La primera vez que Héctor Araneda (41) ingresó al Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, también conocido como la ex Penitenciaría, fue hace 10 años: cuando el profesor de educación básica iba a una entrevista de trabajo. Esa vez, sus pertenencias pasaron una extensa revisión y debió dejar su celular y todos los objetos que traía en custodia de Gendarmería. Araneda estaba nervioso. Los barrotes, la pestilencia en los pasillos, los gritos y los reos que circulaban por los módulos serían parte de su rutina diaria si conseguía el trabajo al que estaba postulando.

Mientras caminaba escoltado por gendarmes, uno de los internos lo reconoció. Se acercó y lo llamó gritando: “¡Tío Héctor!”.

“Era imposible que alguien allá me pudiera decir tío. Yo al principio no creía que me llamaran a mí”, recuerda Araneda.

Sin embargo, los gritos sí iban dirigidos a él. Años antes había sido profesor de Educación Tecnológica de alguien que, en ese momento, estaba tras las rejas.

“¿Se acuerda de mí? -le preguntó un reo-. Usted me hizo clases en La Legua, cuando era más cabro”.

“Esa fue una de las cosas más desafiantes que he vivido y me dio la seguridad de que estaba en el lugar correcto, que podía entregar educación a personas que nunca tuvieron oportunidades”, dice hoy Araneda.

Antes había dictado clases en tres colegios de las comunas de San Joaquín, La Florida y San Miguel. Pero buscaba algo más. Con la convicción de que la educación ayuda a cambiar trayectorias de vida, llegó hasta la Calle 13 de la ex Penitenciaría para postular a la vacante de docente en el Liceo Herbert Vargas Wallis.

En esa primera visita vio las instalaciones del colegio. Tenía salas, una biblioteca, pizarras, inspectores, oficinas de UTP, dirección y un pequeño patio con bancas y arbustos, que si no fuera porque el paisaje de las ventanas da a las rejas de los otros módulos, sería una escuela igual a las demás. En Chile, de hecho, existen cerca de 90 establecimientos educacionales como este, que buscan garantizar el derecho a la educación de los internos. Los alumnos del Liceo Herbert deben cumplir un seguimiento con terapeutas ocupacionales, asistentes sociales y psicólogos. Eso, además de permanecer en las calles autorizadas y tener un buen comportamiento.

Desde la dirección reconocen que en ese entonces no era fácil encontrar personal. Es por eso que el interés de Araneda les llamó la atención. Lo que no sabían era que el entorno del docente no compartía su decisión.

“Yo vengo de una familia muy tradicionalista. A mi padre no le gustaba la idea de que postulara a trabajar en la cárcel. Él pensaba que me podía pasar algo, y en esta situación de estar desconectado de lo que pasa al exterior, era mucho más angustiante. Me decía que yo estudié tanto y me especialicé para enseñarles a delincuentes, que para él eran lo más bajo de la sociedad”, señala Araneda.

Sus colegas que trabajaban en otros colegios también lo intentaron persuadir: “Me decían que era perder el tiempo, que era mejor formar a nuevas generaciones”.

Pese a las críticas, Araneda aceptó el trabajo.

Su primer día de clases, ese 2016, fue complejo. Asumió la jefatura de un curso compuesto por hombres adultos, incluso 20 años mayor que él, y no todos estaban dispuestos a conversar con el profesor nuevo.

Aunque había un clima de respeto, Araneda entendió que para conocer a sus estudiantes debía desaprender las formas de relacionarse con alumnos que había utilizado hasta entonces.

“A veces yo los saludaba y no me respondían -cuenta-. Me empecé a dar cuenta de que, por ejemplo, era porque había sido un día de procedimiento de Gendarmería o porque tuvieron una pelea entre ellos. Todo eso influye en la sala de clases. Pero yo tenía la certeza de que podía ayudar a estos estudiantes”.

No ponerse la mochila

“¿A usted no le importa dónde está ubicado el colegio?”.

