El ministro de Vivienda, en entrevista con este medio, indicó que no se seguirá adelante con cuatro proyectos aprobados en la administración anterior -y que involucran cuantiosos recursos-, entre ellos la expropiación de 117 hectáreas de la ex Colonia Dignidad, operación mediante la cual se buscaba preservar extensas porciones de terreno y viviendas del enclave con el fin de ser destinadas a espacios de memoria, considerando el gravísimo historial de violaciones a los derechos humanos que allí tuvo lugar.

La autoridad justificó la decisión sobre todo debido a la instrucción emanada del Ministerio de Hacienda para que las distintas carteras ministeriales lleven a cabo recortes equivalentes al 3% de su presupuesto, para lo cual se eliminarán proyectos que o bien no son prioritarios o bien demandan grandes cantidades de recursos, y de esa forma poder centrar los esfuerzos en las necesidades habitacionales de la población. El gobierno también ha hecho ver que el Ministerio no cuenta con facultades legales para expropiar con estos fines, una interpretación que en todo caso ha sido desestimada de plano por las exautoridades.

El anuncio ha sido duramente cuestionado desde la oposición, así como por organizaciones ligadas a los derechos humanos, que acusan evidentes motivaciones ideológicas detrás de esta decisión, haciendo ver el agravio que supone para las víctimas y desde luego para el país renunciar a la creación de un espacio de memoria en un lugar tan emblemático como Colonia Dignidad. Además, han alertado que la decisión del gobierno contraviene los acuerdos que el propio Estado suscribió con Alemania, donde desde 2017 se viene trabajando una agenda conjunta para que el enclave sea un sitio de memoria y centro de documentación, donde la expropiación ya se había incorporado como parte de lo ofertado por Chile.

Aun cuando no se concretaron tasaciones exhaustivas para determinar el valor exacto que involucraría la expropiación de las 117 hectáreas, no cabe duda de que en todo caso involucraría sumas muy cuantiosas, y ante la ominosa estrechez de recursos fiscales parece difícil de reprochar al gobierno que en este momento busque priorizar las múltiples demandas por viviendas y reconstrucción, que son anhelos muy concretos de la población. Asimismo, tampoco cabe atribuir motivaciones ideológicas, porque el que no se lleve a cabo tamaña expropiación en modo alguno implica que la autoridad haya cerrado las puertas a explorar otras alternativas que permitan honrar la causa de los derechos humanos -como un memorial, por ejemplo-, pero a un costo fiscal que el país sí pueda sustentar. De allí que ciertamente resulte abusivo pretender instalar la creencia de que el buscar alternativas menos onerosas y priorizar los recursos públicos supone despreciar a las víctimas o ponerse en contra de causa de los derechos humanos.

Luego de la polémica generada, el propio Presidente José Antonio Kast salió al paso y señaló que la iniciativa se puede acotar a un lugar de reflexión y de encuentro, en tanto que el ministro del Interior planteó que “nadie en el gobierno se opone a la construcción de un memorial, y que una expropiación acotada puede ser una fórmula”, planteamientos que bien se podrían haber explicitado desde un inicio como parte de un buen manejo comunicacional, que atenuara el impacto de esta decisión.