La aprobación en el Congreso de los aspectos centrales del proyecto de Reconstrucción Nacional es una noticia positiva para el país -es evidente que la necesidad de reactivar la economía y el empleo no puede seguir postergándose-, más allá de que la oposición se haya opuesto en bloque a dicha iniciativa. Con todo, por medio de mociones se lograron introducir dos artículos que no guardan ninguna relación con las bases de esta propuesta, pero cuyos efectos negativos sobre el mercado financiero y los ahorros de los propios chilenos pueden llegar a ser significativos. Es así como durante su paso por la Cámara de Diputados parlamentarios de oposición incorporaron un artículo que prohíbe el anatocismo -el pago de interés sobre interés-, mientras que en el Senado se introdujo el “olvido financiero”, conforme el cual las entidades financieras deberán eliminar de sus registros financieros la información de deudas impagas o extinguidas luego de cinco años, en tanto que tampoco podrán usar esa información para condicionar la entrega de productos financieros o apertura de cuentas.

Las razones esgrimidas por sus patrocinantes son variadas, pero un argumento que se ha repetido es que tratándose de una reforma que solo beneficia tributariamente a las grandes empresas y a los más “ricos” -que ha sido la base sobre la cual la oposición justifica su rechazo a esta ley- se estimó pertinente incorporar disposiciones que fueran en directo beneficio de las personas. Así, los chilenos pagarían menos intereses por sus deudas, y podrían acceder más fácilmente a productos financieros, trayendo con ello algo más de “equidad”. Pero el efecto esperado de estas medidas es diametralmente opuesto, tal como han advertido el Banco Central, la CMF, representantes del sistema financiero y un sinnúmero de voces expertas. La eliminación del anatocismo solo conllevará a que los créditos se encarezcan para todos los deudores e incluso los mismos productos donde ahorran los chilenos se verán perjudicados al no poder capitalizar los intereses, en tanto que el olvido financiero también traerá aparejado que las entidades financieras, ante la asimetría de información, restrinjan créditos o suban las tasas.

Pese a estas advertencias que fueron alertadas durante el debate legislativo, los parlamentarios -sobre todo de oposición, más algunos oficialistas- decidieron aprobarlas, desoyendo por completo estas fundadas prevenciones. La excandidata presidencial del oficialismo y exministra del Trabajo, Jeannette Jara, fue aún más explícita, recomendándole al Presidente Kast que el anatocismo sea eliminado para pymes y consumidores. El ministro de Hacienda ya adelantó que respecto del anatocismo se procederá con el mecanismo del veto, mientras que en el caso del olvido financiero se están evaluando las opciones. Aunque el Ejecutivo no estuvo de acuerdo con esas normas, es también su responsabilidad el no haberse opuesto más enérgicamente en la Cámara contra la eliminación de intereses sobre intereses, dejando que esto fluyera, apostando a que luego se corregiría en el Senado, lo cual probó ser un grueso error.

Más allá de que estas disposiciones logren ser eliminadas de la ley, es inevitable constatar que una vez más estamos en presencia del populismo parlamentario, un mal que crecientemente se ha enquistado en nuestra política y cuyas implicancias terminan afectando la calidad de nuestra democracia y perjudicando a los propios chilenos. Es la creencia de que basta con aprobar alguna propuesta que goce de popularidad en la población o que supuestamente corrija abusos para que entonces mágicamente se produzcan los efectos deseados, desentendiéndose por completo de sus consecuencias; lo que importa es granjearse el apoyo popular y con ello tratar de asegurar votos para una siguiente elección.

Cuando la política cae en la desconexión del análisis técnico y deja de mirar como objetivo central la dictación de buenas políticas públicas, se entra en una dinámica muy negativa y de la cual luego resulta difícil salir. Estos arranques populistas en parlamentarios ya comenzaron a notarse a partir de los movimientos estudiantiles de 2011, pero se desataron con especial intensidad a partir del llamado estallido social y luego con la pandemia, donde el caso paradigmático fueron los tres retiros previsionales que impulsó el Congreso valiéndose del expediente de reformas constitucionales para saltarse la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en estas materias. Las advertencias de las implicancias que conllevaría inyectar súbitamente recursos sin precedentes a la economía no fueron consideradas; sus efectos en materia de inflación fueron enormes, sin contar el impacto que aún se siente sobre el mercado financiero, como también el daño que se hizo a las futuras pensiones de millones de chilenos.

En muchos sigue presente la creencia de que los retiros no produjeron grandes daños -lamentablemente el desconocimiento sobre materias financieras ayuda a que cundan este tipo de predicamentos-, lo que ha dejado abierta la puerta para que cada tanto aparezcan parlamentarios dispuestos irresponsablemente a impulsar nuevos rescates, propuestas que sin duda encuentran respaldo a nivel ciudadano ante la creencia de que no hay efectos negativos. La eliminación del anatocismo o el olvido financiero responden a esta misma lógica -si algo tiene apoyo popular hay que impulsarlo, aunque sus efectos sean perniciosos-, pero no son los únicos casos. Hace un tiempo se presentaron mociones para terminar con una serie de contratos en UF, desoyendo que aunque una idea de esta naturaleza puede sonar bien, implicará que las entidades financieras y de servicios buscarán otras formas de protegerse de los efectos inflacionarios, con tasas de interés más altas o excluyendo clientes con mayor nivel de riesgo.

El Congreso juega un rol fundamental en la democracia; su rol va mucho más allá de aprobar las leyes que regirán en el país; es ante todo la entidad que por excelencia debe mediar entre las aspiraciones e inquietudes de la población, con las posibilidades que realistamente puede ofrecer la ley, la Constitución y las capacidades económicas de un país, velando por evitar daños sobre la institucionalidad, la economía y por supuesto contener razonablemente las expectativas. Al renunciar a este rol mediador y dar paso a las pulsiones, los parlamentarios dañan la solvencia del sistema político y con ello el bienestar de toda la población, desacreditando su propio rol.

Es grave que cuando el país está empeñado en hacer esfuerzos por volver a crecer y crear empleos, surjan iniciativas como las recientemente impulsadas, que podrían encarecer el crédito y atentar contra el objetivo de la inclusión de más chilenos en los procesos de bancarización, ante lo cual los partidos y los parlamentarios deben ser mucho más conscientes de sus actos.