SEÑOR DIRECTOR:

La prohibición del anatocismo y el llamado “olvido financiero” comparten una paradoja. Se presentan como protección a los deudores, pero probablemente terminarán encareciendo el crédito, reduciendo las alternativas de ahorro y excluyendo de la posibilidad de endeudarse precisamente a quienes tienen menos alternativas.

El anatocismo es la capitalización de intereses, base del interés compuesto. No es una práctica excepcional ni afecta solo a morosos; también permite que renten los depósitos a plazo renovables y las cuentas de ahorro; hace posibles repactaciones, períodos de gracia, líneas de crédito y financiamientos con cuotas flexibles. Prohibirlo obligaría a rediseñar productos y sistemas, y podría eliminar instrumentos financieros útiles para personas con ingresos diferidos o flujos variables.

Si los intereses no pueden incorporarse al saldo de una obligación, disminuye la recuperación esperada y aumenta el riesgo. Las entidades financieras se adaptarán, pero lo harán elevando tasas, endureciendo las condiciones de otorgamiento o restringiendo el financiamiento. El costo recaerá, por tanto, en los hogares, las pymes y especialmente en los sectores más vulnerables, que deberían recurrir al crédito informal. Por lo demás, la ley chilena permite la capitalización, pero no por períodos inferiores a 30 días, y prohíbe capitalizar los intereses moratorios.

El “olvido financiero” plantea un problema similar. La normativa vigente ya impide acceder a obligaciones exigibles o extinguidas hace más de cinco años, o cuya acción se encuentre prescrita; exige consentimiento previo, expreso e inequívoco y limita el uso de los datos a operaciones determinadas.

Eliminar los registros internos no es simplemente borrar antecedentes negativos. Puede impedir determinar quién debe y cuánto, dificultar el cobro de obligaciones vigentes, reducir los incentivos al pago y obligar a evaluar el riesgo con menos información. El resultado probable será nuevamente más exigencias para prestar, mayores tasas de interés y menor acceso al crédito.

Proteger al consumidor financiero es indispensable, pero una buena regulación no debe debilitar los mecanismos que sostienen el ahorro, el crédito y la evaluación de riesgos. Las instituciones financieras podrán adaptarse si estos cambios avanzan; quienes tendrán menos margen para hacerlo serán las personas y las pequeñas empresas.

Y si Chile tiene opción de convertirse en un centro financiero regional, como hemos planteado en un documento de Clapes UC, medidas como estas lo ponen en peligro. Hará muy bien el Ejecutivo en vetarlas antes de que se conviertan en ley.

Hermann González B. y Felipe Larraín B.

Clapes UC