Según datos de la encuesta CEP, alrededor de dos tercios de la población cree que las personas de mayores ingresos deben pagar aún más impuestos de los que actualmente pagan. En la última década, el porcentaje de gente que cree que la desigualdad se debe a causas estructurales (por ejemplo, riqueza de los padres o niveles educativos) ha aumentado, mientras que quienes creen que es por mérito, ha disminuido. Desde una perspectiva progresista, podríamos decir que la mayoría de sociedad chilena cree que los ricos no aportan todo lo que deberían, y que el mérito importa menos en el éxito de lo que les gustaría. Sin embargo, según la encuesta Cadem, un 44% cree que la Ley de Reconstrucción beneficia a todos por igual, a pesar de que es abiertamente un regalo a los sectores más acomodados del país.

Este es el mismo dilema que generó debate académico hace unos 20 años en Estados Unidos, cuando una mayoría de la población tenía preferencias similares sobre la desigualdad y la progresividad de los impuestos, pero apoyó de forma contundente las reformas tributarias de George Bush que redujeron sustantivamente los impuestos de los más ricos. El académico Larry Bartels se preguntaba, en un artículo llamado Homer gets a Tax Cut (“Homero recibe un recorte de impuestos”), como era posible que las personas tuvieran preferencias tan disonantes. Por un lado, quieren más justicia tributaria, mientras que, por otro lado, están disponibles a apoyar una medida que es tributariamente injusta.

Bartels, y el debate que siguió de su trabajo, llegaron a una serie de conclusiones que nos sirven para comprender el caso chileno. Lo primero es que hay una brecha entre las preferencias políticas e ideológicas con el resultado de las políticas públicas que se presentan. Esto puede ocurrir, principalmente, por dos razones distintas. Por un lado, las élites políticas presentan las reformas de una manera que no permite hacer esa conexión. El gobierno ha tratado de no presentar su Ley de Reconstrucción como un regalo a los más ricos, a pesar de que lo es. El Presidente, en su cadena nacional, no pudo ser más claro al respecto: dijo que sabía que habrá quienes digan que estas reformas ayudan a los que más tienen. A pesar de que la idea es evitar esa asociación, el gobierno la trajo al frente.

Por otro lado, las personas tendemos a tener una percepción de su propia situación que no se relaciona con la realidad. Así, es posible que haya quienes crean que la reforma los puede beneficiar, a pesar de que eso no sea cierto. Esto puede ocurrir porque sobreestiman su propia situación económica con respecto al resto, o porque son demasiado optimistas sobre los alcances de la reforma.

En tercer lugar, y esto es algo que aprendimos en las respuestas al trabajo de Bartels, las preferencias ideológicas importan. Tal como en Estados Unidos, hay quienes creen que es bueno que los ricos paguen menos impuestos, bajo el falso supuesto de que el mero crecimiento económico es capaz de compensar la pérdida de recaudación fiscal. En esos casos, es ideología lo que manda.

Sea cual sea la razón, esta discusión se enmarca en lo que llamamos la democracia desigual, en la que los mecanismos legales y de política pública se direccionan a favorecer a quienes controlan el poder y el dinero, por sobre el resto de la ciudadanía. Esa pareciera ser la agenda del gobierno, y habrá que ver si es lo suficientemente hábil de convencernos que eso es lo que necesitamos.

Por Javier Sajuria, profesor de Ciencia Política en Queen Mary University of London.