“Vamos a reversar el tema de la expropiación de Colonia Dignidad y dictaremos un decreto que revoca al que dio origen al plan”.

Esas fueron las palabras que el ministro de Vivienda (Minvu), Iván Poduje, dijo a La Tercera el pasado 29 de marzo. A pocas semanas de asumir el gobierno de José Antonio Kast, la idea de los recortes impulsados por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se extendieron a Vivienda, con paralizaciones a proyectos emblemas de la administración de Gabriel Boric, como la ciclovía en el eje Alameda- Providencia y el Club Hípico de Punta Arenas, entre otros.

Aunque la lista de recortes es más extensa, revertir el decreto que ordena la expropiación de Colonia Dignidad fue lo que causó más revuelo, luego de que parlamentarios de oposición y organizaciones de víctimas de derechos humanos acusaran motivaciones ideológicas en la decisión, lo que fue descartado por el titular de Vivienda.

El plan de Poduje era frenar el decreto de expropiación con otro decreto que sería emitido el lunes 30 de marzo, al día siguiente del anuncio. Sin embargo, hasta la fecha no se ha dado marcha a ese proceso. Conocedores de la tramitación dan cuenta que desde el Minvu no han transmitido ninguna indicación al respecto de la reversión de la expropiación, más allá del anuncio. La expropiación ha tenido un estancamiento natural que ha dejado a su paso una estela de preguntas.

Al ser consultados por el avance del proceso, el Minvu aclaró que el decreto será emanado “una vez que finalicen las gestiones administrativas y contractuales ordenadas por el gobierno anterior, las que consisten en el pago de los servicios prestados por la empresa a cargo de las tasaciones”. El costo del estudio todavía es una incógnita. De hecho, en Vivienda aseguran que no están al tanto de los valores.

La tasación, que se encuentra en curso, está a cargo de la arquitecta Claudia Poblete Ramírez, quien se ha desempeñado como perito tasadora en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, diversas empresas inmobiliarias y en el Ministerio de Hacienda. Junto a ella trabaja María Letelier Bopp, otra arquitecta, que también ha trabajado como perito judicial en diversas cortes de apelaciones y tribunales.

Un primer informe ya fue entregado al Minvu. Si bien se desconocen las conclusiones de la tasación, el ministro adelantó en conversación con La Tercera que se trataría de un valor de $ 47 mil millones por 117 hectáreas, que contemplan las zonas donde se encuentran la casa de Paul Schäfer, el hospital, el museo colonial, accesos al predio y una parte del estero donde se lanzaron las cenizas de los detenidos desaparecidos durante la dictadura.

Esta cifra ha sido cuestionada por organizaciones de víctimas, que aluden a la tasación que realizó en 2018 la Agencia Alemana de Cooperación Internacional. En esa ocasión la evaluación patrimonial se realizó a cerca de siete mil hectáreas y concluyó que el valor comercial alcanzaba los $ 20 mil millones: una cifra que está muy por debajo de la que anunció Poduje.

El camino que dejó Boric

La facilidad con que se ha atascado el proyecto, dicen quienes han sido parte de la tramitación, se debe a lo poco que se avanzó durante el gobierno anterior. Para anunciar la expropiación, en marzo de 2024, el expresidente Boric publicó un mensaje en su cuenta de X. “Uno de los lugares más oscuros de la patria pasará a ser sitio de memoria y reflexión”, manifestó en aquel entonces. El 22 de julio de 2025 emitió el decreto para el proceso expropiatorio y en noviembre comenzó la tasación, que tuvo varias demoras por las descoordinaciones entre los habitantes de Colonia Dignidad y el Serviu del Maule.

Acorde a los documentos judiciales, el 28 de noviembre los peritos se dirigieron a la parcela y sostuvieron una reunión con una treintena de residentes, quienes expresaron su disconformidad con las comunicaciones del procedimiento. Así, no se pudo realizar la tasación en esa primera visita: los habitantes argumentaron que no estaban al tanto y que necesitaban dar aviso a todos los socios. A las semanas siguientes se logró ingresar al predio, sin embargo, el proceso sigue en evaluación.

Sin la tasación y una oferta de indemnización a los propietarios, la expropiación estaba lejos de ser ejecutada. Fuentes que siguieron de cerca el trámite explican que solamente existe una propuesta preliminar realizada por la comisión mixta –que reúne al gobierno alemán y a Chile– que consiste en la identificación de los lugares reconocidos en la declaratoria de monumento histórico, realizada en 2016 bajo el mandato de Sebastián Piñera. Además, contaban con sugerencias de memorialización y museografía en las distintas zonas de Colonia Dignidad.

Sin embargo, desde el anuncio no se ha tenido claridad sobre qué es lo que ocurrirá con estas propuestas y el sitio de memoria comprometido a Alemania por el Estado chileno en los gobiernos de Piñera y Boric.

Tal fue la sorpresa una vez que el ministro dio a conocer la paralización, que al día siguiente de las declaraciones la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, Kathrin Deschaue, manifestó su “preocupación” por el proyecto y afirmó que deberán estudiar las “repercusiones prácticas” que implica la decisión de Poduje.

