más allá de la no discriminación arbitraria es la igualdad de oportunidades. El azar vela porque cada familia tenga exactamente la misma oportunidad de quedar en su preferencia más alta, asegurando un trato igualitario y libertad de elección universal.

La principal molestia de las familias no es el azar, sino el no quedar en sus primeras preferencias. Las familias valoran con nota cercana a 7 su primera preferencia, la segunda en cambio la valoran con nota cercana a 5. Esta enorme distancia en la valoración nos indica que las familias sienten que no tienen muchas opciones para elegir. El futuro de sus hijos se juega en una sola opción, lo que genera alta frustración. Este es el origen de la rabia contra el SAE, que ningún proyecto de ley podrá cambiar. Solo se puede mitigar esa frustración, buscando criterios de asignación más justos.

Así, las modificaciones presentadas por el Ejecutivo no cambiarán el porcentaje de postulantes asignados a su primera preferencia, solo cambiarán quienes queden asignados, otorgando a unas familias más oportunidades que a otras en función de determinadas características. A nivel internacional, se observa que a partir de la enseñanza media características como el talento y el esfuerzo justifican un trato desigual a la hora de asignar vacantes escasas. Estas características son valoradas por la sociedad no solo por ser valiosas en sí mismas, sino también por los beneficios sociales que conllevan. ¿Pero qué lógica debiera imperar en la educación parvularia y básica? ¿Qué características de las familias ameritan un trato privilegiado de los niños a temprana edad? ¿Qué señal envía el Estado a la sociedad cuando dice que a los cuatro años hay niños que merecen más oportunidades que otros? ¿Qué ganamos como sociedad cuando renunciamos a la igualdad de oportunidades tan tempranamente en la vida? ¿No hay aquí un sesgo de clase soterrado? ¿Quién vela por los intereses de los niños, cuyos padres “no están ni ahí”? ¿Deben estos ser tratados como de segunda clase a los cuatro años, perdiendo la posibilidad de quedar en un colegio de calidad? ¿Qué bien público estamos defendiendo y cuál pisoteando? ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo que niega completamente la igualdad de oportunidades a los cuatro años?

Los padres tienen el legítimo derecho de actuar de forma egoísta para con sus hijos; no es tarea de ellos velar por el bien público aun cuando sea deseable. Pero el Estado tiene la obligación de anteponer el bien común por sobre el interés individual. La pregunta de fondo que como sociedad debemos responder es ¿qué características justifican terminar con la igualdad de oportunidades a los cuatro años? El gobierno nos dice que la igualdad de oportunidades no tiene ningún valor, pues cualquier característica, por insulsa que esta sea mientras no sea arbitraria, es considerada justa para privilegiar a unos por sobre otros. Se ha utilizado la libertad de enseñanza para terminar con la igualdad de oportunidades, ¿pero será necesario? ¿No podemos encontrar un equilibrio mejor entre ambos principios? Renunciar a la igualdad de oportunidades es renunciar al principio fundamental de una sociedad libre para avanzar hacia una sociedad de castas. ¿Será que estamos entendiendo lo mismo cuando pensamos en la libertad?

Por Sylvia Eyzaguirre, investigadora del CEP