SEÑOR DIRECTOR:

En los últimos años, hemos sido testigos de una mayor ocurrencia de inundaciones, incendios forestales, sequías extremas y olas de calor, entre otros eventos extremos, los que han cobrado la vida de miles de personas en el mundo, además de causar pérdidas económicas por US$ 368 mil millones, de acuerdo al informe Climate and Catastrophe Insight 2025, de Aon plc.

Esta no es una realidad lejana a nuestro país; de hecho, en septiembre de 2023 la celulosa Arauco decidió cerrar indefinidamente su planta en Licantén debido a “la extrema variabilidad climática” que los afectó en los últimos años, que provocó que la planta se inundara en dos ocasiones y algunos cierres de operaciones obligados en verano producto de las intensas olas de calor y sequía.

Esto evidencia que el problema climático no es solo medioambiental, es por sobre todo un desafío social y económico. Por eso llama tanto la atención que las candidaturas presidenciales poco o nada propongan en esta materia, pese a reafirmar majaderamente su compromiso con la activación económica del país, así como su preocupación por la seguridad de las personas.

En ese contexto, doce organizaciones hicimos un llamado a las candidaturas a comprometerse con, al menos, tres pilares básicos en sus programas: no socavar los estándares existentes de protección ambiental; respetar la legislación vigente, y transparencia de información, entendiendo que sin protección ambiental, no hay futuro posible. Esperamos que los aspirantes a La Moneda puedan asegurar estos mínimos comunes y así demuestren su entendimiento, preocupación e intención de acción sobre esta crisis.

Roxana Núñez

Abogada y experta en incidencia de Greenpeace