SEÑOR DIRECTOR:

Cada vez que se discute el alza del precio de la vivienda, la explicación suele apuntar a la especulación inmobiliaria. Sin embargo, se omite un hecho objetivo. Durante años, el Estado ha encarecido progresivamente el desarrollo de viviendas imponiendo nuevas obligaciones, mayores plazos e incertidumbre regulatoria. Buena parte del aumento del precio de la vivienda es consecuencia de ello.

Aportes al espacio público, mitigaciones viales, estudios ambientales, informes sectoriales, la nueva normativa térmica y múltiples exigencias técnicas pueden responder a objetivos legítimos. El problema surge cuando estas obligaciones se incorporan sin evaluar su impacto acumulado sobre el precio final. A ello se suma un eventual solapamiento entre la Ley de Aportes al Espacio Público y las mitigaciones viales, mientras en muchas comunas los recursos recaudados por la primera aún no se traducen en obras por la falta de planes de inversión.

Cada nueva obligación regulatoria impone al sector privado justificar técnica y económicamente sus proyectos. ¿Por qué el Estado no aplica ese mismo estándar para justificar el impacto económico de las regulaciones? Si eso no ocurre, seguiremos incorporando nuevas exigencias sin evaluar su impacto económico ni transparentar quién asume el costo. Hasta ahora, han sido las familias que intentan acceder a una vivienda.

Fernando Marín Cruchaga

Presidente Asoc. de Oficinas de Arquitectos