El exministro Luis Cordero calificó de “efectista” la propuesta del Gobierno de crear un Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, iniciativa anunciada en la Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast.

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, sostuvo que la evaluación definitiva dependerá del proyecto que el Ejecutivo ingrese al Congreso, aunque advirtió que, “Es efectista en la manera como está planteada hasta ahora”. Además, añadió que la medida podría ser estigmatizadora y abrir problemas constitucionales.

A su juicio, un registro de este tipo corre el riesgo de homologar en una misma categoría delitos, faltas penales y simples infracciones administrativas.

El abogado también apuntó a eventuales problemas de constitucionalidad si la inscripción en el registro implica la pérdida de beneficios sociales o previsionales. En ese punto, mencionó como ejemplo la Pensión Garantizada Universal (PGU), señalando que la Constitución prohíbe explícitamente aplicar sanciones que signifiquen la pérdida de derechos previsionales.

“Si hay una persona que es titular de beneficios en la actualidad y alguien pretendiera aplicarlos retroactivamente, tendríamos un problema muy severo también”, señaló.

Pese a sus críticas, Cordero reconoció que las incivilidades son un problema relevante de política pública. “Las personas habitualmente (...) no tienen una experiencia cotidiana con el delito violento, sí la tienen con las incivilidades, porque las incivilidades las ven desde su ventana”, dijo.

Sin embargo, planteó que la respuesta no debería centrarse necesariamente en endurecer penas, sino “hacer más eficaz la sanción”, mencionando como alternativa mecanismos de cumplimiento más rápidos, monitoreables y vinculados a la reparación del daño causado a la comunidad.

En esa línea, afirmó que los municipios deberían tener un rol más protagónico en el abordaje de estas conductas, ya que muchas incivilidades corresponden a faltas administrativas o penales de menor entidad. Para Cordero, llevar todos estos casos al sistema penal puede hacer que la respuesta estatal sea más lenta y pesada.

Operación Tokio y secreto bancario

En la entrevista, Cordero también abordó la formalización en el marco de la Operación Tokio, investigación vinculada al lavado de activos atribuido al Tren de Aragua, y señaló que el caso vuelve a mostrar debilidades en los mecanismos de control del sistema financiero.

El exministro advirtió que países con sistemas financieros sólidos, como Chile, pueden resultar atractivos para operaciones de lavado de activos.

A partir de ese diagnóstico, Cordero defendió la necesidad de fortalecer la inteligencia económica y diferenció ese debate de las facultades del Ministerio Público en investigaciones penales.

Según explicó, lo que actualmente se discute en el Congreso apunta a robustecer la capacidad de la Unidad de Análisis Financiero para acceder, en casos acotados, a información protegida por secreto bancario sin autorización judicial previa.

“Chile es una excepción en el mundo respecto de la fortaleza que tiene el secreto bancario. Y eso que puede ser un activo de privacidad, es un riesgo en términos más sistémicos”, afirmó.