La Clave Única es quizás el mayor logro de la transformación digital del Estado de Chile: más de 16 millones de personas pueden acceder hoy a múltiples plataformas públicas con un único mecanismo de identificación, sin que cada servicio haya tenido que desarrollar el propio.

Estos sistemas se denominan infraestructura pública digital y constituyen bienes públicos claves para la gestión del Estado. Permiten construir herramientas digitales que pueden usar diversos organismos públicos y que facilitan su interacción con los ciudadanos.

Sin embargo, las municipalidades en Chile se están quedando atrás en este desafío. Mientras más del 80% de los servicios públicos utilizan la clave única, menos del 50% de los municipios la han incorporado. Hace algunos años el Ministerio de Vivienda y Urbanismo desarrolló la plataforma DOM en Línea, para promover la digitalización de los trámites y servicios que se deben realizar en las Direcciones de Obras Municipales, sin embargo, según datos oficiales, sólo un 55% de los municipios la ha adoptado.

El problema no es sólo el bajo uso de la infraestructura pública digital disponible, sino que la inexistencia de piezas digitales claves para la gestión de los municipios. Como no existe un mecanismo único para obtener el permiso de circulación, cada municipio desarrolla o contrata directamente uno. Algunos funcionan bastante bien, conectados a la revisión técnica y seguros, pero otros ofrecen funciones mínimas. Lo que ninguno permite hacer es el traslado del permiso de circulación de una comuna a otra, debido a que falta la infraestructura digital pública que permita la interoperabilidad, por lo que ese trámite se sigue haciendo manualmente.

Algo parecido ocurre con los Juzgados de Policía Local, donde cada municipio ha desarrollado o contratado su propio sistema de gestión. Unos permiten pagar digitalmente una infracción de tránsito, o asisten en la elaboración de una denuncia (como el exitoso sistema de Lo Barnechea), en cambio otros sólo permiten la gestión básica interna, por lo que las personas deben concurrir físicamente al juzgado. Ni hablar de exhortos o pagos de infracciones en otras comunas, acá tampoco funciona la interoperabilidad.

Las brechas en infraestructura pública digital a nivel municipal son innumerables: gestor documental, firma digital, notificador, mecanismos de pago, comunicación bidireccional con los vecinos, entre otros. Algunos municipios cuentan con algunas de estas aplicaciones, pero como sus sistemas no interoperan con los demás municipios ni con el resto del Estado, su aplicación es limitada. La concentración de los softwares actuales, que usan los municipios, en unas pocas empresas tampoco ayuda a construir un arquitectura abierta y robusta interoperable a nivel local.

Será difícil mejorar la gestión municipal si no cuentan con mejores herramientas digitales. Para ello es imprescindible que construyamos la infraestructura pública digital mínima que permita incentivar desarrollos propios y del sector privado en un modelo abierto e interoperable. No se trata de inteligencia artificial ni de soluciones sofisticadas: se trata de construir el piso digital mínimo que cualquier municipio debería tener. Y ese piso, a estas alturas, es perfectamente alcanzable.

Por Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC