Esta semana fue posible advertir la confluencia de una serie de episodios que golpearon al gobierno y que, tal como ha ocurrido en otras oportunidades, es fundamentalmente el fruto de errores propios, los que podrían haber sido evitados de haber tenido lugar un mejor manejo y coordinación por parte de La Moneda.

Por de pronto, el Ejecutivo sufrió una estrepitosa derrota en el Tribunal Constitucional (TC) -nueve votos en contra, y solo uno a favor- a propósito del requerimiento que presentó para impugnar un articulado introducido por parlamentarios en el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, referido a la obligación de las concesionarias eléctricas, sanitarias y de gas a restablecer gratuitamente sus servicios a usuarios residenciales y micro, pequeñas y medianas empresas ubicados en zonas declaradas en estado de catástrofe, cuando el suministro hubiese sido suspendido por falta de pago. Esto constituye un bochorno de proporciones, que lleva a preguntarse no solo sobre las razones que tuvo el Ejecutivo para elegir esta vía de impugnación en vez de optar por el veto -como lo hizo con otras disposiciones- o por una “ley corta”, sino además por los dudosos fundamentos esgrimidos para alegar la inconstitucionalidad, enfatizando que se apartaba de las ideas matrices del proyecto.

Una vez que se conozcan los fundamentos del fallo se podrá tener más claridad sobre las razones que tuvo el TC para adoptar esta contundente resolución -en todo caso, el Ejecutivo también hizo presente en el requerimiento los problemas que genera la norma, pues coloca plazos perentorios para restablecer el servicio en zonas afectadas por catástrofes, además de considerar sanciones frente a un incumplimiento, ante lo cual será interesante conocer el razonamiento del TC-, pero parece evidente que si el argumento central del alegato giró en torno a las ideas matrices, sería altamente esperable que el tribunal no lo acogiera, considerando que el proyecto fue justamente de carácter misceláneo y de hecho contenía normas para favorecer la reconstrucción en zonas dañadas por incendios forestales. Esta fundamentación jurídica del requerimiento -que más bien puso el acento en la forma, es decir, el mecanismo para presentar dicho articulado, en vez de entrar a cuestiones más de fondo- deja una sensación de perplejidad de por qué se optó por una fórmula previsiblemente destinada a ser derrotada y cómo fue posible que el gobierno permitiera exponerse de esa forma, porque claramente el resultado no lo prestigia.

Este requerimiento, por lo demás, ya había generado fuertes divisiones al interior del propio gobierno, pues mientras el ministro del Interior era contrario a dar ese paso, el titular de Hacienda, en cambio, optó igualmente por recurrir al TC junto con otros ministros, sin informar de ello al jefe de gabinete -y además vocero de gobierno-, lo que por supuesto dio pie a un insólito bochorno comunicacional, revelando una desprolijidad difícil de comprender. No fue la única divergencia entre ambas secretarías de Estado, pues mientras Hacienda evaluó la alternativa de una “ley corta” una vez conocido el veredicto del TC, Interior finalmente lo descartó.

La intensa polémica en torno a la agenda de seguridad puso en segundo plano otro hecho controversial ocurrido esta semana, a propósito de las declaraciones que el ministro de Defensa formuló en una entrevista concedida a DF MAS, en la cual lanzó una serie de definiciones que fueron mucho más allá de su ámbito, entre ellas que Chile debería abandonar el Convenio 169, por las divisiones internas que este genera. Esto motivó una inmediata reacción del ministro del Interior, quien desestimó de plano esa idea, lo que posteriormente fue refrendado por el propio Presidente de la República. El episodio no es trivial, porque otra vez La Moneda resultó sorprendida por agendas propias de los ministros que no han sido debidamente sensibilizadas, y que terminan enredando al gobierno.

Las públicas discrepancias en torno al requerimiento del TC, la falta de coordinación básica entre los propios ministros y la excesiva autonomía de algunos de ellos -el propio ministro de Defensa ya había generado fricciones por sus críticas al gobierno de Estados Unidos producto de los aranceles impuestos a Chile- tienen una raíz común, porque finalmente son el reflejo de un diseño que favorece la ocurrencia de este tipo de desprolijidades. Sorprende, por lo mismo, que el propio Presidente Kast no se inquiete mayormente ante ello; más aún, pareciera incluso favorecer este esquema de funcionamiento. En entrevista con Radio Duna, señaló que la descoordinación entre Hacienda e Interior fue culpa suya, pero valora que en el equipo se discuta y se debata. “Cada ministro tiene su personalidad, su carácter”, afirmó. A su turno, en Radio Infinita fue consultado sobre los dichos del ministro de Defensa y el Convenio 169; no solo evitó toda crítica, sino que además declaró que “hay ciertos temas que son debatibles, conversables y para eso es un gabinete. Yo no convoqué a personas no pensantes, convoqué a personas muy pensantes y me alegro de haber convocado a personas que van opinando, planteando ideas y después se toma una definición, y esa definición la tomo como Presidente”.

En sus afirmaciones el Mandatario pasa por alto que no es lo mismo convocar a personas pensantes -lo que siempre será un activo- con consentir que las diferencias se ventilen públicamente o que se manejen agendas que incluso el propio jefe de Estado debe salir a corregir. Eso alimenta una sensación de desorden y genera ruidos innecesarios, que no solo tienen el potencial de contaminar la discusión de reformas importantes para el país, sino que pueden llegar a tener repercusiones para los intereses del país, como por ejemplo en la relación con Estados Unidos. Tampoco podría considerarse como señal de sano funcionamiento que distintos ministerios reiteradamente discrepen entre sí, creando confusión sobre la dirección de las políticas del gobierno.

El bochornoso traspié ante el TC por la forma como se manejó el requerimiento, así como las controversias ministeriales, deberían ser aleccionadores sobre la importancia de cuidar que el diseño de gobierno tenga una prolija coordinación, con límites claros sobre los ámbitos de acción, algo que de suyo es una responsabilidad del Mandatario.