A mediados de mayo una funcionaria del servicio de alimentación del Hospital Sótero del Río se estaba preparando para una conversación que no quería tener con sus pacientes geriátricos. Aunque estaba acostumbrada a las charlas difíciles –habituales en su rubro–, esta vez no tenía idea cómo iba a decirles a los hospitalizados que podrían quedarse sin alimentos y, además, debía consultar por la posibilidad de que sus familiares les trajeran provisiones.

“Sentía vergüenza”, dice hoy la joven que trabaja desde hace cinco años en el hospital de Puente Alto.

Los primeros días no había jaleas ni yogures, algo usual en el recinto, dicen varios miembros del personal. Sin embargo, este año la falta de stock alcanzó un punto crítico.

“No podemos decir que es algo nuevo. Siempre faltan muchas cosas en distintas áreas, pero nunca habíamos estado tan mal como ahora. De hecho, tenemos un cartel que contabiliza todo lo que falta y en un solo día no había yogures, suplementos, frutas. No había acompañamiento. En un momento no había carne para el día siguiente”, relata la funcionaria.

Tanto en el Sótero del Río como en otros hospitales y centros de atención primaria, lentamente comenzaron a sentirse las primeras chispas del Decreto 333: el que impuso un recorte de 2,5% –equivalente a más de $ 413 mil millones– al Ministerio de Salud. A días de que asumiera el Presidente José Antonio Kast, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció un recorte del 3% para todos los ministerios, con la excepción de Seguridad. La ministra de Salud, May Chomalí, vio una oportunidad para acordar una baja en su cartera. Así lo anunció el 4 de mayo en la Comisión de Salud del Senado: “La negociación que tuvimos entre el Ministerio de Salud y la Dipres fue una negociación difícil, en que uno de los puntos más importantes que estuvo sobre la mesa fue el déficit estructural que tiene el Ministerio de Salud en términos de su financiamiento, la brecha que hay entre el presupuesto y el gasto”.

Así, el ajuste que se aplicó al Sótero del Río fue de $ 3.182 millones: equivalente al 1,1% de su presupuesto operacional, que ya arrastraba una deuda con proveedores superior a los $ 21.385 millones. No fue el único: en el Hospital del Salvador el ajuste fue de $ 2.757 millones, equivalente al 1,4% de su presupuesto, y en Antofagasta el hospital regional registró un recorte de $ 2.049 millones, lo que se traduce un 1,2% de sus recursos. En la atención primaria también sintieron el golpe, con un recorte de cerca de $ 18.000 millones, según estimaciones de la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipalizada (Confusam).

El desabastecimiento en el hospital de Puente Alto alcanzó un nivel crítico cuando a las funcionarias nutricionales les avergonzaba entregar la comida a los pacientes. “Ya no queríamos ir a los pisos a repartir los almuerzos que no alimentaban; repetimos fideos o papas y los pacientes nos preguntaban si podían comer verduras y les teníamos que explicar que no había nada”.

Al no ver una solución, el personal nutricional y los gremios del hospital realizaron una manifestación. Se negaron a trabajar si no abastecían los alimentos. La dirección del hospital les ofreció un monto de emergencia de alrededor de $ 500 mil pesos. Eso, sumado a las donaciones de otros funcionarios, sirvió para armar el presupuesto con el que el equipo debió ir a comprar a La Vega.

Personal a cargo del abastecimiento explica que la falta de stock se produjo por la deuda que arrastran desde hace años con los proveedores, que para 2026 se agudizó. Los recursos de alimentación no han sufrido recortes, pero la disminución de presupuesto en otras áreas ha significado que los hospitales estrechen aún más sus gastos.

En el Sótero dan otra explicación: el desabastecimiento ocurrió solo un día en que no se entregaron los insumos por una factura atrasada. Otras fuentes del área cuentan que, además del atraso con los proveedores, la situación escaló porque la persona encargada de la logística de alimentación se encontraba con licencia.

