El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, realizó una presentación ante la Comisión de Minería y Energía del Senado sobre la situación actual de la Corporación y los desafíos que deberá enfrentar durante los próximos años. Su diagnóstico es difícil de rebatir. La principal empresa del Estado atraviesa una situación financiera y operacional compleja. Su producción se encuentra distante de los niveles alcanzados hace una década, sus costos superan el promedio de la gran minería chilena, mientras los proyectos estructurales han experimentado retrasos y sobrecostos, en tanto que su endeudamiento ha crecido hasta niveles que restringen seriamente su capacidad de inversión futura.

Esto coincide, en lo esencial, con los diagnósticos de bancos de inversión y clasificadoras de riesgo, que sitúan el principal problema de Codelco en el deterioro de su desempeño operacional. Con todo, no anticipan problemas inmediatos de solvencia, porque al tratarse de una empresa estratégica para el Estado difícilmente este la dejará caer. Sin embargo, ya resulta difícil no advertir que sus principales indicadores dan cuenta de problemas estructurales. En 2025 su producción propia alcanzó alrededor de 1,3 millones de toneladas, prácticamente lo mismo que la producción de Escondida por sí sola. Su costo directo llegó aproximadamente a US$ 2,12 por libra, frente a un promedio cercano a US$ 1,81 para la gran minería chilena. La deuda neta superó los US$ 25 mil millones, equivalente a 3,8 veces su Ebitda, una relación muy superior a la observada en compañías mineras privadas comparables, donde se ubica en torno a 0,5 veces.

Es claro que al ser Codelco la principal empresa del Estado, y un puntal clave para las finanzas del país, el país no puede seguir eludiendo la necesidad de emprender reformas estructurales en la compañía, no solo para mejorar sus niveles de producción y rentabilidad, sino sobre todo para asegurar que pueda seguir siendo sustentable a futuro. Los diagnósticos que ha hecho su administración sirven en ese sentido como un punto de partida para esta tarea, la que debe comprometer al gobierno, a las distintas fuerzas políticas y por supuesto a todos los estamentos de Codelco, donde el discurso de que “Codelco no se toca” ya no tiene cabida. La necesidad de asegurar su buen funcionamiento cobra aún más relevancia cuando se ha renunciado a la posibilidad de introducir participación privada en la propiedad -algo que sin duda ayudaría a mejorar los estándares de gestión, donde por ejemplo sigue sorprendiendo que un grupo de ejecutivos haya alterado las metas de producción para asegurar el pago de bonos sin que esto haya sido oportunamente detectado-, por lo que el Estado debe asegurar que se hagan eficientemente los cambios que sean necesarios.

Un aspecto que desde ya debe revisarse es el estado de las actuales divisiones y si los planes de inversión que se manejan para cada una de ellas se justifican o si deben ser ajustados. La realidad de Codelco es muy variada, lo que obliga a analizarlas separadamente. La empresa tiene siete grandes minas, todas con resultados muy dispares, pero que en conjunto están mostrando ser menos rentables que sus principales competidores privados en el país.

La propuesta de abandonar la producción como objetivo central y sustituirla por la rentabilidad parece, en principio, razonable, pues ninguna empresa debiera producir una tonelada que no genere valor. Pero el objetivo no puede ser producir más a cualquier costo; de allí que la meta debe ser maximizar el valor económico de los yacimientos, considerando los costos, la vida útil de las minas, los riesgos operacionales y las necesidades financieras de largo plazo.

La recuperación de Codelco también exige que el Estado modifique su comportamiento como propietario. No es posible exigirle simultáneamente altos aportes fiscales, elevados niveles de inversión y bajo endeudamiento. El Estado necesita definir una política plurianual de capitalización y dividendos vinculada al precio de largo plazo del cobre, límites explícitos al endeudamiento y reglas que impidan que los ingresos provenientes de la venta de activos terminen financiando gasto corriente. Sin estas definiciones, cualquier alivio financiero será transitorio y Codelco volverá a enfrentar los mismos problemas dentro de pocos años.

Fontaine también ha señalado que, durante los últimos cuatro años, Codelco entregó al Estado cerca de US$ 7 mil millones y aumentó su deuda en aproximadamente US$ 8.700 millones. La comparación es válida como señal de alerta, porque resulta evidente que el modelo financiero de la empresa no es sostenible; sin embargo, la relación entre los aportes al Fisco y el crecimiento de la deuda requiere mayor precisión.

Una parte importante de esos aportes no corresponde a utilidades retiradas discrecionalmente por el propietario, sino a obligaciones legales ineludibles. Solo los pagos asociados al gravamen sobre las ventas externas del cobre alcanzaron aproximadamente US$ 5.300 millones durante ese período, equivalentes a cerca del 75% de los aportes totales al Fisco. Presentar todos esos recursos como si fueran utilidades retiradas por el Estado confunde obligaciones legales y tributarias con decisiones efectivas de descapitalización. Estas últimas, por cierto, también deben revisarse, pero corresponden a un problema distinto.

Fontaine acierta al sostener que la situación actual no puede continuar. Pero, con un mandato de cuatro años y a la luz de las experiencias pasadas, enfrenta una tarea especialmente difícil, que es priorizar. Una empresa del tamaño y complejidad de Codelco no puede transformarse simultáneamente en todos los frentes sin correr el riesgo de dispersar esfuerzos, avanzar poco en cada área y diluir responsabilidades.

El verdadero desafío de la actual administración no consiste en presentar un plan ambicioso en cada dimensión, sino en concentrar la gestión en ciertos objetivos críticos y conseguir en ellos cambios profundos, medibles y sostenibles, que permitan demostrar que, en el futuro, Codelco podrá volver a responder por sí misma, una tarea que debe partir cuanto antes y que no puede ser torpedeada desde la clase política.