SEÑOR DIRECTOR:

El decreto que modifica la OGUC ingresó a Contraloría con la promesa de bajar entre 10% y 15% el precio real de las viviendas nuevas. Ojalá. Pero vale la pena mirar una decisión que quedó fuera: no se extendió de tres a seis años la caducidad de los permisos de edificación, ni se suspende su cómputo mientras otros organismos del Estado tramitan. El argumento para descartarla fue el riesgo de especulación con el suelo.

El problema es que la reforma reparte precisamente aquello que el suelo sí captura —más constructibilidad, más altura, menos estacionamientos, más superficie útil por muro— y deja intacto lo único que el suelo no puede capturar, que es el tiempo. Un beneficio concedido al terreno se incorpora al precio del terreno. Un plazo razonable de tramitación, en cambio, se traduce en menor costo financiero y en más proyectos efectivamente ejecutados.

La excepción es el incentivo que condiciona la compensación municipal por la exención de contribuciones a una reducción efectiva de los tiempos. Es la mejor idea del paquete y la que menos se ha comentado.

Eduardo Roubik

Gerente general, IRC Inmobiliaria