A medida que se van conociendo detalles sobre los recortes o eliminación de programas que el gobierno ha propuesto en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 que fue ingresado al Congreso, las críticas se han multiplicado desde los más diversos frentes. Por de pronto, sectores de oposición ya han acusado que el gobierno del Presidente Kast faltó a su palabra en orden a que los recortes no tocarían los beneficios sociales. A su vez, diversos gobernadores han alertado sobre la reducción presupuestaria para las regiones -algunos incluso han hablado de que hay un “castigo” por parte de La Moneda-, en tanto que desde el mundo de las universidades también se han dejado sentir fuertes cuestionamientos. Incluso el propio rector de la Universidad Católica envió una carta a los parlamentarios, solicitando que no se aprobara la partida correspondiente a educación superior. Al listado se podrían añadir los representantes del Servel, como asimismo los defensores de la “Ley Cholito”, y tantos más.

La forma en que se está llevando a cabo este debate resulta ciertamente lamentable, porque aun cuando es comprensible que ningún sector se puede sentir satisfecho frente a un recorte de su respectivo presupuesto, se está perdiendo por completo la perspectiva de que el país arrastra una situación fiscal de enorme complejidad y que hacía inevitable que el Presupuesto 2027 contemplara un aumento muy moderado del gasto, porque resulta central que Chile vuelva a poner en orden sus cuentas fiscales. El altisonante nivel que en algunos casos han alcanzado estos reclamos no se condice cuando, por otra parte, hay conciencia de que nuestra economía debe transitar hacia los necesarios equilibrios, y ello inevitablemente demandará sacrificios.

La discusión en torno al presupuesto requiere ser reconducida hacia un tono y aproximación muy diferentes, donde ante todo cabe apelar a la responsabilidad de cada uno de los actores. El gobierno habrá de tener la suficiente flexibilidad para introducir cambios en aquellos casos donde sea evidente que un recorte puede provocar daños irreparables o afectar gravemente a sectores de la sociedad -cabe por lo mismo reevaluar cómo se han definido algunas prioridades de recorte-, pero también es clave que los parlamentarios -de todos los sectores- eviten caer en actitudes populistas, desentendiéndose de que también es su responsabilidad velar por que la economía retome la senda de los equilibrios. Lo propio cabe exigir a líderes gremiales o representantes de distintas instituciones, quienes deben asumir que las pretensiones de que todo el gasto se mantenga inalterado resultan inviables. En tal sentido, frases como la del rector UC –en cuanto a que “lo que este proyecto pone en riesgo son los principios sobre los cuales Chile ha construido uno de los sistemas universitarios más sólidos de América Latina”- extreman un debate que requiere mayor serenidad.

En este orden de cosas, también resulta indispensable que el concepto de “beneficios sociales” no siga deformándose, como parece estar ocurriendo, porque ello finalmente atenta contra la racionalidad del debate. Si se parte de la base de que todo gasto social es inamovible, independientemente de las razones que lo justifiquen, entonces nunca se podrían recortar gastos, lo que no resulta sensato.