Por estos días el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha reactivado con especial intensidad la ofensiva en que se ha empeñado el gobierno de Donald Trump para desmantelar –“ladrillo a ladrillo”- la Corte Penal Internacional (CPI). La asonada ya se había manifestado en febrero del año pasado, cuando el mandatario firmó una orden ejecutiva con el fin de sancionar a una serie de funcionarios de la Corte, acusándola de haber iniciado investigaciones sin fundamento legítimo respecto de personal de Estados Unidos y algunos de sus aliados, como es el caso de Israel, al haber emitido órdenes de arresto en contra del primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu -investigado por su responsabilidad en presuntos crímenes de guerra en Palestina- y de un exministro de Defensa de dicho país. La Casa Blanca argumentó entonces que ni Estados Unidos ni Israel han suscrito el Estatuto de Roma -que dio origen a la CPI-, por lo que no le reconocen jurisdicción. En esta renovada asonada, Rubio ha sostenido que la CPI constituye una “amenaza intolerable” para la soberanía de su país, ante lo que se activará una campaña que abarcará distintos cursos de acción, entre ellas contactos diplomáticos a diversas naciones, instándolas a que se retiren de la CPI, así como nuevas rondas de sanciones.

Todo hace prever que en algún momento el gobierno de Chile también será contactado por la Casa Blanca para que fije postura, tomando en cuenta que nuestro país es una de las 125 naciones firmantes del Estatuto de Roma. Esto sin duda representará una encrucijada para el país, pero lo relevante es que las autoridades basen sus decisiones en función de nuestros propios intereses, tal que guarden coherencia con las líneas que el país ha sustentado en política exterior. En ese orden de cosas, Chile ha defendido el multilateralismo, así como su apego al derecho internacional y la resolución de controversias mediante mecanismos institucionales, con apego a los acuerdos internacionales que se hayan suscrito.

La Corte Penal Internacional -creada en 2002- no está pensada para sustituir los tribunales de cada país, sino para actuar cuando estos no pueden o dejan de actuar. Su ámbito de competencia se limita a delitos gravísimos y específicos, como crímenes de guerra o genocidio, donde hace sentido que exista una institucionalidad investida de facultades que impidan que hechos como estos puedan quedar impunes. Tras la Segunda Guerra Mundial la humanidad estableció tribunales ad hoc para juzgar crímenes de guerra y otras atrocidades, pero uno de sus grandes cuestionamientos es que estos quedaban en manos de las grandes potencias. En tal sentido, es un avance que exista una corte cuyas designaciones y resoluciones no dependan de la voluntad de un puñado de países.

Sigue habiendo buenas razones entonces para que Chile continúe siendo parte del Estatuto de Roma -nuestro país de hecho concurrió en 2018 junto con otros gobiernos de la región a la presentación de un requerimiento en contra del exdictador Nicolás Maduro-, lo que no significa dejar de ver que la CPI ha sido objeto de cuestionamientos, sin que haya logrado alejar del todo las suspicacias de posibles cooptaciones ideológicas o de discrecionalidad en los casos que toma, lo que abre espacios para el perfeccionamiento de esta institucionalidad.