Esta no es la única área del Sótero del Río que ha tenido problemas con los insumos. En una de las unidades de cuidados intensivos pediátricos, el cuerpo médico juntó dinero para comprar sabanillas y realizó una rifa para reparar un mueble de lavado. A pesar de que desde el gobierno aseguraron que no habría afectaciones con insumos o la atención de pacientes, el presidente nacional de la Fenats, Emerson Berríos, explica que se encuentran levantando un catastro sobre la falta de elementos que han reportado en diferentes centros de salud a lo largo del país:

“En el Hospital Padre Hurtado hemos visto que las farmacias ya no entregan los mismos medicamentos y lo hacen por menor tiempo. Si antes entregaban para un mes, ahora solo son para 10 días. El gobierno dice que no afecta a los insumos. Pero la verdad es que cuando acortas un presupuesto que ya tiene deudas millonarias, lo que haces es estresar aún más la red. Todos los hospitales tienen deficiencias estructurales desde hace mucho tiempo, pero con el recorte presupuestario se ha agudizado su precariedad”.

Los primeros síntomas

Durante los primeros días de junio, los servicios de salud reforzaron los lineamientos del ajuste con circulares a los hospitales que ponían énfasis en mejorar la gestión del personal. Los documentos establecen diferentes criterios para los reemplazos por licencias médicas continuas. Entre ellos, que el reposo alcance o supere los 30 días, así como también restringe el llamado a vacante de los cupos que dejan los funcionarios en retiro. En la misma línea, se prohíbe la contratación de reemplazos para jefaturas y establece un tope de horas extraordinarias.

Por lo mismo, funcionarios del Sótero del Río cuentan que les han ordenado priorizar las horas de cirugía con patologías cardíacas u oncológicas.

Para Camila Fuentevilla, presidenta de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, la reducción de horas extras va a terminar abultando las listas de espera y sobrecargando a los funcionarios.

La dirigente explica que “cualquier persona que trabaja en el sistema público sabe que, por lo general, los trabajadores, con las horas extraordinarias, lo que hacen es avanzar en las listas de espera. Ahora se ha visto afectada la red hospitalaria con estos recortes, porque no tenemos la misma capacidad de atención. Es más difícil operar después de las 17.00, porque no hay cobertura extraordinaria”.

Además de los ajustes en personal, el Decreto 333 establece un recorte al sistema de GRD (Grupos Relacionados por el Diagnóstico), que define los pagos a los casos clínicos y cirugías. La presidenta del Colegio Médico de Santiago, María Francisca Crispi, señala que esta rebaja terminará estresando aún más la red de salud.

“Se ha dicho que el ajuste está enfocado en mejorar la gestión, que no afectará a los pacientes. Pero los recortes llegaron directamente al pago por hospitalizaciones, que es un monto que les llega a los hospitales por cada hospitalización. Eso fue recortado, por lo que efectivamente hay menos presupuesto para hospitalizaciones”, dice la doctora.

Rodrigo Infante, director del Hospital San José, un centro que al 11 de agosto tenía 25 pacientes que se encontraban hospitalizados en sillones y no contaban con cupos para reanimadores, tiene otra mirada.

“Todos hablan del impacto del recorte, pero yo la pregunta que les haría a todos esos directores de hospitales que han dicho que han bajado los insumos es si han revisado bien los gastos que han realizado”, dice, y agrega algo más: “Es una falacia decir que no hay insumos, porque todos los que trabajan en el Fisco saben que hay presupuesto inicial y presupuesto final. Yo también tengo presupuesto para dos meses, pero luego vienen los decretos de cierre. Si uno ha tenido acotado el gasto, va a llegar perfectamente a diciembre”.

Efecto dominó

Los gremios de salud manifestaron su malestar por los recortes el jueves 6 de agosto, frente a La Moneda. Cuatro días después, la Fenpruss convocó a una manifestación frente al ex Congreso, mientras sesionaba la Comisión de Salud del Senado.