Esa duda le plantearon a Claudia García, profesora de Historia de 49 años, cuando fue a la Municipalidad de Santiago a buscar trabajo tras un año de cesantía. Al principio la pregunta no le hizo sentido y respondió que no le importaba el lugar. Se había trasladado hacía poco desde Chillán y lo que realmente le urgía era encontrar un empleo.

Con sus vagos conocimientos de la capital se dirigió a la dirección que le indicaron: Pedro Montt 1902, sin saber que era la ubicación de la Ex Penitenciaría y que el liceo estaba en su interior.

Su primera impresión fue que se trataba de un laberinto. Tras una entrevista con el director fue aceptada de inmediato, pero su alivio por encontrar trabajo fue opacado por la preocupación de su familia. Su padre tenía miedo de los ataques que podría sufrir una profesora joven, de entonces 31 años, en un aula de convictos.

La aprensión a su trabajo se hizo palpable cuando, en la presentación de apoderados del curso de su hijo, contó que dictaba clases al interior de la cárcel. Los comentarios y preguntas fueron inmediatos. “Sentí que hablaban de mí. Muchos se preguntaban por qué terminé trabajando ahí. Creo que pensaban que estaba obligada de alguna forma, que no era por elección propia”, relata García.

Desde esa fecha el liceo fue creciendo cada año: en 2007 tenía 12 funcionarios y 150 estudiantes. Actualmente la dotación es de 52 profesionales que trabajan con 750 alumnos. En enero de este año el establecimiento pasó a ser administrado por el Servicio de Educación Local de Santiago.

Hay, de todas formas, cosas que no cambian. Los comentarios negativos, rumores y críticas son problemas habituales que enfrenta el cuerpo docente. El profesor Araneda lo atribuye al desconocimiento: “Yo sé que las cifras no están a nuestro favor y la reincidencia es alta. Siempre lo explico así, cuando hablo con un colega de un colegio regular y me cuenta que un exalumno de San Joaquín sacó puntaje nacional. Para mí eso es esperable, lo increíble es que un alumno decida cambiar su vida. Acá puede que sean apenas dos, pero son dos personas que van contra todas las estadísticas”, señala el docente.

El optimismo de Araneda, efectivamente, pelea contra todos los registros existentes. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Chile –que analizó el comportamiento de cinco cárceles del país– arrojó que un 43,2% de los reos estudiados volvía a delinquir. La tasa de reincidencia se sitúa históricamente entre un 40% y un 50% dentro de los dos a tres años posteriores al egreso del sistema penal y es más alta en hombres, con un 48,2%.

Pese al pronóstico, Araneda pasó las primeras semanas ganando la confianza de sus alumnos. Todos los días se apostaba en la puerta de la sala para recibirlos con un apretón de manos, conversar sobre su semana y cómo se sentían. Eso impactó a los reos. Fue un proceso lento y usaba diferentes acercamientos con cada estudiante, pero a los tres meses ya tenía un vínculo con ellos.

“Me involucraba. Incluso, un estudiante, que nunca me saludaba, después se acercaba solito a saludarme y a contarme sus cosas. Me decía que lo que aprendía en la sala después se lo mostraba a su familia en las visitas”, relata.

Todo eso hizo que Araneda se convenciera aún más de su decisión. La confirmación final, recuerda, sucedió cuando vio a uno de sus exalumnos fuera de la cárcel, en la sucursal de Fruna ubicada en Franklin: “Me dijo que era su octavo mes trabajando ahí, ya no delinquía. Me agradeció y me presentó a sus compañeros de trabajo. Todos sabían quién era yo, les contaba del profesor que le había enseñado cuando estuvo preso”.

Aún así, el director del liceo, Cristián Araya, reconoce que no todos los estudiantes siguen esos caminos. “Hay todo un sistema que no depende de nosotros, sino que son años y redes familiares que están insertas hace generaciones en este mundo. No es fácil cambiarlo si no tienes el apoyo”.

