En septiembre de 2024 se presentó un proyecto de ley -el que fue promulgado en junio del año pasado- que buscaba dejar atrás el entrampamiento en que se encontraba la discusión sobre una nueva ley general de pesca -motivada porque actos de corrupción habrían afectado su discusión legislativa-, y que apuntó directamente a modificar la distribución de las cuotas de pesca entre la actividad industrial y artesanal en distintas pesquerías a lo largo del país, dejando la reformulación de una nueva regulación sobre la actividad a una tramitación paralela -proyecto que recientemente el gobierno del Presidente Kast ha decidido retirar, privilegiando reformar el estatuto vigente.

Sin embargo, y a pesar de los dichos del Presidente Gabriel Boric en su momento al publicar la ley de fraccionamiento de las cuotas de pesca de que “quienes estamos en política, somos empleados del pueblo. No de las grandes empresas o los poderes fácticos” y que “esta ley se enmarca, insisto, en algo que es de la esencia de nuestro proyecto político (…), que es la riqueza para quienes la producen”, claramente no se puede pretender introducir cambios que puedan afectar derechos y alterar normas que regulan el desarrollo de actividades económicas sin que se produzcan reacciones. Y es lo que de hecho ha estado ocurriendo en el sector, al existir cinco empresas pesqueras que ya interpusieron demandas indemnizatorias o lo harán en contra del Estado, según consignó este medio, por un monto total cercano a los 600 millones de dólares.

Ya en la discusión de la ley, las opiniones de los actores de la industria ya anticipan un escenario donde se buscaría obtener compensaciones. Las razones invocadas ahora por las demandantes, de expropiación indirecta al afectar las licencias que se habían establecido de acuerdo a la ley 20.657 en 2013 y que garantizaban en principio cuotas hasta el 2032, vulnerando el derecho de propiedad que existiría sobre estas, como asimismo una desigualdad al imponer cargas al implementar una política sin ninguna compensación, vuelven a poner en el centro del debate no solo el tratamiento que se le dio a la materia en cuestión, sino también a la eventual responsabilidad que le pudiera caber al Estado derivada de la forma como aborda sus regulaciones.

Si bien corresponde al Estado darse aquellas reglas que estima pertinentes e ir modernizando su institucionalidad acorde a los cambios que se presentan o se anticipan, y más allá de cómo resuelva la Justicia las pretensiones de los demandantes, es fundamental tener a la vista la necesidad de que debe existir claridad y certeza respecto de las normas que regulan el desarrollo de actividades económicas, especialmente en áreas tan relevantes como esta, atendido a que las decisiones que se toman son a largo plazo y es fundamental dar señales de que existe un ámbito favorable y seguro si se pretende atraer inversiones.