Ahí, la ministra de Salud, May Chomali, apuntó a que “los aumentos de los presupuestos no se correlacionan con el aumento de la producción. Otros expositores, como Jaime Mañalich, exministro de Salud durante los gobiernos de Sebastián Piñera, destacó la importancia de que los ministerios de Hacienda y Salud dialoguen.

“Tenemos dos ministerios que se preocupan de la salud, pero hablan dos idiomas completamente distintos, que no conversan entre sí. La Dipres dice ‘Fonasa me va a gastar toda la plata que puedan, entonces no confío en ellos. Y les hago un presupuesto cortito para ir controlando la cosa, de manera tal de soltarles sólo en la medida en que se portan bien y no gastan mucho’. Eso es tratar a Salud como niños, pero Salud también necesita hablar el idioma de la Dipres y mostrar que en Salud la inversión tiene réditos positivos que hay que mostrar”, detalló el exministro.

Los alcaldes del país también han sido protagonistas del debate sobre el recorte. Esto, porque Salud no sólo recortó cerca de $ 18.000 millones destinados a la atención primaria, que ellos dirigen. Además, el ministerio pausó algunos recursos destinados al programa de Atención Primaria de Salud Universal, en los que están contenidos los Cesfam, consultorios Cecosf y postas rurales.

Las primeras consecuencias están a la vista. El Cesfam administrado por la Fundación Cristo Vive, en Recoleta, terminó con los horarios de fin de semana. Esto, luego de que el Minsal pusiera fin al programa de Atención Médica Expedita (AME), que permitía la extensión de horario de sábado hasta las 17 horas. Ahora funcionarán hasta las 13 horas, y pronostican que el cierre temprano tendrá un efecto directo en la saturaración del SAR Zapadores. Lo mismo pasó en la mayoría de los consultorios de Arica.

“Es importante que el gobierno entienda que la atención primaria no es un gasto prescindible. La atención primaria de salud es la puerta de entrada al sistema de salud para miles de familias, y cada peso que se recorta se traduce en más listas de espera y más presión sobre los hospitales”, señaló el alcalde de Recoleta, Fares Jadue (PC).

No es el único que ha hecho pública su molestia. El alcalde independiente de La Cisterna, Joel Olmos, asegura que “estamos calculando 18.000 atenciones menos producto de esta reducción de $ 405 millones que este año está siendo efectiva. Para el mes de abril y mayo tuvimos que rechazar más de 4.300 atenciones médicas y más de 1.600 atenciones odontológicas. Es decir, nosotros ya estamos sufriendo una parte de esa proyección de 17.000 atenciones menos que nos cuesta esta reducción, y hoy día tenemos que estar mandando a la gente para la casa cuando nos piden horas”.

Otro grupo, entre los que destacan los jefes comunales de San Ramón, Gustavo Toro (DC); Javiera Reyes (PC), de Lo Espejo, y Karina Delfino (PS), de Quinta Normal⁠, le enviaron una carta al Presidente Kast, en la que pedían aumentar los recursos de la atención primaria. Varios admiten estar preocupados: esperan un peor escenario para el próximo año, cuando se eliminen definitivamente otros programas sociales y sanitarios.

Al ser consultada por las proyecciones para 2027 y el impacto de los recortes, la Subsecretaría de Redes Asistenciales declinó participar de este reportaje.

Cristián Rodríguez, vicepresidente nacional de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam), dice que el cierre de horarios tendrá un efecto directo en la saturación de la red hospitalaria. Emerson Berríos, de Fenats, coincide en este análisis. “El recorte tiene un efecto dominó. Si los consultorios cierran sus horarios, los pacientes se trasladan al hospital que ya está saturado y con personal sobrecargado. Lo que está diciendo el gobierno es que con los recursos que existen se va a seguir apretando el cinturón. Tenemos preocupación por cuánto van a recortar el próximo año”.