Por eso es que los profesores de la Calle 13 deben saber cómo gestionar las frustraciones que vienen con el cargo. Karen Opazo (49), docente de Ciencias Naturales desde hace nueve años, trata de pensar que su tarea es garantizar el derecho a la educación de los reos. De lo contrario, cree, la carga emocional la sobrepasaría.

Motivos hay siempre: alumnos que dejan de ir a clases abruptamente porque fueron trasladados de módulos por peleas y otros que mueren al interior de la cárcel. De todo eso los profesores sólo se enteran por los demás alumnos. Acostumbrarse a esas circunstancias la hizo comprender –tras varios años– que la reinserción no está sobre sus hombros. “Ya no me pongo esa mochila, de que depende de mí que no vuelvan a delinquir. Eso depende del Estado. Yo estoy dando un derecho que fue interrumpido”, manifiesta.

El problema es que a veces la desilusión ni siquiera ocurre cuando sus estudiantes están dentro del penal. Opazo, por ejemplo, recuerda la frustración que sintió cuando vio a uno de sus exalumnos destacados viviendo en la calle.

El hombre había cumplido su condena y, afuera, su adicción a las drogas sólo empeoró. Lo triste, admite ella, es que historias como esa son la mayoría. Por eso es que Opazo ironiza. Dice que “los reos que van al liceo están mucho mejor dentro de la cárcel. Son personas inteligentes, participativas. Después los ves destruidos una vez que son libres”.

“Prefiero la cárcel antes que un colegio”

Cuando Héctor Araneda ingresó a hacer clases al Liceo Herbert, los programas de reinserción de este tipo eran medianamente conocidos por la ciudadanía. Ahora, en medio de un clima donde la opinión pública es cada vez más proclive a preferir miradas punitivas, las críticas que enfrenta por dedicarse a educar a reos se han agudizado.

El profesor de Tecnología y jefe de UTP indica que los cuestionamientos ya no vienen de su familia, sino que desde su gremio.

“Mis amigos que son profesores todavía critican dónde trabajo. Me dicen que estoy perdiendo mi tiempo, que es mejor enseñar a las nuevas generaciones. Como que igual me juzgan un poco por gastar recursos en enseñarles a las manzanas podridas, por decirlo en sus palabras”, dice Araneda.

La polémica que surgió a raíz de la publicación de Radio Biobío sobre un hombre condenado por pedofilia obtuvo puntaje nacional, y que tendrá acceso a internet para cursar sus estudios de Ingeniería, reactivó el debate sobre los beneficios disponibles para los internos.

Ante esto, Araneda señala que los profesores no son los encargados de definir quién merece y quién no acceso a la educación. “Es una conversación que no nos corresponde. En el liceo implemento la medida de que entran a la sala y son estudiantes. Ya no es el reo: es un estudiante más que tiene derecho a la educación. Si nos pusiéramos a profundizar en los delitos que han cometido, sería muy difícil hacer clases”, indica.

En ese punto coincide la directora del SLEP, Paulina Retamales: “El derecho a la educación es un derecho fundamental que todas las personas tenemos. Ellos están en un contexto distinto, pero ante nosotros son estudiantes. Desde ahí tenemos el mismo compromiso que en cualquier otro colegio”.

Eso sí, el docente reconoce que sí tuvo momentos en que se cuestionó si su trabajo marcaba alguna diferencia. “Nunca dejo de tener esa reflexión, aunque al principio era más constante. Pensaba: ‘¿De qué sirve esto?’”, dice Araneda.

Esas ideas se acallan en la sala de clases, cuando uno de los internos le agradece por enseñarle a leer o por aprender algo nuevo. Otras profesoras, como Claudia García, que llegó por casualidad al liceo, han tenido esas inquietudes. Aunque al principio pensó en buscar otros trabajos, al hablar con colegas de colegios regulares desistió de la idea.

La ironía es que hoy ella prefiere enseñar al interior de la cárcel que en un colegio del exterior: “Acá te valoran, te agradecen que vengas a enseñar. Me siento más segura en la cárcel que afuera, porque acá hay respeto por los profesores. Cuando converso con mis colegas de afuera es todo lo contrario”.