En Chile, la incertidumbre también crecía. Fuentes que estuvieron al tanto de las conversaciones señalan que la primera reacción que trajo el anuncio de Poduje fue la sorpresa de la embajada de Alemania. Los representantes extranjeros solicitaron reunirse con interlocutores del Ministerio de Justicia, cartera que está a cargo del proyecto conmemorativo mediante la Subsecretaría de Derechos Humanos, y, tras las reuniones, se dejó en claro que la idea de un homenaje seguía intacta.

Lo mismo recalcan desde la embajada de Alemania en Chile: “Mantenemos intercambio permanente sobre el tema con las autoridades chilenas, quienes nos han asegurado que se continuará con el objetivo común de un sitio de memoria”, aseguran en un comunicado.

Lo que todavía está por definir es cómo se realizará el sitio de memoria, sobre todo considerando que el terreno está sujeto a las decisiones de los propietarios, agrupados en más de cuatro sociedades. La repartición señala a este medio que “para darle curso al compromiso que adquirió Chile en 2017 sobre un sitio de memoria, se agendó una reunión de trabajo en el marco de la Comisión Mixta Chile-Alemania para el mes de julio”.

En shock

Al Servicio de Vivienda y Urbanismo tampoco ha llegado una instrucción sobre qué hacer con los trámites de tasaciones que se iniciaron. De momento sólo han conocido las declaraciones públicas del ministro que daban cuenta que no había recursos para costear la indemnización a los propietarios. En la Municipalidad de Parral, liderada por el alcalde republicano Patricio Ojeda, tampoco han tenido mayores novedades. Sólo comentan algunas conversaciones informales sobre la voluntad de trabajar en un “memorial que no involucre una medida tan extrema como la expropiación”, dice el jefe comunal.

Y agrega: “Conocemos la información que ha circulado, que dice que el proceso estaba mal conducido, con varias observaciones legales y con severas posibilidades de continuar su curso. Valoramos que se esté revisando el fondo de la medida, al mismo tiempo que guardamos la esperanza de que el actual gobierno pudiera seguir disponiendo de fondos públicos para procesos expropiatorios, pero para aquellos que involucren inversiones para dar curso al desarrollo de la comuna”.

En el Parlamento, el diputado Roberto Celedón (ind.) ingresó una serie de oficios al Ministerio de Vivienda y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para obtener mayor claridad del procedimiento expropiatorio y el futuro de un memorial. Obtuvo una respuesta del subsecretario de Bienes Nacionales, Javier Peró, quien aclaró que el proceso “se encuentra suspendido por razones presupuestarias”.

Sobre la tasación, la respuesta del subsecretario indicó que la categorización como monumento histórico es una “circunstancia jurídicamente determinante para la tasación, ya que, conforme a las máximas de la experiencia de los peritos tasadores, las restricciones asociadas a una declaratoria de monumento nacional constituyen un factor de depreciación del valor de los inmuebles”.

El diputado Celedón critica la falta de información sobre el proceso: “No han dado información sobre qué sucederá, tampoco se sabe el resultado oficial de la tasación; lo que dijo el ministro es un estimado. Es lamentable que el gobierno chileno diga que no puede cumplir su promesa por cuestiones presupuestarias, un compromiso que ha traspasado colores políticos: desde Sebastián Piñera a Gabriel Boric han reconocido la importancia de instalar una conmemoración”.

Si bien las organizaciones de víctimas y los propietarios del predio pronosticaban que este gobierno dejaría en segundo plano la expropiación, sí esperaban más información tras el anuncio de revertir la medida.

Al interior de los organismos que representan a las víctimas hay una especie de “shock” tras el anuncio: hasta ahora no han tenido reuniones formales con las autoridades y este sábado, aprovechando la celebración del Día del Patrimonio, se coordinaron entre las fundaciones para exigir mayor claridad al respecto.

Mientras crece la incertidumbre por el futuro del memorial, la presidenta de la Asociación por la Memoria y DD.HH. de Colonia Dignidad, Margarita Romero, afirma que “la negativa a continuar con la expropiación es más indignante aún cuando se constata que el gobierno no propone ninguna alternativa para cumplir con la necesidad de acceso público al sitio, más que sólo detener y retroceder en lo avanzado”.

La creación de un memorial accesible a las víctimas ha sido una exigencia que ha trascendido gobiernos. Fuentes cercanas a los propietarios de los predios indican que están abiertos a una expropiación sectorial, que incluya las áreas más emblemáticas, como la casa de Schaffer y la bodega de papas, donde ocurrían las torturas. Sin embargo, hasta el momento sostienen que no han existido coordinaciones para explorar otras alternativas.

Erika Tymm, hija de colonos que residen en Villa Baviera, se opone a la expropiación total del predio. Consultada, manifiesta la apertura de la comunidad para establecer un memorial. “¿Cómo no vamos a entender el dolor de las familias que buscan a sus desaparecidos si a nosotros también nos robaron la identidad y el derecho a ser personas? Empatizamos con ellos, somos capaces de entender su dolor. Queremos un camino razonable, un punto de encuentro donde ellos puedan venir a conmemorar a sus seres queridos. A dejar flores, a buscar paz”, expresa.